Los malos gestores del dinero público podrán ser inhabilitados entre cinco y diez años

Los cargos públicos que gestionen mal el dinero público podrán ser inhabilitados hasta diez años, según la futura ley de Transparencia que el Gobierno ha presentado en sociedad esta tarde tras el Consejo de Ministros. La ministra de Presidencia y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que la mala gestión podrá ser "incumplimiento de la obligación de reducir la deuda pública, no tener un presupuesto cuando se comprometan pagos, etc". En caso de infracciones muy graves, "podrán ser destituidos y además no podrán ser nombrados para cargo público entre cinco y diez años".

Tramitación novedosa

El Gobierno ha introducido también un procedimiento legislativo novedoso en la tramitación de la futura ley de Transparencia: a partir de este lunes podrá verse en la web del Ministerio de Presidencia el anteproyecto de ley,  los ciudadanos podrán hacer sus propuestas. Es lo que el Gobierno ha llamado un "trámite de audiencia pública", que durará dependiendo de la cantidad de proposiciones que el Ejecutivo reciba. Después se continuará con el trámite parlamentario habitual

Esta tramitación novedosa será para una ley que pretende "reforzar las obligaciones de publicidad activa de las administraciones. A partir de que entre la ley en vigor y su reglamento, la información será pública: presupuestos, retribuciones, subvenciones... gracias a ello los ciudadanos sabrán cómo se contrata o cómo se convenia", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno.

Las empresas públicas (con más de un 50% de capital público) están obligadas a este suministro de transparencia, no así las empresas privadas que contraten con la administración.

Incompatibilidades

Preguntada la ministra sobre la posibilidad de que pueda inhibirse en las decisiones del Consejo de Ministros que afecten a Telefónica (que ha fichado a su marido Iván Rosa), la ministra no ha querido mojarse, y simplemente ha recordado que la ley permite la inhibición, pero sin decir si lo acabaría llevando a cabo o no.

La ministra ha asegurado que el polémico video justificando la reforma laboral ha costado "4.200 euros más IVA".