Publicado: 27/09/2017 04:00
El testigo Igor Mozgovoy Mozgova, que el 29 de octubre de 1998 realizó un pago en Andorra de 54.361 euros al presunto cabecilla de la "familia-organización", Jordi Pujol Ferrusola, no sabía a quién le transfería la mordida, según han asegurado a Vozpópuli fuentes presentes en la declaración que se llevó a cabo la mañana del martes ante el instructor del caso Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata.
La investigación realizada por la UDEF concluye que el ciudadano ucraniano, que ya cuenta con la nacionalidad española, Mozgovoy Mozgova hizo este abono a Andorra y después de que el Puerto de Tarragona le otorgara varias concesiones administrativas a la empresa Euroenergo España, "utilizando para ello a quien ocupaba el puesto de presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Lluís Badía".
Además, el juez trata de determinar si otros 212.517 euros que la empresa Euroenergo España abonó el 9 de octubre del mismo 1998, a la firma Carbonell Figueras CSA, unos días antes de la mordida a los Pujol, tuvieron como destino final al clan de Jordi Pujol Soley, que en la época en la que su hijo cobraba comisiones como la del Puerto de Tarragona presidía la Generalitat de Cataluña (8 de mayo de 1980-20 de diciembre de 2003).
El testigo, que poco antes de recibir la concesión en Tarragona había creado una empresa para tratar de obtener contratos en Barcelona, tenía 27 años y apenas había vivido en España, según la declaración, en la que Igor Mozgovoy Mozgova también aseguró que abonó el dinero por consejo de su asesor.
Preguntado por el letrado de la acusación popular que ejerce Podemos, Antonio Segura, sobre si no le pareció raro que su asesor le dijera que tenía que abonar una cantidad de dinero en Andorra a una persona que no conocía, el propio testigo reconoció que "le sonaba mal", pero como el asesor le garantizaba que no tendría que pagar más, al final decidió realizar la transferencia, pese a que no sabía quién era el destinatario del pago.
Información pública
Otras fuentes presentes en la declaración resaltan que Igor Mozgovoy Mozgova explicó al juez que en 1997 presentó un proyecto en una terminal del Puerto de Tarragona, que en ese momento no desarrollaba ninguna actividad en esa zona. El proyecto se sometió a información pública y finalmente la Autoridad Portuario le dio el visto bueno para que realizara la inversión.
Este empresario, según esta fuente, tenía su dinero en Suiza, y en 1993 se instaló en España. Y en 1997 presentó el proyecto, que con el paso de los años se ha ampliado.
En cuanto al pago de los 54.361 euros a Pujol Ferrusola, estas otras fuentes coinciden en que el testigo declaró al juez que desconocía el auténtico destinatario del mismo. En este sentido, apuntan que el ciudadano ucraniano explicó que el empresario Javier Plana, que fue el que le había ayudado a realizar el proyecto, le indicó que una parte de sus honorarios tenían que ser abonados en B a una cuenta de Andorra, que resultó ser de los Pujol.
Fuentes del caso explican que Javier Plana le debía dinero a Jordi Pujol Ferrusola, y por eso prefirió que el empresario ucraniano saldara directamente la deuda
Las mismas fuentes anuncian que la explicación que probablemente dará Javier Plana para esta operativa es que le debía dinero a Jordi Pujol Ferrusola, y que por eso prefirió que el empresario ucraniano transfiriera directamente el dinero a Andorra para saldar la deuda.
Empresario de Miami
Asimismo, este mismo martes ha declarado como testigo el empresario de Miami (EEUU) Vicente Luis Agramunt, constituyó la sociedad costarricense Blueshield Capital Group, con la que los Pujol podrían haber blanqueado dinero.
Fuentes presentes en la declaración han confirmado a Vozpópuli que Agramunt reconoció que se dedica profesionalmente a crear empresas, como la citada Blueshield Capital Group, que fue constituida por los ciudadanos costarricenses Juan Bautista Alfaro Alfaro y Silvia María Vega Arce, a quienes nombró presidentes.
Poco después el secretario de la empresa, Vicente Luis Agramunt, otorgó poderes de representación de la firma a otras tres personas, en concreto Enrique José Vargas Tabernero, Juan Antonio Piedras Sanz y Jordi Pujol Ferrusola.
Las citadas fuentes explican a este diario diario que Agramunt explicó al juez De la Mata que los inversores que compran sus empresas radicadas en paraísos fiscales pagan menos impuestos que en España.
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