El 'caso Rato', a cámara lenta: el juez aún no ha tramitado ninguna comisión rogatoria

EEUU, Luxemburgo, Suiza, Gran Bretaña, Irlanda... y hasta Suazilandia. El informe de la Agencia Tributaria que desembocó el pasado mes de abril en la detención del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, menciona hasta 21 de países, entre ellos varios paraísos fiscales, con los que el político tiene supuestamente vínculos societarios o hizo movimientos de dinero. Pese a ello, 45 días después de arresto, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, no ha ordenado aún ninguna diligencia destinada a destapar la supuesta trama internacional del que fuera director gerente del Fondo Monetario Interional (FMI). Según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación, hasta el momento no se ha tramitado ninguna comisión rogatoria para recabar información pese a que los documentos incorporados a la causa identifican varias de las mercantiles foráneas vinculadas al expresidente de Bankia y Caja Madrid. Algunas de ellas, de hecho, han sufrido recientemente cambios en sus estructuras, como ha adelantado Vozpópuli en las últimas semanas.

El informe de Hacienda detallaba movimientos de fondos con 21 países y las conexiones internacionales de siete empresas ligadas con el exvicepresidente del Gobierno

El documento de Hacienda dedica un amplio espacio, precisamente, a esas conexiones internacionales. Así, tiene un apartado, que denomina "riesgo 9. Movimiento de divisas" en el que detalla el trasiego de moneda extranjera que entre los años 2009 y 2014 mantuvo o bien Rato y su entorno familiar, o bien las empresas en las que de un modo más o menos directo tiene participación. En total fueron 13,2 millones de euros de entrada y algo más de 3 millones de salidas que venían o iban a EE.UU, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Bélgica,Gibraltar, Países Bajos, Dominica, Suiza, Alemania, Suazilandia, Brasil, Francia, Italia, Australia, Hong Kong, China, Noruega, Canadá, Isla Navidad y Georgia. Entre todos ellos, destaca a los siete primeros por el volumen de fondos movidos con ellos que considera, además, "alejado de la realización de un actividad económica real en el exterior".

La Agencia Tributaria también considera que el político y su familia tienen "varias estructuras internacionales con una importante dosis de opacidad" de las que identifica algunas empresas clave. Así, destaca que Rato posee una parte importante de la propiedad de un hotel en Berlín a través de una empresa española, Kradonara 2001 SL, que a su vez es propiedad al 100% de una sociedad británica, Vivaway Limited, con conexiones tanto en Gibraltar como en Islas Vírgenes. Junto e éstas, posee también un porcentaje de la mercantil alemana Bagerpleta GMBH a través de la británica Vivaway y de otra sociedad española, Rodanman Gestion 3 SL. Junto a todas estas figura otra compañía con sede en Londres, Lilac Trading Limited, que utiliza el mismo agente gibraltareño que otras empresas de la trama, y una sociedad panameña, Westcastle Corporation SA, con sede en Suiza. Incluso menciona una compañía española, Guide Brigde Capital, con fuertes relaciones con el extranjero y, más en concreto, con el fondo internacional TGP domiciliado en el estado norteamericano de Delawere, célebre por su laxa fiscalidad.

"Elevado tráfico financiero"

Todo ello lleva a los autores del informe de la Agencia Tributaria a concluir que "don Rodrigo Rato tiene por sí mismo o a través de sociedades un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales, por haberlo sido anteriormente o por tener severas restricciones en el acceso a la información bancaria. Lo anterior choca frontalmente con una actividad empresarial y profesional real básicamente nacional y escasamente internacional”, añaden. Pese a ello, el documento dirigido a la Fiscalía, y que sirvió de base a ésta para presentar la denuncia que desembocó en el arresto del exvicepresidente del Gobierno, no plantea que se solicite al juzgado ninguna diligencia dirigida al exterior. Sí pedía el registro de la vivienda y oficina del político, "incluso con la autorización de la fuerza si fuera necesario", y el bloqueo de cuentas bancarias y bienes. Medidas éstas, junto a la toma de declaración de Rato y del titular de un bufete gaditano que supuestamente participó en crear el entramado societario, que la Fiscalía trasladó en su denuncia ante el juez. El Ministerio Público tampoco planteó al magistrado la necesidad de solicitar la colaboración internacional en ese momento.

El sumario ha 'engordado' poco desde el arresto de Rato. El interrogatorio de éste, que fue la primera diligencia que pidió la Fiscalía, aún no se ha practicado

Desde entonces, según fuentes cercanas a la investigación, tampoco se ha hecho. De hecho, en los algo más de 45 días transcurridos desde el arresto del exvicepresidente del Gobierno, el sumario ha 'engordado' poco. En parte por las propias discrepancias en el seno del Ministerio Público, que llevó a Anticorrupción a desplazar en la causa a sus colegas de Madrid y, con ello, a cambiar el criterio sobre algunas de las acusaciones. En concreto, considera "inconcretas" las acusaciones de blanqueo. También ha ralentizado la causa el intento del juez madrileño de inhibirse en favor del magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia', que finalmente fue rechazado por la Audiencia Provincial. Por todo ello, en este tiempo únicamente se ha incorporado la documentación intervenida en los registros (y que aún permanece secreta) y diversos escritos de la defensa y el Ministerio Público relacionados con el desbloqueo de las cuentas y la reciente imposición de una fianza civil de 18 millones de euros, entre otros trámites procesales. La defensa también ha presentado escritos para desmontar las acusaciones que pesan sobre Rato, entre ellos uno en el que intenta justificar la donación de más de 2 millones de euros a sus tres hijos que sirve para imputarle un delito de alzamiento de bienes.

También figura uno de la Fiscalía solicitando la participación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación de la posible comisión de un delito de blanqueo. Salvo eso, poco más. De hecho, la Agencia Tributaria, que debe entregar al juez Serrano un informe sobre la documentación intervenida, aún no lo ha hecho. A la Guardia Civil, que aún no ha tenido aceso a toda la información, no ha tenido tiempo. Todo ello ha hecho que, mes y medio después del arresto, aún no se haya practicado la primera diligencia que la Fiscalía pidió el pasado mes de abril en el escrito que abrió el caso: la toma de declaración "en calidad de imputados" del exvicepresidente del Gobierno y el abogado que trabajaba para él. Como reconocen las fuentes cercanas a la investigación consultadas, "todo fue muy rápido al principio, y ahora va muy despacio". Las comisiones rogatorias previsiblemente aún tendrán que esperar.