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España

La Ley de Estabilidad de Rajoy se cobra su primera víctima de 2012: la propaganda de Aguirre

La Ley de Estabilidad Presupuestaria (que obliga a las autonomías a cerrar el año con un déficit del 0,3% en sus cuentas) ha metido un primer mordisco a los presupuestos de las Administraciones Públicas. La de Madrid –que ha gastado 51,6 millones de euros en publicidad del Metro en los últimos 4 años—se ha visto obligada a cancelar sus campañas futuras, según reconoce un anuncio oficial en el B.O.E. que el gobierno Aguirre no ha querido publicitar.

El gobierno de Esperanza Aguirre ha cancelado por sorpresa las campañas publicitarias del metro aprobadas el pasado 17 de marzo. La resolución que el gobierno madrileño está obligado a publicar en el B.O.E. no esconde el motivo. Según el Boletín, “debido a las restricciones presupuestarias que han de observarse (…) la Comunidad de Madrid se ve obligada a reducir los gastos destinados a publicidad para dar preferencia a la atención de otras necesidades del servicio público”.

Metro de Madrid, el icono de la propaganda

La ley de Rajoy pone coto, por tanto, a uno de los mecanismos de influencia más destacados de los que ha dispuesto Aguirre. Sólo en el último ejercicio, Metro de Madrid, ha gastado 7 millones de euros en inserciones publicitarias lo que significa que su presupuesto para propaganda se ha triplicado desde el año 2000.

Los contratos han sido polémicos por el momento en que se han producido y por los receptores de los fondos. La Agencia que presidía Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del gobierno Aznar, obtuvo uno de los macro-contratos de 23,6 millones de euros (el 21 de abril de 2006) y los siguientes 28 millones fueron a parar a manos de Red de Medios (el 5 de mayo de 2008). Junto a esos gastos, el gobierno madrileño ha aprobado 7 millones de euros en gastos de propaganda, el mismo año en que recortaba el salario de sus empleados en 7,9 millones de euros.

En la resolución que ha publicado hoy, el gobierno Aguirre no renuncia a volver a utilizar ese instrumento de poder. Literalmente, afirma que lo hace “sin renunciar por ello a convocar en un futuro una nueva licitación en los términos en que las actuales limitaciones presupuestarias se lo permitan”.
 

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