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España

Caso Edu: caen dos empresarios que desviaron 7.000 euros de los cursos a comprar 'foie'

Agentes de UDEF, tras un registro de la Operación Oscar, 'hija' surgida de la Operación Edu.

Tras los funcionarios y los altos cargos, llegó la hora de los empresarios. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han detenido o imputado a lo largo de los dos últimos días a una veintena de personas dentro de la nueva fase de la 'Operación Edu', bautizada como 'Eduende'. En este caso se trata de propietarios de mercantiles que recibieron de modo supuestamente irregular subvenciones de la Junta de Andalucía por impartir cursos de formación para parados en las provincias de Huelva y Sevilla. Entre todos ellos destacan Vicente Carmona y Diego Yergo, administrador y apoderado respectivamente de la empresa Industrias Turísticas Andaluzas SA (Inturansa). Entre los numerosos fraudes detectados, los investigadores destacan que presuntamente desviaron 7.000 euros de dichas ayudas a la compra de 'foie'. Tras declarar ante la Policía en la comisaría, ambos han quedado en libertad con cargos.

La UDEF investiga a los dos empresarios por una subvención de 244.455 euros, aunque también ha constatado que la mercantil ha recibido 10 millones por impartir cursos para parados

La detención de ambos se ha producido en Córdoba, donde la empresa tiene su sede. En concreto, en la 'Operación Eduende' se les investiga por la adjudicación en febrero de 2011 de una subvención de 244.455 euros para impartir un curso de cafetería, bar y restaurante a desempleados. Según las pesquisas, el mismo se dio en la localidad onubense de Villalba de Alcor, en un local que les cedió el ayuntamiento de este municipio, entonces gobernado por el PSOE. Pese a este ahorro y al elevado importe de la subvención, los alumnos que asistieron al mismo y que han sido interrogados por la Policía han asegurado que el mismo tuvo muchas deficiencias y que carecían de material para hacer las prácticas. Por supuesto, ellos nunca vieron el 'foie' que, según la factura presentada por los empresarios junto a otras para justificar la subvención, se adquirió con cargo a dicho curso.

No fue la única irregularidad denunciada. Los especialistas de la UDEF también han constatado que ambos empresarios destinaron presuntamente otra parte de los fondos a pagar una cena de Navidad a los responsables del Consistorio y otra a varios empresarios de la zona. Para cocinar y servir la misma, los responsables de Inturansa utilizaron, precisamente, a los alumnos del curso, que no percibieron ninguna retribución por ello. No es la primera que se denuncia a esta mercantil por un fraude similar. En otoño del pasado año una funcionario de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, el órganismo encargado de conceder estas ayudas, aseguró en otra causa que la empresa cordobesa utilizó el dinero de la ayuda que recibió para pagar un festejo similar a los responsables del mismo.

Millonarias subvenciones

Inturansa se creó a principio de los años noventa con el objeto social de explotar "restaurantes y puestos de comidas", aunque es conocida en Córdoba por los servicios de catering y por haber gestionado el Palacio de Congresos de la ciudad durante años. Además, en 2004 incluyó entre sus actividades "organizar, promocionar, impartir, contratar y gestionar cursos de formación a cualquier nivel". Un cambio que la convirtió en una de las sociedades de toda Andalucía que más subvenciones recibieron con dicho fin de la Junta. Según fuentes cercanas a la investigación, llegó a ingresar en este concepto cerca de 10 millones de euros de dinero público. Todo ello, además, cuando mantenía una deuda con la Seguridad Social de 1,5 millones de euros, una circunstancia que, según la ley, le debía haber impedido optar a las mismas. Algunas informaciones periodísticas denunciaron en su día que sus responsables usaron supuestamente dichos ayudas de la Junta para evitar la quiebra técnica de la compañía.

A los investigadores le llama la atención las numerosas adjudicaciones que recibió Inturansa de la Junta pese a tener una deuda con la Seguridad Social cercana a 1,5 millones de euros

Además, Vicente Carmona, su administrador único, fue presidente del Consorcio de Turismo de Córdoba entre los años 2005 y 2012. Cargo que tuvo que dejar al publicar el periódico local El Día de Córdoba una serie de informaciones precisamente sobre supuestas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación que había percibido Inturansa. A día de hoy, la empresa está en proceso de liquidación. De hecho, en los últimos años sindicatos como la CNT se han manifestado por la calles de la capital cordobesa para denunciar las deudas contraídas por la empresa con distintos extrabajadores.

Nueva imputación para Ojeda Avilés

Con el arresto de los dos empresariosy los de otras trece personas este miércoles, la cifra de personas imputadas en la 'Eduende' ronda los 80. Entre los últimos, un viejo conocido de la Policía: el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Aviles. Detenido en la 'Operación Óscar' por 'cazar' 48 millones de euros en subvenciones e imputado en 'Edu-Centro', el antiguo alto cargo de la Junta ha sido encausado en esta ocasión por las supuestas irregularidades detectadas en la entidad FORPE, Fundación de la Formación Profesional para el Empleo, cuyo patronato inicial estuvo formado en 2010 por el propio Ojeda así como por personas cercanas a él.

También han sido imputados en 'Eduende' dos históricos socialistas: el exconsejero Ángel Ojeda, ya encausado en otros sumarios, y Fernando Pineda, dirigente onubense del PSOE

Otro nombre relevante de los caídos este últimos días es el de Fernando Pineda, al que se relaciona con Centro de Empresas de Riotinto SA, que recibió una subvención de 56.540 euros en la convocatoria investigada. Pineda es un histórico de socialismo onubense. De hecho, fue 20 años alcalde del PSOE en la localidad de El Campillo, además de haber ocupado escaño en el Parlamento andaluz durante una legislatura y haber sido vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva. Hasta 2011 fue secretario general de los socialistas en la provincia de Huelva. De ese año es, precisamente, la adjudicación investigada.

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