Rato sólo teme a la Guardia Civil: los cinco meses que han puesto contra las cuerdas al político

La suerte de Rodrigo Rato en el caso que lleva su nombre cambió el 13 de mayo pasado. Hacía menos de un mes que el exvicepresidente del Gobierno había sido detenido durante siete horas por agentes de Servicio de Vigilancia Aduanera para registrar su vivienda y su oficina cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, aceptó la petición de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente de dejar en manos de la Guardia Civil una parte de la investigación. En concreto, la referida al delito de blanqueo. En aquel momento, el sumario contaba únicamente con dos imputados, el propio político y su asesor fiscal, Domingo Plazas, y uno de los delitos, el de alzamiento de bienes, se había 'caído'. Hoy, cinco meses más tarde, ya son once las personas encausadas, una ha sido encarcelada y a Rato le han retirado el pasaporte y debe comparecer una vez al mes en el juzgado. Además, se han recabado numerosas pruebas sobre supuestas irregularidades, las cometidas en millonarios contratos publicitarios de Bankia durante su etapa al frente de la entidad, que entonces ni se intuían. Incluso ha aparecido un nuevo delito: corrupción entre particulares.

En los cinco meses que la UCO lleva en la investigación, el 'caso Rato' ha pasado de dos únicos imputados a once, entre ellos un encarcelado

Un cambio radical de situación que ha llevado al exvicepresidente del Gobierno a reconocer a su círculo más próximo que "su problema" es la Unidad Central Operativa (UCO), la misma que, entre otras operaciones, llevó a cabo la 'Operación Púnica' que mantiene en la cárcel al también 'popular' Francisco Granados. Según comentan a este diario personas de su entorno, Rato está "muy preocupado" por el cariz que ha tomado la investigación desde agosto, cuando fue encarcelado el que fuera su asesor en Bankia, el empresario Alberto Portuondo. Pero también, por la velocidad de 'crucero' que ha imprimido la UCO a la parte de las pesquisas en la que trabajan. A pesar de que el sumario sigue en un limbo jurídico a la espera de que el Tribunal Supremo decida si lo sigue instruyendo el juzgado ordinario de Plaza Castilla donde recayó la denuncia inicial o un magistrado de la Audiencia Nacional, en las últimas semanas el caso ha avanzado a grandes zancadas y, además, con nuevas líneas de investigación.

"Rato sabe que su capacidad de influencia le abre la puerta del despacho del ministro del Interior pero no le sirve de nada en la Guardia Civil", destacan las fuentes consultadas en referencia al polémico encuentro del exvicepresidente del Gobierno con su correligionario Jorge Fernández Díaz. La bronca política que provocó la salida a la luz pública de dicha reunión hizo que desde la oposición se lanzara el mensaje de que se estaba intentando interferir en el trabajo de la UCO. Los hechos corroboraron que, si llegó a intentarse, no se logró. Días después, los agentes detenían en el aeropuerto de Barajas a Portuondo cuando estaba a punto de regresar a México. Era el 16 de agosto y el caso recibía un impulso inesperado. "Ese día Rato comprobó que sus temores eran fundados y que la Guardia Civil era la que podía ponerle contra las cuerdas, como así ha sido", señalan fuentes policiales.

Primera 'experiencia policial'

Hasta mayo, y pese a que son varios los sumarios en los que está encausado, curiosamente Rato no había sido investigado por ninguna unidad especializada de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En el 'caso Bankia', el juez Fernando Andreu ha sustentado la instrucción del sumario en informes del Banco de España que el exvicepresidente del Gobierno ha rebatido con sus propios documentos periciales y con escritos de índole jurídico. "Cuenta con un buen equipo de abogados y sabe que éstos aprovecharán cualquier resquicio para conseguir su sobreseimiento", señalan fuentes de las acusaciones. Un ejemplo: en junio pasado contrató al catedrático Juan Zornoza Pérez, especialista en Derecho Financiero y Tributario, para elaborar un dictamen que le exculpase. Era el mismo profesor universitario que sólo unos meses antes participó en la elaboración de un documento pericial en el caso de los ERE a petición de otro político, en este caso ell socialista José Antonio Griñán, también para eximirse de cualquier responsabilidad en las irregularidades detectadas en su gestión.

La UCO detuvo al presunto testaferro de Rato sólo unos días después de que estallara la polémica por su visita al ministro del Interior

En el caso de las tarjetas black, una pieza separada del sumario de Bankia, la actuación policial ha sido prácticamente testimonial. En el mismo sólo consta un informe policial referido a los polémicos gastos de aquellas 'visas opacas' y el mismo no fue realizado por un grupo especializado en criminalidad económica, sino por la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Audiencia nacional. Andreu lo encargó en mayo pasado y un mes después tenía sobre la mesa un CD que contenía un documento Excel en el que simplemente se destacaban en rojo y amarillo los cargos realizados por todos los titulares en noches, festivos y fines de semana. De Rato figuraban 262 movimientos fuera de horario laboral por cerca de 60.000 euros, un 60% de los algo más de 99.000 euros que derrochó con su black. Sin embargo, los agentes no incluyeron ni conclusiones ni propuestas de actuación. Un informe "superficial", según algunas de las acusaciones, que no ha provocado preocupación a ninguno de los imputados.

Tampoco el 'caso Rato' en sus inicios parecía demasiado amenazante judicialmente para el político pese al revuelo mediático. De hecho, los tres delitos de los que se le acusaban (fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes), quedaron rápidamente reducido a dos. Además, la precipitada actuación de la Fiscalía de Madrid, luego sustituida por sus colegas de Anticorrupción, y del Servicio de Vigilancia Aduanera abrió la puerta a que la defensa de Rato se sumara a la petición de nulidad de una parte de las pruebas recabadas en los primeros registros que había hecho el otro imputado entonces, su asesor fiscal Domingo Plazas. Se basaban en el hecho de que aparecieran 22 archivadores con documentación intervenidas, cuatro más de los que se recogían en las actas levantadas. Un error que se sumaba a las críticas que recibieron los agentes de Vigilancia aduanera por la célebre imagen de uno de los integrantes poniendo la mano en la nuca del exvicepresidente para introducirle en el coche donde iba a ser conducido detenido al registro de su oficina.

Sólo los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) le habían puesto en aprietos hasta ahora... y ello pese a que el que encargó el juez Serrano-Arnal sobre la documentación intervenida en los registros de abril aún no ha está terminado pese a que el magistrado lo ha reclamado en al menos cinco ocasiones. No obstante, el avance del mismo permitió conocer las existencia de pagos sospechosos entre las empresas que se habían hecho con millonarios contratos publicitarios de Bankia y una sociedad de Portuondo, y desde ésta a otra mercantil de Rato. De ese hilo es del que ha tirado la UCO en los últimos meses para añadir un delito a las acusaciones contra el político y para elevar de dos a once el número de imputados. La retirada del pasaporte a Rato y la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado son sólo la última costatación de que los sus "temores" hacia la Guardia Civil estaban fundados.