Publicado: 27/04/2015 10:55
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, bajo sospecha por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal, sólo regularizó en 2012, a través de la llamada amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy, 115.000 euros hasta ese momento ocultos para Hacienda. Rato, que antes de acogerse a la Declaración Tributaria Especial en noviembre de 2012 consultó sobre la medida al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pagó poco más de 11.500 euros (el 10%) por aflorar su patrimonio opaco, que cifró en esos 115.333 euros, según cuenta este lunes el diario La Vanguardia.
Las sospechas quedaron confirmadas cuando se cruzaron los datos de la amnistía fiscal con los de la Declaración de Bienes en el Extranjero
La declaración de Rato provocó sorpresa e incredulidad en la Agencia Tributaria. No porque tuviese dinero oculto al fisco, sino por la cantidad, que a los inspectores les pareció muy escasa para corresponder a un antiguo vicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Esas sospechas quedaron confirmadas posteriormente cuando se cruzaron, meses después, los datos de la amnistía fiscal con la información de la obligada Declaración de Bienes en el Extranjero. La ONIF apreció incongruencias entre ambas y comenzó a investigar a Rato.
Discreta investigación
Era verano de 2013. Las pesquisas se desarrollaron en un principio de manera muy discreta, para evitar que el afectado supiese de las mismas. Montoro, tras conocer lo que ocurría, informó únicamente a Rajoy, que recibe la noticia con contrariedad pero no con sorpresa, según las fuentes citadas por La Vanguardia.
En enero de este año, la ONIF decide acudir con los indicios detectados a la Fiscalía Anticorrupción, pero ante la falta de interés de ésta y para evitar que se archivara un caso de enorme trascendencia recurre a la unidad de delincuencia económica de la Fiscalía de Madrid. El 15 de abril se presenta formalmente la denuncia y, esa misma tarde, el Gobierno es consciente de que al día siguiente se producirán los registros. Valiéndose del factor sorpresa para evitar la destrucción de pruebas, la ONIF decide que sean los agentes de Vigilancia Aduanera los que acudan al domicilio de Rato. Los responsables de esta unidad piden poder detener al sospechoso en caso de que niegue a acompañarles en los registros, algo que autoriza el juez y que derivó en la ya cébere fotografía del arresto del exvicepresidente del Gobierno de Aznar.
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