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España

Interior gastará 1,6 millones de euros en crear un superfichero de viajeros para combatir el yihadismo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una imagen de archivo

Sólo unas horas después de que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez plasmaran su firma en el pacto de estado contra el yihadismo, el Ministerio del Interior ha dado ya el primer paso en la nueva política antiterrorista. El departamento de Jorge Fernandez Díaz ha colgado poco antes de las nueve de la mañana de este martes en la web de la Plataforma de Contratación el anuncio previo de licitación para crear un superfichero informático que recoja todos los datos de los viajeros de líneas aéreas con salida o llegada en nuestro país. El objeto del mismo es detectar a tiempo la presencia entre ellos de terroristas y otros delincuentes peligrosos. El presupuesto para ello es millonario: 1.633.500 euros, IVA incluido.

Sólo habían pasado unas horas desde la firma del pacto antiyihadista cuando Interior ha puesto en marcha el proceso administrativo para adjudicar la creación del registro

Este fichero, conocido formalmente con el nombre de Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record) por sus siglas en inglés, es una vieja aspiración de España y otros países europeos que tras los atentados de París se ha reactivado. El registro contendrá toda la información relacionada con una reserva aérea, desde si ha sido hecha por internet o a través dee una agencia de viajes, hasta si ha sido pagada en efectivo o con una tarjeta de crédito. También incluirá la ruta de los viajeros para detectar 'rutas' de las habitualmente seguidas por los terroristas. De detectarse uno o varios indicadores de riesgo, la Policía prestará especial atención a dicho pasajero y comunicará la información a los países de nuestro entorno para, si se considerase necesario, interceptarlo lo antes posible.

La idea no es nueva y, de hecho, hay países como EEUU, Canadá y Australia que ya someten a un estricto control este tipo de información para evitar ataques yihadistas. En Europa también se planteó hace tiempo su creación, con España entre los países promotores. Fue en 2010, cuando varios estados de la UE propusieron a la Comisión Europea un proyecto de directiva conjunta para la puesta en marcha del PNR. El Consejo de Ministros de Justicia e Interior tardó dos años en llegar a un acuerdo general, pero en abril de 2012 ya puso sobre la mesa del Parlamento europeo un proyecto para que fuera aprobado por la cámara dado que era necesaria una codecisión de los Estados.

"Pieza clave" para los expertos antiterroristas

Sin embargo, el superfichero se encontró en 2013 con el rechazo frontal de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) que entendía que dicho registro de pasajeros vulneraba la directiva comunitaria sobre protección de datos personales de los ciudadanos. De nada sirvió una carta enviada por los ministros de Interior de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Suecia, Polonia y los Países Bajos al presidente de dicho organismo. El proyecto pareció quedar empantanado en las instituciones europeas pese al intento de varios ministros, entre ellos Fernández Díaz, de reactivar su puesta en marcha en los últimos meses.

Países como EEUU, Canadá y Australia ya someten a un estricto control este tipo de información para evitar ataques yihadistas

Sin embargo, los recientes atentados de París contra la sede de la revista satírica Charlie Hebdo y una tienda de comida 'kosher' parecen haber desbloqueado la iniciativa. La decisión de Interior de convocar el concurso para adjudicar el contrato para su instauración en España por 1,6 millones de euros es el primer paso de un proceso que desde el propio Ministerio se augura aún largo. De hecho, no está previsto adjudicar el mismo hasta el próximo mes de agosto, según revelan los propios documentos de licitación. Fuentes de la lucha antiterrorista aplauden la medida y consideran el PNR "una pieza clave" para detectar el retorno a los países europeos de los varios miles de sus ciudadanos que en los últimos años se han desplazado a Siria e Irak a combatir en las filas del Estado Islámico. Su posible vuelta les convierte, de hecho, en islamistas altamente peligrosos dada su nivel de radicalismo y, sobre todo, sus conocimientos en el manejo de armas y explosivos adquirido durante su permanencia en estos países.

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