El interventor avisó al equipo de Tomás Gómez de que era ilegal aprobar los sobrecostes del tranvía de Parla

El interventor del Ayuntamiento de Parla avisó al equipo de Tomás Gómez, con anterioridad a la Junta de Gobierno del 22 de diciembre de 2006 que modificó al alza el contrato del tranvía, que no podía decidir legalmente tal asunto, "advirtiendo con  carácter previo que el órgano competente para la aprobación del expediente es el Consorcio Regional de Transportes de Madrid [Gobierno de Madrid] en cuanto órgano de contratación". Si se aprobase, era el mensaje implícito, sería ilegal. Y se aprobó.

Cuando se dicta una resolución ilegal a sabiendas se llama prevaricación y cuando tal acto daña las arcas públicas se apellida malversación. Esto fue justo lo que, según los investigadores, hizo el equipo de Gómez: modificó al alza un contrato que no podía alterar legalmente. Y ésa es la piedra angular del ataque de la fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas. Un contrato que se ha triplicado hasta rondar los 300 millones.

Toda la plana mayor de Gómez en el Ayuntamiento de Parla está denunciada por la fiscalía, pero Gómez oportunamente estuvo ausente ese día. Para los investigadores se trata de una coartada jurídica y política de dudosa duración, porque alegar que desconocía el informe del interventor que llevó a tal junta su hombre de confianza, Wilfredo Jurado, concejal de Obras, no es ninguna garantía jurídica. Tal táctica no les sirvió a los expresidentes de Andalucía, Griñan y Chaves, que aseguraron ignorar los reiterados informes de la intervención alertando del fraude de los ERES.

Tal táctica no les sirvió a los expresidentes de Andalucía, Griñan y Chaves, que aseguraron ignorar los reiterados informes de la intervención alertando del fraude de los EREs

El interventor señaló varias anomalías más de aquella reunion del equipo de gobierno de Parla. Una de ellas afectaba al adelanto a la concesionaria del tranvía de 16,7 millones por el consorcio urbanístico Parla Este: "Se argumentan razones de interés público que justifican esta alteración que, sin embargo, debería haberse realizado tras llevar a cabo la oportuna modificación del contrato".

El acta recoge varios acuerdos donde se señala expresamente que "no estaban contempladas" en el pliego de condiciones del contrato. Se estaba alterando el contrato y, además, por un órgano distinto del legalmente designado. Ante la ausencia de Gómez por villancicos justificados, la junta fue presidida por José María Fraile, actualmente alejado de la Alcaldía por su imputación en la operación Púnica y denunciado por los sobrecostes del tranvía.

El interventor vuelve a la carga en 2009

Fraile, en la junta de 29 de junio de 2009, remató como alcalde ya oficial la modificación al alza (34 milones más) del coste del tranvia. Y nuevamente desoyó al interventor que volvió a la carga con variadas y graves objeciones:

• Alertó de que cuando se supera el 10% del contrato inicial hace falta un informe de Hacienda. No existía.
• Puso de relieve que las modificaciones en el proyecto de obras habían sido ejecutadas con "omisión del procedimiento previo a la aprobación de los modificados". 
  Alertaba sobre el "enriquecimiento injusto" que se produce cuando se producen obras adicionales que consuman "un desequilibrio entre los beneficios obtenidos por una parte con la realización de tales obras y las cargas sufridas por la otra".
• Y recordó una obvia exigencia legal para embarcarse en cualquier inversión pública: la existencia de crédito suficiente para el gasto. "En el presente ejercicio no hay previsto crédito presupuestario para el reconocimiento del gasto (...) y para futuros ejercicios deberá contemplarse crédito adecuado". El propio Fraile recordó años más tarde las palabras del interventor cuando reconoció que no podía pagar el tranvía.
• Pero hay una última y decisiva mina que dejó activada el interventor: no aprobó el gasto. "Advirtiendo que será necesario una vez que se disponga de las cantidades definitivas que resulten de esta modificación, volver a someter el expediente a informe de esta intervención municipal con carácter previo a su aprobación por el órgano competente". Pese a ello, la junta lo aprobó, "con el condicionado indicado en el informe de intervención".

Gómez recibió una segunda alerta sobre la ilegalidad del acuerdo municipal

El 1 de marzo de 2007, apenas un mes después de consumarse dicha junta de gobierno, el Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM), el único organismo legalmente capacitado para cambiar el contrato del tranvía, arremetió contra el equipo socialista de Parla por orillar la legalidad en los acuerdos aprobados en dicha junta: "Ha existido por parte del Ayuntamiento de Parla y de la sociedad concesionaria una continua omisión del procedimiento en relación con su obligación de informar formalmente al consorcio regional de transportes, órgano de contratación de la concesión del tranvía de Parla".

"Se han realizado numerosas modificaciones del proyecto por parte del Ayuntamiento de Parla sin seguir los procedimientos adecuados, como expresa el informe de la secretaría general de Parla", decía dicho organismo madrileño. Y añadía otro varapalo que sería recogido por todos los informes acusadores contra la gestión de Gómez: "En algunos de los proyectos modificados la relación funcional de los mismos con el objeto principal es dudosa, la no licitación de éstos de acuerdo a los principios de libre concurrencia no estaría en ningún caso amparada en la ley de contratos de la administración pública".

En suma, se anticipaba ya el meollo de la presunta ilegalidad del equipo de Gómez: adjudicar a dedo decenas de millones sin competencia legal para ello, ya que el  contrato no estaba bajo su dominio. No es una formalidad. Es la diferencia entre cumplir o no la ley al contratar con dinero público. Pero el Ayuntamiento bajo Gómez no se retractó, ni el CRTM convalidó su acto unilateral.

Gómez, según sus vagos recuerdos, estaba cantando villancicos mientras sus ediles presuntamente prevaricaban y malversaban para nutrir su tranvía

El informe del CRTM desgranaba más irregularidades de la junta de la que Gómez se ausentó "justificadamente", aunque no se halle constancia documental de la causa para no estar presente mientras se incrementaba el contrato en decenas de millones. Gómez, según sus vagos recuerdos, estaba cantando villancicos ese 22 de diciembre de 2006 mientras sus ediles presuntamente prevaricaban y malversaban para nutrir su tranvía.

El detalle de tal informe del CRTM es es el siguiente: 

• "El 30 de marzo de 2006 el consorcio urbanístico Parla Este abonó 17 millones sin que el órgano de contratación tuviera conocimiento. Esta alteración debía haberse realizado previa autorización del órgano de contratación, hecho que no se produjo".
• "Ni el modelo de contrato ni la propuesta adjudicada contemplan el supuesto de aportación de material móvil".
• "Para poder iniciar el trámite de aprobación del expediente remitido, se solicita al Ayuntamiento de Parla que obtenga y remita a este órgano de contratación, la aprobación de la sociedad concesionaria de la forma y plazos de pago".

Decisiones unilaterales del Ayuntamiento de Parla

Y una última pulla final del CRTM: "En relación con los proyectos aquí mencionados debe especificarse que las denominadas peticiones de la Administración han sido realizadas unilateralmente por el Ayuntamiento de Parla. Es más, en ocasiones no se han seguido en absoluto las recomendaciones y criterios expuestos por el consorcio regional de transportes de Madrid".

La fiscalía, al abrir una investigación penal contra el equipo de Gómez sin Gómez ha dado la razón a tal queja del CRTM: "En los plenos de 22 de diciembre de 2006 y 2009 se aprobaron proyectos complementarios que supusieron un incremento del coste inicialmente adjudicado de 39 millones (...) En tales proyectos no hubo licitación ni consta que se siguieran los trámites establecidos en la ley de contratos de la administración pública, aun cuando el coste de las modificaciones superaba el 10% del contrato inicial". Y es la base de que se investiguen dos presuntos delitos del equipo Gómez sin Gómez: prevaricación y malversación. 

La Cámara de Cuentas también validó tal acusación contra el equipo de Gómez sin Gómez: "Mediante acuerdos de la JGL  [Junta de Gobierno Local] en sesiones de 22 de diciembre de 2006 y 29 de junio de 2009 se aprobaron proyectos complementarios, que supusieron un incremento del coste inicialmente adjudicado de 36.097 mil €, IVA no incluido, es decir, un 39%. No se formalizó un nuevo contrato entre el Ayuntamiento de Parla, el CRTM y la sociedad concesionaria, no cumpliéndose lo dispuesto en el art. 54 TRLCAP (ley de contratos públicos)"

"Esta inversión complementaria", añadía dicho informe, "fue asumida por el Ayuntamiento de Parla, que adjudicó directamente la ejecución a la sociedad del contrato inicial (...) No hubo nueva convocatoria de licitación y no hay constancia que se cumpliesen los requisitos del art. 101 TRLCAP, si bien el coste de las modificaciones superó tanto el 10% de la cuantía primitiva del contrato".

Gómez defiende su inocencia argumentando que el tranvía de Parla lo adjudicó el PP, a través del CRTM presidido por Dolores de Cospedal. Pero tal defensa encierra trampa: nadie le acusa de adjudicar el contrato inicial. Es público y notorio que lo adjudicó el consorcio el 23 de mayo de 2005 a un grupo liderado por FCC, Acciona, Detren y Caja Castilla-La Mancha.

Salieron derrotados Sacyr, Dragados y OHL. El precio fue de 103 millones. Nadie cuestiona tal adjudicación, sino cómo se inflaron sus costes con la activa aquiescencia de un organismo ajeno a tal contrato, el Ayuntamiento de Parla. Hoy ronda los 300 millones.

El propio ayuntamiento de Parla, gobernado por el sucesor de Gómez, José María Fraile, imputado por la Púnica y denunciado por el tranvía de Parla, reconoció en 2013 un sobrecoste de 36 millones . Y admitió que no sabía la base del cálculo del calendario de pagos, es decir, el tipo de interés efectivo que hacía que el coste final se disparase hasta los 255 millones.

El sucesor de Gómez señala que tal sobrecoste lo impulsó la adjudicataria y que el ayuntamiento de Parla bajo mandato socialista se limitó a bendecirlo: "El ayuntamiento reconoce en los acuerdos de la junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2006 y 29 de junio de 2009 inversiones adicionales al contrato de concesión por las diversas obras complementarias que suponen un incremento de la inversión de 36 millones. Para ello, Tranvía de Parla revisó un modelo financiero incluyendo las inversiones adicionales y fijando un nuevo calendario de aportación a la inversión".

El informe municipal no duda en definirlo como "el nuevo calendario de pagos presentado por Tranvía de Parla". La iniciativa no fue de Gómez, sino del adjudicatario. Es notable también que el sucesor de Gómez no dice propuestas, sino "acuerdos de la junta".

La adjudicataria impulsa y logra el "reequilibrio" de su oferta

El ayuntamiento, sin saber la tasa de interés, elevaba en 2013 el importe de 129 millones a 255 millones. ¿Qué diferencia había entre una cifra y otra? La primera tenía el rótulo de "oferta", la segunda, "reequilibrio".

Pura terminología de la empresa para decir que la primera cifra no le gustó y logró subirla a 255 millones de euros. Pese a ser desorbitada, el PP sostiene que esta cifra debe incrementarse en otros 42 millones abonados previamente por el Ayuntamiento y no descontados. Esto elevaría el costo del faraónico tranvía a 300 millones. El sucesor de Gómez admitía la bancarrota que le había legado su mentor: "Actualmente, el ayuntamiento de Parla no cuenta con suficiente consignación presupuestaria para dar cobertura al importe determinado en el calendario de pagos". 

Fraile moría matando:"El ayuntamiento de Parla infringiría la limitación presupuestaria que dice que no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía  superior a los créditos autorizados". Fraile estaba dictándole a su mentor que violaría la ley si pagaba las deudas que le había dejado. 

Las cuentas de la concesionaria, Tranvía de Parla SA, también atornillan a Gómez:

• "El 22 de diciembre de 2006 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parla y, posteriormente, a través de distintos comunicados emitidos a lo largo del ejercicio 2007 y enero del 2008, se aprobó la propuesta de modificación del contrato de concesión por las diversas obras complementarias solicitadas y aprobadas por la Administración que supusieron una ampliación de la inversión de 36.097 miles de euros.
• El PCAP (pliego de condiciones), cláusula 38.2, contempla el cobro de una subvención de capital equivalente al 33% de la inversión total y gastos capitalizados previstos. Este canon inicial incluido en la oferta ascendió a un importe total de 34.148 miles de euros cobrados en los ejercicios 2006 y 2007 íntegramente. El 29 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Parla aprobó el Precio Final Reconocido, consecuencia de las modificaciones de obra y gastos capitalizados que quedó incrementado en importe de 36.097 miles de euros y 2.924 miles de euros, respectivamente. Este hecho supuso un incremento de la subvención de capital en 12.877 miles de euros, de los cuales quedan pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2013 un importe de 2.775 miles de euros.
• Por otro lado, el PCAP, cláusula 38.1, incluye la percepción de una aportación por el pago aplazado de la inversión que ascendía según oferta a 187.472 miles de euros, repartido a lo largo del periodo de concesión a partir de la puesta en funcionamiento de la línea del Tranvía. De acuerdo con lo establecido en la cláusula 37 del PCAP, este importe se ha visto incrementado en la cantidad de 68.475 miles de euros por los costes asociados a modificaciones y ampliaciones del proyecto.
• En el ejercicio 2011 se obtuvo por parte del Ayuntamiento de Parla la conformidad y el compromiso de pago por la Administración de la totalidad de la aportación en concepto de pago aplazado de la inversión,esto es, 255.947 miles de euros, estableciéndose un calendario de pagos de las cantidades pendientes".

Tranvías o limusinas

De tal galimatías de incrementos sale al menos un hecho nítido. Si se tiene en cuenta que se establece un calendario de pagos por 255 milones cuando ya se han cobrado al menos 34 millones de canon... el tranvía de Gómez se dispara al menos a 289 millones. Se aproxima a la cifra que afirma el PP: que el equipo de Gómez abonó 42 millones que nunca se descontaron del pago pendiente, 255 millones, y esto elevaría la factura a 297 millones. Casi 300 millones.

Cada año el Ayuntamiento debe pagar 8,5 millones a la concesionaria. Y además la concesionaria factura 5,5 billetes por viajeros al año. Por tanto, cada año la concesionaria cobra 14 millones por dicho tranvía. Todo ello para 4,5 millones de usuarios al año. Gómez debio sopesar la posibilidad de financiar taxis a sus convecinos. O limusinas.

Tres euros por viajero parecería poco si no fuera porque cada vecino de Parla (115.611 habitantes) soporta una deuda municipal de 154 euros. Y su actual regidora, la socialista Beatriz Arceredillo, no encuentra ni horas ni recursos para escoger qué facturas puede pagar, cuáles puede demorar, rebajar... Socialismo con penuria caribeña tras encontrarse decenas de contratos donde siempre pierde el ayuntamiento y siempre gana el empresario.

En 2008, un año antes de ratificar la subida del contrato y con Gómez todavía a bordo, el Ayuntamiento de Parla tenía un remanente negativo de tesorería de 71, 8 millones y una obligaciones ya vencidas de 54 millones.

Ayuntamiento en insolvencia

Las cuentas del Tranvía de Parla también desnudan el argumentario de Gómez en un punto clave: afirma que el incremento del contrato fue por "acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Parla". Nunca invoca que lo aprobara, ni a posteriori, el consorcio de transporte. 

 Una mala decisión política es más trágica cuando se toma ya con síntomas de asfixia. En 2008, un año antes de ratificar la subida del contrato y con Gómez todavía a bordo, el Ayuntamiento de Parla tenía "un remanente negativo de tesorería de 71,8 millones y una obligaciones ya vencidas de 54 millones."

"La actuación de Parla más relevante que ha generado obligaciones impagadas ha sido la construcción del tranvía". No lo dice la oposición, sino que lo plasma el Tribunal de Cuentas, ni siquiera la Cámara de Cuentas que Jurado, denunciado como ex concejal de Obras implicado en tal proyecto, considera mero instrumento del PP, al estar presidida por Arturo Canalda, "beligerante  y fiel servidor militante del PP", al que acusa de haber marcado la hoja de ruta con información falsa.

Pero el hermano mayor de tal organismo, el Tribunal de Cuentas, también ataca la herencia de Gómez: "La situación de insolvencia es apreciable ya que el exigible  es prácticamente cinco veces superior al realizable". Y el informe, como todas las fuentes documentales resalta que el "coste inicialmente previsto se elevó como consecuencia de unas inversiones adicionales acordadas por la junta de gobierno de 22 de diciembre de 2006 y 29 de junio de 2009 y del concejal delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Actividades".

Wilfredo Jurado, alter ego de Gómez, matiza tales acusaciones: sostiene que el consorcio siempre supo qué hizo el ayuntamiento a través de una firma consultora y que, en realidad, los acuerdos de pleno fueron meramente "propuestas previas" que tomaba el Ayuntamiento como obligado por el pago de inversión".

La justicia dilucidará la legalidad de las decisiones que acarrearon tal bancarrota en Parla. Pero aflora una clara conclusión previa: el dedazo de Pedro Sánchez ha hundido la vida política de Gómez, pero antes el dedazo de Gómez arruinó la vida municipal de Parla. Un Gómez que hace blasón de no estar en el banquillo, en lugar de proclamar su solidaridad política y juridica con sus exsubordinados por ejecutar su tranvía a cualquier precio. Un Gómez que mientras sus convecinos echan en falta 300 millones de sus arcas municipales, él echa en falta una vespa de juguete de su despacho en la PSM.