Obras de la M-30

Denuncia a Gallardón por el "sobrecoste" en el mantenimiento de los túneles de la M-30

El partido Contrapoder, al que piden 12.000 euros de fianza para aceptarle como acusación particular, pide que se investigue al ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas por el coste de mantenimiento de los túneles de la M-30. 

Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo
Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo EFE

La titular del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ha solicitado una fianza de 12.000 euros al partido Contrapoder como paso previo para que pueda ejercer de acusación contra el ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por los supuestos sobrecostes en el mantenimiento de los túneles de la M-30 de la capital.

En la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el citado partido sostuvo que uninforme de la Cámara de Control de Cuentas de Madrid sobre la denominada empresa Madrid Calle 30 S.A, prestadora del servicio de  mantenimiento de los túneles de la M30, puso de relieve la comisión de múltiples irregularidades que podrían ser delictivas siendo Ruiz Gallardón  "alcalde de Madrid y máximo responsable municipal en la época en que suceden los hechos".

Los denunciantes explican que en dicho documento de la Cámara de Cuentas se pone de manifiesto que no se cumplió con la ley de contratos del sector público cuando se contrató a la mercantil Madrid Calle 30 S.A para las obras de los túneles de la M-30 existiendo "indicios de apropiación indebida de fondos públicos bajo el manto de sobre precio y de falseamiento de cuentas públicas".  

En su informe, la Cámara de Control de Cuentas de Madrid ponía de relieve que Madrid Calle 30 S.A, es una sociedad que forma parte del sector publico municipal del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área de Medio Ambiente y Movilidad. Dicha sociedad mixta está participada en un 80% por el Ayuntamiento de Madrid, "lo que indica la capacidad de control e intervención por parte de éste". 

Hasta ahí todo sería normal sino fuera porque la Cámara de Cuentas madrileña observó que “en la consolidación de las cuentas de la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. de 2013 no habían sido eliminados todos los saldos acreedores y deudores mutuos de 1.694.377,58 euros que mantienen entre si la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. y el Ayuntamiento de Madrid, por lo que el total del activo y el total del pasivo del Balance consolidado estarían sobrevalorados en el citado importe”, subrayaba el organismo regulador. Las fuentes consultadas explican que el perjudicado directo del presunto fraude sería el Consistorio que actualmente capitanea Manuela Carmena, a quien se le ha ofrecido personase en este procedimiento. 

Falseamiento de cuentas

Asimismo, en el mencionado informe de la Cámara de Control de Cuentas se sostenía que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30, S.A. no había sido calculada "en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio previo” y que "en el cálculo de la rentabilidad de los servicios del socio-colaborador no se tiene en cuenta la retribución que éste percibe del Ayuntamiento a través de Madrid Calle 30 S.A. por la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación".

Los denunciantes sostienen que tras estos hechos pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas y que el ex alcalde Ruiz Gallardón debe rendir cuentas ante la Justicia por estos hechos. De momento, antes de decidir si admite a trámite o no la denuncia de Contrapoder, la juez ha impuesto una fianza de 12.000 euros a este partido político para poder ejercer de acusación.

"Para fijar la cuantía de la fianza debe tenerse en cuenta que la parte denunciante es un partido, no un particular, lo que implica una capacidad económica superior por la aportación de sus afiliados, que un particular o que otra persona jurídica que tuviera una naturaleza semejante. La suma de la fianza se fija en 12.000 €, una suma que no se considera excesiva objetivamente hablando, e incluso puede considerarse pequeña para las resultas del juicio, habida cuenta del importe medio de unas costas procesales que se impusieran hipotéticamente hablando, a un querellante que obrará con mala fe o temeridad", sostiene la instructora en un auto. Dicha cuantía será recurrida por Contrapoder ante la Audiencia Provincial de Madrid por "desorbitada".


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