El Supremo estudia una denuncia contra Cifuentes por prevaricación en un delito ambiental

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha iniciado el estudio de la denuncia de un ciudadano, Iván Gutiérrez Toledano, que presentó una reclamación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Cristina Cifuentes por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La denuncia tiene fecha de 8 de mayo del presente año y cita como origen el TSJM, que fue el tribunal donde Iván Gutiérrez presentó la primera demanda. EL TSJM la ha enviado a la Sala de Causas Especiales por tratarse de la presidenta de un Gobierno regional y estar aforada.

Gutiérrez, que fue militante del PP, lleva años luchando para que se cumpla la legalidad en un camping con más de cuatrocientas parcelas situado en Aldea del Fresno. Denuncia que no se ha ejecutado la declaración de impacto ambiental.

Este ciudadano, encuadrado hoy en un partido independiente llamado Centro Reformista Democrático, informó por registro a Cristina Cifuentes en septiembre de 2015 y en enero de 2017 de las “graves irregularidades” por no haber abierto expediente disciplinario por infracción urbanística muy grave contra Ibercamp S. A.

Esta empresa, según Gutiérrez, es la propietaria del Camping Caravan Garden, un recinto que acumula numerosas irregularidades “sin que la Comunidad de Madrid, y los diversos presidentes hayan hecho nada por solucionarlos”.  El presidente de la empresa Ibercamp, ahora en disolución, fue Carlos Falcó, marqués de Griñón.

“La presidenta ha sido informada, al igual que el alcalde, sin que hayan hecho nada para impedir estas graves irregularidades medioambientales y urbanísticas”, añadió.

Este periódico ya informó de la denuncia presentada hace algunos meses en el TSJM que incluye la falta de obras previas para recibir la licencia de funcionamiento, como una depuradora de aguas residuales, y por no haber ejecutado la declaración de impacto ambiental.

Gutiérrez acusa de pasividad a la Administración local y autonómica, lo que en su opinión podría entenderse como una presunta infracción del Código Penal tipificada y penada.

El denunciante afirma que ha tenido que acudir al TSJM “ante la falta de acción del Gobierno regional” que cree ha sido "deliberada y pertinaz en el tiempo por estar dentro de sus funciones la persecución de las infracciones administrativas". Insiste en que ambos representantes han tenido conocimiento de los problemas que se vienen produciendo en esta zona protegida, sin que se hayan tomado medidas.

Considera que los dos gobiernos, local y autonómico, deberían haber puesto en conocimiento de la justicia las irregularidades medioambientales que se vienen produciendo en este terreno desde hace años.

Caravan Garden tiene un total de 470 parcelas de camping que funcionan sin las infraestructuras necesarias para la declaración de Impacto Ambiental y carece de depuradora. No tiene licencia de actividad.