Ferrovial mantiene una provisión por la R-4 cercana a 400 millones

Los grandes grupos de concesiones de infraestructuras están lidiando con una complicada situación ante el desplome del tráfico en las autopistas de peaje de última generación. La R-4 ha sido el último caso de concesionaria que, por el momento, ha salvado in extremis una complicada situación, al no poder hacer frente al vencimientos del préstamo sindicado obtenido en su día para financiar la concesión.

No obstante, pese a que la concesionaria ha logrado un poco más de tiempo por parte de la banca, Ferrovial, que lidera la concesión con una participación del 55%, ha optado por mantener una provisión que se aproxima a los 400 millones de euros relacionada con la concesión de la R-4. Los otros socios de la concesión son Sacyr Vallehermoso y Caja Castilla-La Mancha.

Fuentes del sector aseguran que las empresas permanecen a la expectativa de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Fomento para que se pueda paliar la apabullante caída de las cifras de tráfico que se ha registrado en los últimos años, como consecuencia de la crisis. “Este problema no es exclusivo de una compañía o de una vía en concreto, es una cuestión general y afecta también a las entidades de crédito y al propio Estado”.

Ferrovial se enfrentará a finales de año a otro vencimiento relacionado con este tipo de concesiones. En concreto, se trata de la autopista Ocaña-La Roda, financiada mediante un préstamo por valor de algo más de 520 millones de euros cuyo vencimiento se sitúa en diciembre de 2012.

En realidad, el problema para las concesionarias viene de los sobrecostes que se registraron en la expropiación de los terrenos por los que discurren las autopistas, que se llegaron a disparar hasta un 1.600%. Las soluciones aportadas hasta ahora por la Adminstración, en forma de créditos y de compensaciones, no han sido hasta ahora suficientes para terminar de solventar la cuestión.

Por el momento, las compañías y el Ministerio de Fomento prosiguen negociando para encontrar una solución que evite una auténtica cascada de concursos de acreedores, un escenario que no es la primera vez que se contempla como una posibilidad más que probable.