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España

El juez investiga los contratos de la Bankia de Rato con una consultora ya salpicada en Púnica

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su llegada a la Audiencia Nacional.

La investigación sobre el origen de la fortuna de Rodrigo Rato y el 'caso Púnica' ya tienen un elemento en común: la presencia en ambos sumarios de referencias a Ruiz San Juan Consultores, una compañía por la que la Guardia Civil ya ha interrogado a varios testigos del caso Rato y de la que, por otra parte, aparecen facturas en las pesquisas sobre la trama de corrupción presuntamente encabezada por Francisco Granados. En el caso de esta última, son supuestos pagos a la firma TNS Área de Investigación SA para que ésta realizara encuestas electorales para el PP en localidades como Pozuelo de Alarzón y Alcalá de Henares. En la investigación sobre el ex vicepresidente del Gobierno su inclusión ha venido del testimonio de tres directivos de Bankia, que destacaron que la entidad financiera la contrató para unos supuestos sondeos de opinión entre los empleados a instancia de Teresa Arellano, persona de la máxima confianza del político que ocupó un puesto de alta responsabilidad en el banco tras asumir Rato la presidencia. Fuentes de la consultora reconocían este miércoles a Vozpópuli dichos trabajos, pero negaban la existencia de irregularidades e insistían en que ni la Guardia Civil ni ninguno de los dos magistrados se habían puesto en contacto con ellos hasta ahora para recabar información al respecto.

Un directivo de Bankia aseguró que la orden de contratar a Ruiz San Juan Consultores vino de Teresa Arellano, 'mano derecha' de Rodrigo Rato

El primer testigo del 'caso Rato' en ser preguntado por Ruiz San Juan Consultores fue Agustín Pascual Lozano, actual director de Compras de Bankia y que en 2012 ocupaba otro cargo inferior en el mismo departamento. Este directivo de la entidad financiera aseguró en la declaración que prestó ante la Guardia Civil el 3 de septiembre de 2015 que "en el año 2012, con la salida de Rodrigo Rato", le ordenaron "con urgencia rescindir una serie de contratos". Pascual Lozano detalló que esa orden "venía de parte de Teresa Arellano", mano derecha del ex vicepresidente del Gobierno y entonces en el equipo de Presidencia de la entidad. Una orden que, aseguró, su departamento ejecutó y que consitía en cancelar los contratos de esta consultora, además de los firmados con la empresa Plena Mente SL, una de las firmas de Alberto Portuondo, presunto 'conseguidor' de la trama e imputado por su implicación en el supuesto amaño de varios contratos de publicidad de la entidad que reportaron al político una 'mordida' de 835.000 euros. Pascual Lozano aseguró que también le pidieron poner punto final a la relación contractual que Bankia tenía con Pedro Díez, socio de Rato en una empresa británica y que, además, dirigía la firma que gestionaba las conferencias que el político daba a cambio de elevadas retribuciones.

Los agentes de la UCO le preguntaron entonces si Ruiz San Juan Consultores "tenía algo que ver con Portuondo y con Pedro Díez", lo que el directivo de Bankia aseguró desconocer. "Sólo sé que es una empresa", se limitó a decir según consta en el acta de su declaración. Poco después aportaba a los investigadores copias de varios contratos firmados por Bankia, que se han incorporado al sumario. Entre ellos están los que consiguieron tres empresas del presunto conseguidor Portuondo (3Lemon, Lateral Mente y Plena Mente), los adjudicados de Publicis y Zenith (las empresas de publicidad con varios altos cargos imputados por el supuesto pago de 'mordidas' a Rato) y el de Ruiz San Juan. Documentos, todos ellos, que no aparecen en las copias del sumario que se han facilitado a las partes, lo que ha llevado a las defensas del propio ex vicepresidente del Gobierno y de su asesor fiscal, el abogado Domingo Plazas, también investigado, a presentar varios escritos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, para reclamar que se les facilite copia.

Otros dos interrogados

Días después de la declaración de Pacual Lozano fue el turno de Juan Antonio Arribas Caballero, quien fuera jefe de compras de Bankia hasta el año 2013. Este directivo de la compañía, quien ya había declarado en agosto de 2015, fue de nuevo citado el 9 de septiembre por la Guardia Civil para ampliar su testimonio. Los agentes le preguntaron en esta segunda ocasión concretamente "qué servicios se tenían contratados con la empresa Ruiz San Juan Consultores". El empleado del banco aseguró que no recordaba dicha compañía. No obstante, la UCO le emplazó en ese mismo momento a que "a la mayor brevedad" aportase correos electrónicos referidos tanto a la contratación como a la rescisión de los contratos con las empresas de Portuondo, con Pedro Díez y con la propia Ruiz San Juan Consultores.

Una trabajadora de Bankia asegura que alertó de irregularidades en la propuesta para contratar a la consultora, pero que la secretaria de Rato ordenó ignorarlas

También sería interrogada por dicha consultoría una tercera empleada de Bankia, Yolanda Fernández García, integrante del equipo de Comunicación de la entidad financiera. Ella aseguró a la Guardia Civil que cuando Rato estaba a punto de abandonar la presidencia de Bankia recibió instrucciones verbales de Teresa Arellano para que se rescindieran los contratos con Ruiz San Juan, con Pedro Díez y con una de las sociedades del presuntos 'conseguidor' Alberto Portuondo. Esta trabajadora también detalló a los agentes que a la consultora se le encargó "realizar unas encuestas entre empleados" y que la propuesta había sido hecha, precisamente, por la secretaria de Rato, que entonces ocupaba el cargo de "coordinación de Presidencia". También añadió que dicha propuesta "era muy ambigua" y que alertó de que no podía ser aceptada por el departamento de compras, pero que Teresa Arellano le respondió que "ya se darían las oportunas explicaciones por el Comité de Dirección".

Sondeos electorales

La relación de Ruiz San Juan Consultores con el 'caso Púnica' viene de la mano de la empresa TNS Área de Investigación SA, cuyo director de proyectos, Víctor Manuel Sobrino, se encuentra imputado por malversación de caudales públicos, cohecho y fraude por el juez Eloy Velasco. Según se recoge en un reciente auto, el magistrado investiga si esta última compañía realizó "encuestas de matiz político [...] que lejos de ser abonadas por el partido político interesado en las mismas, eran pagadas con dinero público detraído de las arcas municipales". El grueso de las pesquisas en torno a esta empresa de sondeos se centra en trabajos abonados por la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez, aunque en la documentación intervenida en el registro de la sede de TNS y la aportada posteriormente por la compañía aparecen otras empresas como pagadoras de estos sondeos que eran camuflados como supuestos estudios de opinión sobre temas socioeconómicos. Entre esas compañías aparecen constructoras, una fundación cultural, sociedades del cabecilla David Marjaliza y consultoras. Una de ellas es Ruiz San Juan.

Ruiz San Juan Consultores aparece en el sumario de Púnica por el pago de encuestas electorales para el PP en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares

Como adelantó la Cadena Ser el pasado mes de noviembre, esta empresa aparece relacionada con el pago de encuestas electorales para el PP en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares. En el primero de estos municipios, durante los años 2006 y 2007 por un importe total de 21.297,5 euros. En la segunda, en 2011 por 8.000 euros. Se da la circunstancia que Alcalá de Henares es uno de los Ayuntamiento que está siendo investigado precisamente por el supuesto amaño de varios contratos municipales. Además, el que fuera su alcalde, el 'popular' Bartolomé González, 'Bartolo', hombre de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, fue señalado por el constructor David Marjaliza como uno de los cargos públicos que recibieron 'mordidas'. En su caso, de 60.000 euros, que él siempre ha negado. Otra empresa ligada a la consultora, Focus Asesoría e Imagen, también figura en el sumario de Púnica por idéntico motivo. Facturas supuestamente abonadas por esta firma a TNS revelan que esta también abonó sondeos electorales. En su caso, para uno de los 'feudos' de la trama, Móstoles, durante los años 2013, 2014 y 2015 por un total de 28.461 euros, según la documentación del sumario.

Vozpópuli se puso este miércoles en contacto telefónico con la sede en Madrid de Ruiz San Juan Consultores, donde un empleado, que no se quiso identificar, reconoció que la compañía había tenido "una relación profesional" con Bankia que había sido "muy satisfactoria" y que no había provocado "ningún tipo de problema". También rechazó que se hubieran producido irregularidades en dicho contrato y recalcó que ni el juez ni la Guardia Civil se había dirigido hasta ahora a ellos para solicitarles ningún tipo de aclaración. También admitió haber trabajado para TNS Area de Investigación SA, la empresa de sondeos cuyo director de proyectos, Víctor Manuel Sobrino, ha sido imputado en el 'caso Púnica'. No obstante, aclaró que las facturas intervenidas en la sede de esta última compañía y en las que figura Ruiz San Juan Consultores como pagador de diversos sondeos electorales, eran de "hace bastantes años". Reiteró que tampoco en este caso se les ha solicitado información ni documentación "de ningún tipo" por parte del juez Velasco y la UCO.

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