El Gobierno despeja los obstáculos judiciales a sus recortes con el control del Tribunal Constitucional

El control del Tribunal Constitucional era la columna sobre la que descansaba el plan de recortes del Gobierno. Sólo el T.C. podía anular la amnistía fiscal, la reforma laboral o los recortes aplicados por el Ejecutivo a los funcionarios. Por ese motivo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha pasado meses intentado garantizar una nueva mayoría no sólo conservadora sino sobre todo afín al PP de Mariano Rajoy. Tras los nombramientos del Ejecutivo esas reformas quedan ahora blindadas por 7 magistrados conservadores frente a 5 progresistas.

El primer compromiso lo firmó la propia vicepresidenta hace más de un año cuando dio su garantía personal a Enrique López de que sería designado miembro del Alto Tribunal, según ha comentado él mismo a su entorno. López se había enfrentado a innumerables recusaciones del PSOE que llegó a utilizar un informe de los letrados del Senado para frenar su nombramiento en el pasado. El PSOE ha calificado su designación como un “símbolo del sectarismo” que “devalúa el TC”. Pero para el resto del entorno judicial, se ha convertido en el símbolo de que los populares tienen un poder institucional tan absoluto como su mayoría. El control de la institución lo garantizan ahora también el conservador Pedro José González-Trevijano y el elegido por parte el CGPJ de Santiago Martínez Vares, ex presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Desde entonces, el Ejecutivo ha vivido con una preocupación: que un T.C. con mayoría progresista tumbara sus recortes. Peor el presidente saliente, Pascual Sala, ha optado por dilatar los recursos para no resolver los recortes con lo que él mismo denominaba como un “tribunal en funciones”. El Ejecutivo ganaba tiempo y el sector progresista ahorraba enfrentamientos. Sólo así se explica que el TC no haya revisado todavía la legalidad del recorte en la paga extra a los funcionarios que en Lisboa fue declarado inconstitucional el 6 de abril y que dejó al Gobierno sin 1.300 millones de euros de ingresos.

Pero ni las gestiones de Moncloa ni las dilaciones del Tribunal han aliviado al Ejecutivo hasta el último minuto. Su preocupación ha sido tal que, una vez más, Moncloa intentó atornillar la renovación. Por ese motivo, Sáenz de Santamaría recibió en secreto el martes en La Moncloa al Presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, para discutir los nombramientos, según revelan fuentes del Consejo. La reunión pretendía ser inadvertida así que no se incluyó en las agendas de ninguno de los dos y Moncloa sigue sin confirmarla todavía aunque sí la admiten fuentes del Consejo.

En esa reunión, según las mismas fuentes, la vicepresidenta dibujó su temor al futuro: al Ejecutivo le inquietaba la posibilidad de un escenario “a la portuguesa” en el que el máximo intérprete de la Carta Magna pueda anular los recortes ya aprobados y aplicados por Rajoy.  “Eso aquí y ahora no pasará”, afirman los magistrados que aseguran que el PP ha blindado sus recortes.

Los asuntos más espinosos quedan “blindados”

La dilación en resolver los recursos planteados y la avalancha de recortes han llevado al PSOE a ir acumulando en la sede del guardián de la Carta Magna recurso tras recorte. La nueva mayoría tumbará, previsiblemente, ahora:

• El recorte a la paga extra de los funcionarios y el decreto de liberalización de horarios comerciales que el gobierno vasco recurrió al denunciar que invadía competencias en cinco artículos.
• La reforma laboral recurrida por PSOE e IU y apoyada por 115 diputados que argumentan que viola hasta 9 artículos de la Carta Magna a saber: el 14.1, el 12.1, el 14.2, la disposición final cuarta, la previsión del artículo 4.3, el artículo 18.3, los artículos 18.8 y 23.1 y la disposición adicional tercera.
• La amnistía fiscal recurrida por ser “"manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad"
• La privatización de hospitales en Madrid que recurrió el socialista Tomás Gómez con el argumento de que terminaba con el principio acceso universal a la Sanidad
• La ley de tasas judiciales de Ruiz Gallardón, que el PSOE recurrió al considerar que rompía el principio de igualdad ante la ley y que calificó como “abusivas, desequilibradas e injustas". "El acceso a los tribunales depende hoy de la tarjeta de crédito de los ciudadanos" concluía un recurso del PSOE abiertamente enfrentado con las tesis judiciales más conservadoras.

La oposición sigue preparando o considerando otros recursos a otros recortes como los que ha sufrido la dependencia. Pero con el nuevo equilibrio de poderes en el T.C. los recortes parecen haber ganado el blindaje definitivo: el judicial.