Publicado: 23/04/2017 04:00
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en tiempos de Ignacio González, no reclamó a OHL que terminara las obras del tren a Navalcarnero que están paradas desde hace siete años. Tampoco sancionó a la constructora. Nadie entendió entonces por qué el Gobierno regional no multó a la empresa de Villar Mir. Este jueves la Guardia Civil registró la sede de OHL en busca de pruebas que apoyen una posible financiación irregular del Partido Popular de Madrid.
OHL había resultado adjudicataria en tiempos de Esperanza Aguirre de las obras del tren de Cercanías de Móstoles a Navalcarnero. Abandonó unilateralmente porque la crisis hizo disminuir las previsiones del futuro tráfico, que era la principal fuente de ingresos en la futura explotación.
La empresa abandonó el material en plena calle de Móstoles y condenó a sus habitantes a sufrir constantes molestias y atascos. El Gobierno autonómico no hizo nada contra esta constructora y tuvo que llegar el consejero de Transportes de Cristina Cifuentes, Pedro Rollán, para exigir a OHL que terminara la obra. La compañía, que preside Juan Miguel Villar Mir, tampoco hizo nada y demandó al Gobierno de Madrid por considerar que el Ejecutivo no había cumplido con sus obligaciones.
El Gobierno de Cifuentes dio un plazo de 16 meses a OHL para que finalizara la obra. Tras comprobar que la empresa no había continuado “y en defensa de los intereses de los madrileños”, la Comunidad inició el procedimiento de resolución del contrato y solicitó una indemnización por daños y perjuicios de 300 millones de euros.
El Gobierno regional sancionó a la compañía con 34 millones en febrero de 2016 que no ha pagado tras declararse la empresa que construía el tren (Cemonasa, del grupo OHL) en concurso de acreedores en julio del mismo año.
Las obras comenzaron en 2008 y tenían un trazado previsto de 14,6 kilómetros y se pararon en enero de 2010 unilateralmente por parte de OHL. No era una obra puramente ferroviaria sino para el transporte de viajeros. Estaba previsto un tráfico de 9,7 millones de personas al año y el consorcio de Transportes lo calculó en algo más de cinco millones al año.
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