Tras el caso Ausbanc, la regulación de las conferencias de jueces se mantiene igual

La participación de jueces y magistrados en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible con el ejercicio de dicho cargo, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Sin embargo, en abril de 2016, cuando estalló el caso Ausbanc, surgió un debate sobre si era ético o no que los miembros de la carrera judicial participaran de forma remunerada en cursos organizados por entidades como la presidida por Luis Pineda cuando, a posteriori, estas acudían en multitud de pleitos a los tribunales mercantiles o civiles y, en ocasiones, a los jueces asistentes a los foros organizados por Luis Pineda les tocaba resolver sobre los mismos.

¿Qué dice la LOPJ al respecto? La ley señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, "salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas".

En aquel momento, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se defendió que la presencia de miembros de la Carrera Judicial en foros, cursos o jornadas públicos, junto a otros actores del sector de la justicia, "contribuía a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad". De la misma forma, los miembros de la Magistratura cerraron filas defendiendo la legalidad de dichas actividades y vivieron como un "ataque" que se abra una discusión pública sobre si los jueces deben acudir o no a este tipo de conferencias.

En ese sentido, el Código Ético que el CGPJ elaboró en noviembre de 2016 sostiene que "el juez y la jueza han de comportarse y ejercer sus derechos en toda actividad en la que sean reconocibles como tales de forma que no comprometan o perjudiquen la percepción que una sociedad democrática y sujeta al imperio de la Ley tiene sobre la independencia del Poder Judicial". Si bien en un primer momento se pensó que el citado Código Ético debía abordar expresamente el tema de las conferencias, finalmente el órgano de gobierno de los jueces optó por aprobar unas líneas generales de actuación que sirvieran como recomendaciones de comportamiento a los jueces.

¿Cuestión estética o legal?

No obstante, el tema de la participación en foros, coloquios o mesas redondas es uno de los más polémicos dentro de la carrera, donde también hay voces que reclaman mayor regulación y transparencia.

Con este escenario, es innegable que el caso Ausbanc generó un debate que ha quedado en el olvido un año después puesto que la Audiencia Nacional rehusó a abrir una línea de investigación sobre los jueces que habían participado, previo pago, en los coloquios organizados por la red de Pineda y posteriormente habían resuelto cuestiones que afectaban a la falsa organización en defensa de los consumidores. 

Esa línea de investigación no fue activada por el instructor del caso Ausbanc, el juez Santiago Pedraz, pese a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) remitió a la Audiencia un cuadro detallado con las actividades desarrolladas por un grupo de jueces para Ausbanc, las cuantías económicas que habían recibido por las mismas y los posteriores asuntos judiciales que habían resuelto relacionados con dicha asociación. Hay quien defiende que esta decisión se debió a que se trata más de una cuestión "estética" que "jurídica". 

Debido quizás a que este asunto quedó olvidado en un cajón del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de dicho tribunal, junto a que tampoco estamos ante ninguna ilegalidad, lo cierto es que aquellos magistrados que acudían a foros y conferencias antes del caso Ausbanc lo siguen haciendo ahora. De hecho, sólo si es en horario laboral –o de audiencia- deben pedir al Consejo permiso para acudir a los mismos.

De esta forma, lo que hace quince meses generó un runrún dentro de la Judicatura ahora es un asunto dejado de lado en las conversaciones entre jueces.