La decisión de la CNMV sobre Jaime Botín se paraliza hasta la sentencia de la Audiencia Nacional

La decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el expediente abierto a Jaime Botín quedará paralizado hasta que la Audiencia Nacional resuelva si ha existido algún tipo de irregularidad en la regularización fiscal de la familia Botín. "La existencia de un procedimiento en sede judicial significa la paralización de cualquier expediente. Así ocurrirá también en este caso", explican a Vozpópuli fuentes conocedoras del proceso. Desde la propia CNMV aseguran que "ese es el procedimiento a nivel general".

Actualmente, la Audiencia Nacional prosigue la investigación sobre si la familia Botín ha regularizado correctamente los fondos que tenía ingresados en el HSBC Private Bank Suisse tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Los encausados son el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los cinco hijos de cada uno de ellos por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y, en su caso, falsedad documental.

"La complejidad de la documentación aportada por la familia Botín, que ha pagado 200 millones a la Hacienda española, para confirmar que ha regularizado el patrimonio constituido en Suiza por Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, padre de Emilio y Jaime, alargará bastante el proceso", confirman estas mismas fuentes. Precisamente, la documentación está siendo desmenuzada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, encargada de la verificación de la regularización practicada del IRPF de la familia Botín de 2005 a 2008 y la comprobación sobre el impuesto del Patrimonio de 2005 a 2007.

A raíz de la investigación de este proceso, se conoció que el paquete accionarial de Jaime Botín en Bankinter era un 7,85% superior al que tenía declarado del 16%. Este hecho motivó la apertura de un expediente de la CNMV a Jaime Botín, cuya participación del 23,87% le apuntalaba como el segundo mayor accionista de Bankinter, a través de la sociedad Cartival, tan solo por detrás de Crédit Agricole, que dispone del 24,7%.

Sanción económica

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha propuesto una fuerte sanción económica para el hermano del presidente del Santander, además de una petición de inhabilitación como consejero o directivo de una sociedad cotizada durante un plazo que podría llegar a los cinco años. "Aunque la investigación siga su curso, posibilidad que no es descartable, la decisión final no podrá tomarse nunca antes de la resolución judicial", aseveran fuentes judiciales. Mientras, el ministro de Economía no quiso confirmar si ha decidido trasladar la decisión al regulador bursátil.

En el pasado, Mario Conde vivió una situación parecida. El Banco de España paralizó el expediente administrativo que abrió al banquero tras la intervención de Banesto. El expediente sancionador del supervisor bancario solicitaba la inhabilitación de Mario Conde durante 20 años para desempeñar puesto alguno en entidades financieras, además de imponerle una multa de 240.404 euros.

Judicialmente, Jaime Botín, junto a sus cinco hijos, así como Emilio Botín, y cinco de sus hijos, podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel si se confirma que cometieron delito fiscal en el caso de las cuentas suizas del HSBC, según explican fuentes de los inspectores de Hacienda.

Además, en el caso de que exista sentencia firme condenatoria contra Botín y sus familiares, éstos perderían el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito, lo que afectaría directamente tanto a Emilio Botín como a su hija Ana Patricia Botín, presidenta de la filial británica del Santander.

Además de la posible pena de prisión, podrían hacer frente a una multa hasta seis veces superior a la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados "testaferros", o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.