Interior

Así se intentan blindar los conciertos y macrofestivales de verano en España

La tragedia de Manchester abre el debate sobre la seguridad en los conciertos y grandes festivales que comienzan con la temporada de verano en decenas de localidades españolas. Los promotores llaman a la calma mientras que fuentes de Interior descartan incrementar aún más las medidas de seguridad actuales.

Medidas de seguridad instaladas a la entrada del WiZink Center donde el puertorriqueño Ricky Martin.
Medidas de seguridad instaladas a la entrada del WiZink Center donde el puertorriqueño Ricky Martin. EFE

El atentado en el concierto de Manchester pone una vez más en alerta a las fuerzas de seguridad ante a la amenaza terrorista. El verano está a la vuelta de la esquina y con él llega la temporada de conciertos multitudinarios y grandes festivales de música repartidos por toda la geografía. Estos eventos congregan a miles de jóvenes y la posibilidad de un ataque como el de Reino Unido se suma a entornos ya de por sí conflictivos en los que conviven alcohol, estupefacientes y peleas. 

España mantiene el nivel 4 de alerta desde hace casi dos años, lo que implica un notable refuerzo policial y el despliegue de agentes uniformados con armas largas en zonas de gran afluencia de personas. Pero en el caso de los conciertos y macrofestivales, las funciones policiales se limitan, inicialmente, a la supervisión previa de los planes de seguridad de los recintos y al control del perímetro exterior de los mismos.

Fuentes oficiales del Ministerio del Interior consultadas por este diario niegan que se haya cursado ninguna orden específica para incrementar aún más el nivel de vigilancia en este tipo de eventos, como sí ha hecho el ministro francés del Interior, Gérard Collomb, o el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a raíz del ataque de Manchester.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid explican además que ante la celebración de conciertos como el de Ricky Martin del pasado martes en el antiguo Palacio de los Deportes o el Mad Cool Festival (6-8 julio en la Caja Mágica) se establecen protocolos de seguridad en coordinación con los responsables de los recintos y se evalúan todos los posibles riesgos.

Los agentes uniformados pueden establecer filtros previos de control en las calles aledañas a los recintos en función de la peligrosidad del evento, a los que hay que sumar la vigilancia in situ de agentes de paisano, las labores de prevención de los servicios de información y la actuación previa de las unidades especiales como Guías Caninos o Subsuelo. 

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En la edición del pasado año del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) trabajaron cerca de 600 agentes entre miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional y en el Arenal Sound 2016 -celebrado en la localidad castellonense de Burriana- se desplegaron cerca de 750 agentes.

Desde la Asociación de Promotores Musicales llaman a la calma de cara a la temporada estival y recuerdan que desde la tragedia del Madrid Arena de 2012 los protocolos han sido revisados a conciencia. Su presidente, Albert Salmerón, asegura a Vozpópuli que "se va a extremar la precaución para garantizar al máximo la seguridad" de los conciertos y recalca su "máxima colaboración con las fuerzas de seguridad".

Instalar detectores de metales o explosivos obligaría a incrementar notablemente el presupuesto de seguridad

Los planes de seguridad dentro de los recintos corren a cargo de las empresas privadas contratadas por las promotoras de los conciertos. Al igual que en los eventos deportivos, los vigilantes privados son los encargados de realizar registros y cacheos del contenido de los bolsos y mochilas de los asistentes en el control de accesos.

Sin embargo, extremar la seguridad en estos recintos requeriría instalar escáneres, arcos detectores de metales y explosivos. Esto obligaría a incrementar los despliegues y el presupuesto, aunque Salmerón pide "no tomar este tipo de decisiones en caliente" y recuerda que la legislación española es una de las más duras a nivel europeo en este ámbito. En caso de que los planes presentados por las empresas organizadoras no cumplan con los requisitos de seguridad, la Administración puede llegar a cancelarlos. 


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