Referéndum en Cataluña La Educación de la Cataluña 'independiente': con competencias, pero sin Erasmus ni informes PISA

La controvertida aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 en respuesta a la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña no contempla medidas en sectores concretos como Educación, cuyas competencias están transferidas a las CCAA.

Manifestantes demandan la independencia de Cataluña.
Manifestantes demandan la independencia de Cataluña. Efe

El adoctrinamiento político de los niños en algunas escuelas catalanas es a menudo denunciado por sindicatos de profesores y asociaciones de padres de alumnos que reclaman, entre otras peticiones, que no se nieguen a introducir el castellano en los centros educativos y que impartan Historia de España en lugar de limitarse a la de Cataluña.

El último conflicto en este sentido surgió a raíz de la "excursión" de algunos grupos de menores que, acompañados de sus profesores o motu proprio, circularon por las calles de Manresa y Olot en favor del sí al referéndum y a la independencia, un paseo que ha llevado al Gobierno a pedir a la Alta Inspección un informe sobre la participación de escolares en las protestas del 1-O.

Muchas son las voces que estos días apuntan a que el creciente sentimiento nacionalista en niños y jóvenes deriva, en parte, de la educación que reciben en las aulas y, por ende, de la transferencia de competencias educativas a las CCAA

Muchas son las voces que estos días apuntan a que el creciente sentimiento nacionalista en niños y jóvenes deriva, en parte, de la educación que reciben en las aulas y, por ende, de la transferencia de competencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas, un largo proceso que tuvo su punto álgido en 1996 cuando el ex presidente José María Aznar tomó el testigo de Felipe González y se descentralizaron la educación no universitaria y sanidad.

¿Educación en el artículo 155?

Sin embargo, poco se puede hacer desde el Ministerio de Educación para recuperar esas competencias en el hipotético caso de que Cataluña se autodeclarase independiente. Poco salvo aplicar el artículo 155, el mecanismo legal excepcional que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de tal forma que se obligue a la región al "cumplimiento forzoso" de sus deberes. Entre esos dispositivos el Gobierno podría incluir alguna medida en el plano educativo, pero, tal y como explica José Antonio Montilla, catedrático y director del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada (UGR), no resulta fácil.

No hay un procedimiento en la ley educativa que respalde que el Estado pueda retomar las competencias, eso lo tendría que dictar y el Tribunal Superior de Justicia en caso de que alguien se haya extralimitado en el ejercicio de sus competencias afectando gravemente al país"

"Una cosa es que el Gobierno pueda intervenir financieramente la comunidad autónoma de Cataluña desde el Ministerio de Hacienda al aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y otra que el intervencionismo se pueda realizar desde la cartera de Educación, cuando hay un reparto de competencias establecido por ley", aclara el académico. "No hay un procedimiento en la ley educativa que respalde que el Estado pueda retomar las competencias, eso lo tendría que dictar y el Tribunal Superior de Justicia en caso de que alguien se haya extralimitado en el ejercicio de sus competencias y se haya comprobado que afecta gravemente al interés general del país", considera.

"El artículo 155 está previsto para situaciones "extremas", es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes y, al ser un artículo abierto y sin concretar, es el gobierno el que propone una serie de medidas de control que luego tendrán que ser aprobadas por el Senado. Todo tiene que estar muy justificado y controlado judicialmente, por lo que no veo fácil extender las medidas de control a sectores concretos como la Educación", explica Montilla. Y añade que el conflicto actual se centra en la intención de una serie de órganos de celebrar un referéndum ilegal en Cataluña el próximo 1 de octubre.

Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, Pedro José Caballero, defiende las garantías del Estado de Derecho Español y advierte que todas las leyes educativas se enmarcan en la Constitución, por lo que esas serían las directrices a seguir. "En caso de una hipotética independencia el Gobierno se vería abocado a aplicar el artículo 155", señala. Por otro lado, denuncia que los menores no son "monedas de cambio". "Su cometido es aprender en el colegio y sus padres deberían apostar por ello y no por la instrumentalización política", opina.

Cuestión de poder

De acuerdo a Rubén Martínez Dalmau, profesor titular de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia, la independencia es una cuestión de poder, no de formal (de Derecho), por lo que, según explica, si la declaración fuera solo formal y no se materializara, no se modificaría el esquema de competencias educativas cuyo marco es la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. "Si se consiguiera materialmente la independencia, las competencias educativas pasarían completamente al nuevo Estado catalán", puntualiza.

Si la declaración de autonomía es puramente formal, sin efectos materiales, no se podría intervenir las competencias educativas puesto que sería transgredir el propio ordenamiento jurídico español"

"Si la declaración de autonomía es puramente formal, sin efectos materiales, no se podría intervenir las competencias educativas puesto que sería transgredir el propio ordenamiento jurídico español. Para modificar el esquema competencial debería proponerse, negociarse y aprobarse un nuevo marco legislativo. Si la declaración tiene efectos materiales, las competencias pasarían al nuevo Estado catalán", señala Martínez Dalmau.

Erasmus e informe PISA

Aunque la transferencia de competencias en materia educativa a las CCAA ha sido calificada de error por varios políticos, la recuperación de estas no se ha planteado hasta la fecha, pero sí que habría unas consecuencias más inmediatas en materia educativa y formativa si Cataluña declarase unilateralmente su ruptura con España.

Tampoco los investigadores de las universidades catalanas podrían presentar sus candidaturas a los proyectos del Horizonte 2020, programa de financiación para la investigación

Cada año unos 3.000 universitarios catalanes se benefician de las becas Erasmus, por lo que si la secesión se produjese los estudiantes ya no podrían acceder al programa europeo por excelencia. Tampoco los investigadores de las universidades catalanas podrían presentar sus candidaturas a los proyectos del Horizonte 2020, programa de financiación para la investigación. 

La independencia de Cataluña de España y de la Unión Europea implicaría la salida inmediata de los organismos supranacionales a los que pertenece el país, por lo que no estaría incluida en el famoso informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) elaborado por la OCDE que, por otro lado, ha dejado una preocupante lectura de la comunidad en sus últimas ediciones según datos de Convivencia Cívica Catalana: los alumnos castellanohablantes rinden peor, repiten más cursos y se sienten menos integrados que los catalanohablantes en las escuelas.


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