Europa, parque temático

Cataluña y la solución federalista

“El Estado de las autonomías necesita una actualización de las previsiones constitucionales que incorpore una perspectiva federal”, son reflexiones de Pedro Sánchez en un artículo recientemente publicado en el diario El País. Pudiera desprenderse de su lectura que para el nuevo Secretario General del PSOE, la única solución para “el problema catalán” pasa por una profunda modificación de la Constitución de 1978 que redefiniendo la estructura del Estado de las Autonomías - que tanto progreso y estabilidad ha dado a España a lo largo de más de más de tres décadas- reconozca ahora la “singularidad” de Cataluña.

¿Alguien duda, en la realidad social, económica y política actual de nuestro país, que no está suficientemente bien reconocida esa realidad diferenciada y diferenciadora de Cataluña? ¿Piensa sinceramente Pedro Sánchez que la amenaza de la grave desestructuración que nos agobia a todos, españoles y catalanes, es simplemente un problema de matices? ¿De reconocimiento de singularidades?

El verdadero problema de Cataluña es la grave deriva de sus gobernantes. De quienes durante décadas han ido alimentando un odio artificial hacía el resto de España para desde esa política de agravio permanente ir construyendo una utopía basada en una historia tan irreal como arbitraria.

Los complejos de nuestra historia de siempre vuelven a aflorar. Una vez más nos enfrentamos a los fantasmas del pasado. A las viejas reivindicaciones sólo fundadas en agravios injustificados. En tópicos indefendibles desde la más ortodoxa interpretación de nuestra historia: la de España y la de Cataluña.

Concepción del Estado de las Autonomías

Podremos estar, o no, de acuerdo en la concepción del Estado de las Autonomías. Pero, incluso, desde la discrepancia, esa misma duda, serviría para promover un sosegado debate sobre la necesidad de una profunda actualización y revisión de la estructura territorial del Estado que pudiera favorecer la superación del enfrentamiento ideológico entre quienes abogan por una recuperación de las competencias del Estado central frente a los que defienden posiciones soberanistas más radicales. Ante esta situación caben dos posturas, una vez descartada su desaparición:

       - Por un lado la de considerar la posibilidad de la revisión de sus competencias, y

       - Por otro, la de atreverse a concebir una nueva España como un Estado Federal.

Analicemos cada una de esas dos posibilidades centrándonos, fundamentalmente, en avanzar, sin fisuras, en un proyecto federalista. No obstante ello, y antes de “aparcar” la posibilidad de la revisión de las competencias -recuperando el Estado central algunas de ellas y ampliando otras a favor de los gobiernos regionales- quisiera hacerme eco en esta reflexión de las demandas de una parte, no desdeñable, de la sociedad española partidaria de la reducción – recuperación a favor del Estado central- de determinadas competencias hoy en día en manos de las Comunidades Autónomas. Son cada vez más numerosas las voces que reclaman devolver al gobierno de la nación las competencias relacionadas con la educación, la sanidad y la Hacienda Pública. Y ello atendiendo a un mero razonamiento aritmético. La sociedad española no puede, ni debe, asumir la duplicidad de funciones de sus Administraciones Públicas y el despilfarro injustificable y corruptivo de algunos de los responsables políticos de las Autonomías.

El federalismo

Volviendo a la solución federalista, ¿de verdad puede creerse que la solución a nuestros males, a los del impenitente desencuentro de Cataluña -más correctamente dicho, de su clase política- con el resto de España pueden tener fin en un nuevo modelo federal del Estado? Hoy quienes defienden esa estrategia hablan de la “necesidad de una nueva vertebración del país de acuerdo a un sistema federal como respuesta a los desafíos del soberanismo catalán”. En muchas ocasiones, por no decir en la práctica totalidad de ellas, nuestros políticos confunden federalismo y confederación. Es lamentable la facilidad con la que se ponen encima de la mesa estos términos sin saber siquiera cuáles son sus elementos diferenciadores, lo que uno y otro modelo representan en la concepción de la estructura de un Estado.

En un sistema federal los territorios acuerdan su unión en un ente integrador al que entregan su soberanía. Se pacta un reparto de competencias y se renuncia al derecho a la autodeterminación a menos que éste sea concedido por la propia “unión”. Sin embargo, en el modelo confederal, sus miembros transfieren determinadas competencias al Gobierno central, conservando su soberanía y por lo tanto el derecho a abandonar el grupo en cualquier momento, a su libre elección, sin que dicha decisión esté condicionada a la autorización de la organización superior. Por ello en muchas ocasiones es más acertado referirse a este modelo como Federación de Estados más que Estado Confederado.

Estas diferencias son mucho más importantes y de mayor calado de lo que nuestros políticos pueden pensar. Y ello en razón de que lo que se está poniendo en juego en Cataluña no es tanto la asunción de nuevas competencias, como la consagración sin límites de algunas de ellas (la educación) o, quizá, y esta la verdadera razón de fondo, la pretensión de hacer suya la soberanía en todo su verdadero y extenso significado. Por ello lo desafortunado del debate federalista como solución a la “cuestión catalana”. En palabras de Luís Gordillo, profesor de Derecho Constitucional, “una vez se crea el Estado federal, la unión es irrevocable”. En el modelo federal, la soberanía reside en la federación, en el conjunto que sería quién habría de permitir, o no, si una de sus partes puede abandonarla. Un buen ejemplo de Estado federal sería el de la República Alemana, fruto de la unión de los 16 estados federados que la componen, los “bundesländer”, que cuentan con poder propio y están sujetos a sus propias constituciones pero sometidas, en su contenido y desarrollo, a la Constitución Nacional Alemana, que garantiza iguales derechos y condiciones de vida a todos los alemanes. Principio este que es objetivo irrenunciable de cualquier Estado Federal: descentralización y solidaridad.

Si se aceptan esos postulados, ¿podemos llegar a pensar, objetivamente, que el federalismo es la solución para Cataluña? ¿Realmente asumimos como verosímil que las ansias de los políticos catalanes se saciarían reconociendo su “singularidad” en un modelo federal en el que su integración fuera irrevocable? ¿En el que la soberanía radicara en la Federación y no en los “estados” que la componen.

Si convenimos que el debate sobre la propia esencia del federalismo está servido, podemos “aderezarlo” con el adjetivo “asimétrico”. Es decir con el reconocimiento de determinada suerte de singularidades que justifiquen que no todos los españoles tenemos iguales derechos  y obligaciones por el mero hecho de haber nacido, o residir, en una u otra parte de España. Vuelvo a traer a colación el principio inviolable de la Constitución Alemana, que no es otro que garantizar iguales derechos y condiciones de vida de todos los alemanes.

Nadie puede cuestionar que “de facto” España es ya un verdadero Estado Federal. Recuerdo ahora a uno de los “padres” de la Constitución Española, Jordi Solé Tura, quién sostenía que a España sólo le faltaba, para ser un verdadero Estado Federal , un Senado que fuera efectivamente una cámara de representación territorial tal y como sucede en Alemania.

Así las cosas, mientras escribo estas líneas Artur Mas ha firmado el Decreto de convocatoria de la consulta soberanista del próximo 9 de Noviembre amparándose en la Ley de Consultas recientemente aprobada por el Parlamento de Cataluña. La suerte está echada y la tensión, hasta el día de la cita, crecerá por momentos. El desafío no tiene antecedentes en las tres largas décadas de democracia en nuestro país. La irresponsabilidad de CiU, y muy particularmente de su presidente, cautivo de unas expectativas y promesas realizadas a ERC, quién en última instancia será la beneficiaria del desafío y quién, no lo duden, recogerá los frutos del árbol. La democracia exige, en primer lugar y por encima de ninguna otra consideración, el respeto a la propia esencia de la misma, es decir a la ley. Y es la ley la que determina como se puede votar y en qué condiciones. No se puede dialogar con la amenaza en la mesa. Con la consulta ya anunciada. Y lo que es más grave con la pregunta ya formulada. Una pregunta que conculca la soberanía salvaguardada por la Constitución y que, como en cualquier concepción federalista, reside en el conjunto y no en una parte.

Actuación de las dos fuerzas políticas

La gravedad de lo que pueda acontecer durante las próximas fechas exige una actuación coordinada y consensuada de las dos grandes fuerzas políticas nacionales: PP y PSOE. Hay que eliminar en este momento los oportunismos políticos y los intereses partidistas. Hay que desembarazarse del “buenísmo” de algunos líderes políticos del pasado que tanto contribuyó a generar el actual problema de Cataluña. Pedro Sánchez tiene ante sí una magnífica oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo político. De hacer ver a los españoles que su verdadero interés es el conjunto de España. Para ello tiene que acabar con la ambigüedad que tanta confusión y quebraderos de cabeza está produciendo el PSC. Ha de actuar en la dirección de recuperar la centralidad que tanto éxito le dio a Felipe González durante lustros y el “seny” de la izquierda catalana que posibilitó el gobierno, durante largos períodos de tiempo, de las grandes ciudades de Cataluña.

En palabras de Pedro Sánchez, “los socialistas siempre vamos a estar a favor de soluciones que faciliten la concordia y el entendimiento. Sobre todo, vamos a estar enfrente de todo aquello que rompa la convivencia”. “Llevamos viviendo juntos cientos de años y puesto que vivimos juntos debemos decidir juntos”.


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