Gobierno crea un grupo de trabajo para la reducción de organismos reguladores

El Gobierno ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para que en "breve plazo" presente una reforma integral de los organismos reguladores con el objetivo de "simplificar al máximo su número".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado que el grupo lo integrarán los Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Según la vicepresidenta, durante el Gobierno socialista se ha producido una proliferación de organismos reguladores con competencias que se solapan y que suponen la multiplicación de estructuras, dado que cada organismo cuenta con equipo directivo propio y medios materiales y humanos.

En su opinión, es necesario reformar esta estructura cuanto antes para devolver la confianza a los operadores y a los consumidores en sectores clave de la economía.

Obligaciones legales y sanciones penales

El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.

"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador.

Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".

"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.