La Ley de Viviendas Rurales enfrenta al Gobierno madrileño con la oposición y los ecologistas

“Una aspiración de los ciudadanos hoy en día es la de poder vivir en el campo y trabajar en la ciudad”. Así comienza el Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid, que ha originado un nuevo desacuerdo entre el Gobierno regional y el resto de grupos parlamentarios, que presentarán enmiendas a la totalidad de la Ley.

La ley, presentada en la Asamblea de Madrid por la consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño, permitiría construir en fincas rurales en desuso que no se encuentren protegidas ambientalmente, sin necesidad de cambio de calificación en el terreno. El tamaño mínimo de la parcela varía según el tipo de suelo: 5 hectáreas para suelo rural sin protección o con protección por planeamiento y 10 hectáreas para suelo rural con protección por ley sectorial.

Las viviendas no podrán tener más de una planta, con una altura de 3,5 metros, y deberán estar construidas con “materiales integrados en el paisaje” para minimizar el impacto visual. Asimismo, no se podrá exigir a la Comunidad de Madrid ni a los ayuntamientos en que se construyan este tipo de viviendas que carguen con el coste económico de las instalaciones necesarias, entre ellas la recogida de basuras, la canalización del agua y la electricidad.

En palabras de Mariño, con esta ley “se facilita que los madrileños puedan disponer de una vivienda en el campo con todas las garantías de sostenibilidad” y que “se consolide la población rural”.

Tramitación en un mes

El anteproyecto contempla tres procedimientos para la construcción de la vivienda rural: licencia municipal, calificación rural sostenible y Plan Especial de Viviendas Sostenibles. En el primero, corresponde al consistorio del municipio correspondiente la concesión de la licencia. Sin embargo, el anteproyecto incluye la posibilidad de acudir a la Comunidad de Madrid en caso de que la solicitud no se resuelva en tres meses, solicitando una calificación rural sostenible.

En este caso, se puede presentar la petición para un máximo de diez parcelas y se resolverá en un mes, haciendo innecesario el procedimiento de licencia municipal. El anteproyecto aclara que, en caso de no haber recibido respuesta en un mes, se entiende que la licencia ha sido aprobada y, por tanto, se puede iniciar la construcción.

Por su parte, el Plan Especial de Viviendas Sostenibles se aplica para varias parcelas que compartan instalaciones comunes. En ninguno de estos casos la tramitación implica un cambio en la clase de suelo sobre el que se construirá la vivienda.

Para iniciar el procedimiento habrá que presentar identificación del propietario de la parcela, documento acreditativo de la propiedad del terreno, el proyecto de edificación, documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones señaladas por la ley y una declaración del propietario de no afección significativa a los valores ambientales del entorno. Si se solicita el permiso para varias parcelas, habrá que presentar también las normas reguladoras de la comunidad de propietarios.

Oposición al anteproyecto

Como rechazo a la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, apodada Virus, ha surgido la llamada Plataforma Antivirus, formada por organizaciones ecologistas, académicos, colectivos de arquitectos y partidos políticos. Este colectivo solicita la retirada de la ley y advierte de que, si es necesario, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional por incumplir la normativa estatal y la Ley del Suelo 9/2001 de la Comunidad de Madrid.

Entre las preocupaciones de este colectivo, se encuentra el peligro de provocar efectos ambientales irreversibles, como el aumento del riesgo de incendios; la especulación y el aumento del valor del suelo en las zonas rurales; la imposición de un modelo de ordenación territorial insostenible, y la eliminación de las garantías de protección del medio ambiente.

Los grupos políticos en la oposición en la Asamblea de Madrid tampoco están contentos con la última propuesta de la Consejería de Medio Ambiente. “En una región densamente poblada como la madrileña, este proyecto de Ley plantea un ‘todo vale’ en suelos no urbanizables, aproximadamente el 17% del territorio madrileño, que supone una amenaza para el medio natural”, explica Antonio Fernández Gordillo, portavoz de Medioambiente, Vivienda y Urbanismo del Partido Socialista madrileño (PSM).

Con esta ley, denuncia el PSM, el urbanismo queda “sin herramienta alguna para proteger el interés general, ni controlar la dispersión urbana o el consumo irracional de suelo”. En opinión de Fernández Gordillo, la ley no hará otra cosa que “diseminar parcelas de 60.000 metros cuadrados por todo el suelo rural de nuestra región sin los mínimos servicios de suministro de agua, luz o tratamiento de aguas fecales”.

Carmen Villares, portavoz de Medio Ambiente de Izquierda Unida (IU), denuncia que la ley va “contra todo sentido, racionalidad y necesidad en estos momentos” y que tendrá “efectos medioambientales irreversibles, destruirá la economía agraria” y “atenta contra los derechos y deberes constitucionales”.

El cuarto grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), también está en contra de la ley Virus. El portavoz adjunto, Ramón Marcos, ha afirmado que esta iniciativa es un “grave error” que “va en contra de cómo se debería hacer el planeamiento y ordenación territorial en la Comunidad de Madrid”.

Tanto el PSM como IU y UPyD han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad de la ley, un texto que consideran “sin sentido” y que “vulnera la legislación estatal de suelo y la conservación del medio natural”.