SE LEVANTA EL SECRETO DEl SUMARIO El juez del caso Imelsa imputa al PP por blanqueo y pide que Barberá declare

Tanto Barberá como el exconcejal Miguel Domínguez podrían declarar voluntariamente en el marco de la pieza separada del Caso Imelsa que se sigue por un supuesto delito de blanqueo del PP.

El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha imputado al PP por blanqueo y ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadoraRita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa. Asimismo, el magistrado también ofrece declarar al diputado autonómico Miguel Domínguez antes de decidir si eleva al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la causa, según ha informado el TSJCV.

Entiende el Ministerio Público que “existen indicios suficientes de la participación” de Barberá y Domínguez en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular al amparo de los artículos 302.2 del Código Penal y 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En un auto notificado este lunes, el instructor explica que los escritos presentados por el fiscal “contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición”. El juez, sin embargo, considera oportuno seguir la doctrina del Tribunal Supremo y agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto el TS como el TSJ dispongan de la máxima información que les pueda ser de utilidad para “valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas”.

La imputación se ha extendido al PP de la ciudad de Valencia por blanqueo y el juez ha citado a declarar de nuevo a cuatro investigados

Por este motivo, el titular de Instrucción 18 ha decidido también interrogar de nuevo a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata del concejal Alfonso Novo, la exedil María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular Mª Carmen García-Fuster y de la secretaria de ésta, María José Pi Palau, quienes, según el magistrado instructor, tenían, al menos indiciariamente, “mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”. Tendrán que declarar de nuevo ante el juez el día 8 de abril.

Cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, declarar, es decir, suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a la verdad, que es el único interés y finalidad de toda instrucción judicial”, arguye el juez, quien, para agotar la investigación, acuerda, igualmente, ofrecer a los dos aforados, Barberá y Domínguez, la posibilidad de ser oídos voluntariamente sobre unos hechos por los que podrían resultar imputados. Se basa el magistrado en la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual “deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, lo que pasará por recibirle declaración si voluntariamente se presta a ello”.

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de la pieza principal hasta el 14 de abril, en la que figuran como investigadas 49 personas entre ediles -todos excepto el independiente Eusebio Monsó-, exconcejales y asesores.


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