El Gobierno espera una sentencia del TC sobre Sortu que cierre el debate de la ilegalización de Amaiur y Bildu

El pasado lunes el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, comentó a un grupo de periodistas que habría sentencia sobre la ilegalización de Sortu y los recursos contra la doctrina Parot antes de verano, mientras que la referida al aborto se retrasaría de tal modo que muy probablemente antes se tenga el nuevo texto legal que ha anunciado el Gobierno, tal y como ya informó Vozpopuli. Los cálculos que hace el Ejecutivo son incluso más perentorios , entre otras cosas, porque está pendiente de la sentencia del Alto Tribunal sobre Sortu para acallar, entre otras cosas, el debate abierto en torno a la ilegalización de Amaiur y Bildu, tal y como reclamó recientemente UPyD en el Congreso de los Diputados con la oposición del resto de los Grupos Parlamentarios.

En Moncloa creen que lo importante no será tanto la sentencia del TC sobre la negativa del Supremo a permitir que la formación Sortu se presentara a las elecciones  locales del 22 de mayo del año pasado como --por entender que "la banda terrorista ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido político, Sortu, así como la puesta en escena del mismo, incluido el rechazo formal de la violencia"-- como la doctrina que siente sobre lo que es legal e ilegal en la actividad política. Un miembro del Gobierno cree que el titular "no va a estar en el fallo sino en la sentencia" dado que tiene que resolver "mucho más que un mero recurso de Sortu: que es legal e ilegal en una democracia".

Otro compañero de Consejo de Ministros va mucho más lejos al aseverar que la sentencia será "la más importante para la hoja de ruta de los próximos treinta años", sobre todo en un escenario de fin de la violencia, tras el anuncio de ETA del pasado 20 de octubre de cesar definitivamente su actividad criminal, aún a falta de su disolución.

"Primer paquete de sentencias"

En cuanto a la los recursos presentados en el Constitucional contra la doctrina Parot, --que cambió el cálculo de las reducciones de pena de cárcel para hacerlo sobre todas y cada una de las condenas y no sobre el máximo del tiempo de estancia en prisión, esto es, treinta años-- el Gobierno espera "no una, sino tantas sentencias como recursos ha habido", esto es, y al dia de ayer 58. Todo apunta a que el TC no tirará abajo la totalidad de la doctrina aunque sí puede "flexibilizarla" e "individualizarla". No es descartable que pueda sentenciar a favor de aquellos etarras que tenían fecha firme de puesta en libertad y establecer otro tratamiento al resto.

Dado que se trata de resolver sobre seis decenas de recursos presentados en distintas fechas, el Gobierno baraja que "habrá un primer paquete" de sentencias en escasas semanas, incluso hablan los medios consultados de mediados de abril.

En cierto modo marcarán también el camino a la política de salida individualizadas que plantea el Ejecutivo sobre los presos, muchos de ellos dispuestos a acogerse a la vía Nanclares, esto es, petición de perdón, reconocimiento del dado causado, asunción de las responsabilidades económicas de las penas y colaboración con la Justicia. Interior cree que cerca de 160 presos etarras barajan esta opción frente a las consignas que aún la banda dirige a sus presos para que no buscan salidas personales sino con el conjunto del colectivo de presos.