Ignacio González

El juez mantiene en prisión incondicional comunicada y sin fianza a Ignacio González

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Ignacio González EFE

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que permanece en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la operación Lezo.

En un auto, que ha sido notificado este lunes, el juez rechaza la petición de la defensa del expresidente madrileño que había solicitado su puesta en libertad alegando que sufre un grave deterioro físico y psíquico desde que está en prisión preventiva.

El juez rechaza poner en libertad a González por el "riesgo de fuga" que aprecia, por la posibilidad de que altere pruebas y ante la "cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad" sobre él, dado que, según avanza la investigación, se desprende que ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos que se investigan. Es decir, malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales.

Las penas que conllevan estos delitos, indica García Castellón, ya justificarían el mantenimiento de la prisión incondicional para González, pero además añade que no han variado las circunstancias que en su día motivaron esta medida, sino todo lo contrario.

"Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionalesde criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa", explica el juez.

Otro de los motivos que alega el juez es el riesgo de fuga. "Una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones), patentiza el riesgo de fuga".

En cuanto al acceso a las fuentes de prueba, García Castellón afirma que las diligencias que se están practicando en el juzgado requieren que las actuaciones estén secretas "para evitar coacciones o actuaciones tendentes a evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".


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