Díaz Ferrán alega un "error" del juez Andreu para no sentarse en el banquillo por las 'black'

Con el banquillo de los acusados por las 'tarjetas black' en el horizonte cercano, el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se revuelve. El empresario hoy encarcelado por otras causas ha remitido este miércoles a la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita su sobreseimiento libre por este caso y, por lo tanto, no tener que comparecer en el juicio. Y lo hace alegando un supuesto "error"del juez instructor de la causa, Fernando Andreu. Según recalca su abogado en dicho documento, en el auto de apertura de juicio oral que dictó el magistrado el pasado 1 de febrero se le imputaba un delito continuado de apropiación indebida agravado que, en su opinión, no se corresponde con los hechos de los que se le acusa. Además, asegura que la posible infracción penal ya estaría prescrita. Díaz Ferrán está acusado de haber gastado con su 'visa opaca' 93.984,5 euros entre el 19 de abril de 2005 y el 17 de octubre de 2009.

El expresidente de la CEOE insiste en que ninguno de los cargos realizados con su tarjeta superó los 6.000 euros y que, por lo tanto, su delito no es agravado y ya ha prescrito

El escrito del abogado del expresidente de la CEOE, de once folios de extensión, arranca asegurando que, pese a que ya se ha dictado el auto de apertura de juicio oral, aún están a tiempo de pedir el sobreseimiento de la causa y que si no lo ha hecho antes es, precisamente, porque hasta que no tuvo acceso a esta última resolución judicial, el pasado lunes, no ha tenido conocimiento exacto de qué infracción concreta se le imputaba y, por tanto, de los plazos de prescripción de la misma. Díaz Ferrán asegura que ahora descubre que el delito del que se le acusa es uno continuado de apropiación indebida agravado recogido en el artículo 250.1.6 del Código Penal anterior a la reforma. Algo que considera 'erróneo' ya que estima que los pagos que le atribuyen a su 'tarjeta black' no cumplen los requisitos para considerar su actuación de "especial gravedad", como marca la ley.

En sentido, recuerda que el Código Penal fija para como condiciones imprescindibles para esto último que el valor de la defraudación en cada uno de los cargos hubiera sido superior a los 50.000 euros, que el perjuicio causado sea de "entidad" y que deje en mala situación económica "a la víctima o a su familia". Díaz Ferrán asegura que en su caso no se da ninguno de estos requisitos. En primer lugar, porque la cifra se queda muy lejos del límite. En segundo, porque el importe gastado "no reviste un especial perjuicio" para Caja Madrid. Y, finalmente, porque "una disposición de 6.000 euros es en todo punto irrelevante para las arcas de una entidad financiera".

Por todo ello, el empresario reclama que se le impute el tipo no agravado del delito continuado de apropiación indebida, cuya pena máxima es de tres años. Una pena que, según recalca, determina también la fecha de prescripción del delito. Según recoge en el escrito, como su último cargo realizado con la 'visa opaca' se remonta al 17 de octubre de 2009, la extinción de la responsabilidad penal se situaría justo tres años después, en octubre de 2012. Es decir, más de dos años antes de que el 29 de enero de 2015 el juez Andreu dictase el auto por el que le imputada en la causa junto al resto de titulares de las polémicas black. Por todo ello, el expresidente de la CEOE reclama que se dicte antes del juicio su sobreseimiento libre.

Nunca declaró

Díaz Ferrán es el único procesado por las 'tarjetas black' que se negó a declarar cuando compareció ante el juez Andreu. De hecho, nunca ha reconocido los gastos que Bankia le adjudica en el célebre cuadro Excel que es la principal prueba de cargos contra los 66 imputados. Él fue también el primero que comenzó a reclamar al magistrado que se incorporaran a la causa "copia del original de todos y cada uno de los [resguardos de los] cargos" adjudicados a la tarjeta "supuestamente atribuida" a él. Una estrategia de defensa que luego han seguido otros consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia. Dicho resguardos nunca se han llegado a incorporar al sumario ya que la entidad financiera asegura que nunca los tuvo.

El expresidente de la CEOE ha sido el único de los procesados que se negó a declarar ante el juez Andreu. Nunca ha reconocido haber hecho los cargos que se le atribuyen.

El listado de gastos que refleja la 'black' del empresario es muy peculiar. De los 64 cargos que se le adjudican, nada menos que 54 fueron hechos en restaurantes. Y, además, con una particularidad: la mitad del total de lo gastado con su tarjeta se desembolsó en locales de su concuñado y también imputado en la causa, Arturo Fernández, expresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). En concreto, en los restaurantes del presidente del Grupo Cantoblanco desembolsó 47.900 euros en importes que eran siempre cifras redondas: 800, 1.000, 1.200, 1.500 y 1.800 euros. Algunos de ellos, realizados el mismo día.

Junto a estos gastos en los locales de su concuñado, el expresidente de la patronal también utilizó la tarjeta para otros cargos personales. Así, figuran pagos en seis restaurantes de lujo, en uno de los cuales llegó a abonar 2.000 euros en abril de 2009. Junto a ellos, también aparecen sendos cargos en mayo y junio de 2008 en una empresa de decoración y arquitectura, a la que entregó un total de 5.003 euros; dos más en compras en el Corte Inglés por 2.000 euros y otro par más de 1.000 euros cada uno el mismo día de febrero de 2006 en la misma tienda de ropa.