La Ley de Educación incendia de nuevo las relaciones entre Gobierno y Generalitat

La reforma educativa del ministro Wert, por la que se intenta garantizar la educación en castellano en las comunidades con lengua cooficial, ha servido para cortocircuitar los puentes entre el Gobierno central y la Generalitat ya muy deteriorados tras la deriva soberanista de Artur Mas y la situación creada  por el adelanto electoral, que obliga a un dificultoso pacto de gobernabilidad. El titular de Educación ha puesto el dedo sobre una de las cuestiones más identitarias, la lengua, y a los nacionalistas catalanes les ha bastado un segundo para salir en tromba contra una propuesta que, según matizan en Moncloa "es un borrador, no un decreto-ley", lo que aventura que pueda haber alguna modificación.

La reacción en Cataluña, no sólo de los nacionalistas, puesto que también se ha sumado el PSC, tampoco es que haya pillado por sorpresa al Gobierno, que cree que la comunidad catalana "ya estaba incendiada antes de la Ley". En todo caso sí dificulta las relaciones institucionales con la Generalitat, que las políticas ya andan bastante deterioradas. Hasta el siempre ubicuo portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, cree que la reforma Wert "es inadmisible", persigue "cargarse" el catalán. "El PP quiere cargarse la inmersión lingüística y el catalán, no hay nada que hablar, es inadmisible", dijo ayer a través de twitter.

Artur Mas se apresuró ayer a convocar una "cumbre" de los partidos favorables a la inmersión lingüística y del sector educativo frente a la "ofensiva" en contra de la lengua catalana en la escuela, según informó el portavoz en funciones del gobierno de la Generalitat, Francesc Homs. Lo cierto es que la borrador de Wert está sirviendo de revulsivo a los nacionalistas e independentistas catalanes. De hecho, el líder de ERC, Oriol Junqueras, no sólo ha defendido que Cataluña siga aplicando su política educativa de inmersión lingüística, que ya se salta varias sentencias del Tribunal Supremo, sino que cree incluso innecesario acudir al Constitucional.

La polémica ayuda a Artur Mas a enmascarar su cuarto plan de recortes, este último por 4.000 millones de euros

El que se configura como el más que seguro socio de CiU para la gobernabilidad de la nueva legislatura catalana defiende que "no hay que poner parches" a esta futura ley, sino que la Generalitat "debe seguir aplicando el marco legal educativo vigente" en Cataluña, que es la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y, al mismo tiempo, "acelerar el proceso hacia la consulta de autodeterminación".

Wert dijo ayer que era "radicalmente falso" que se pretendiera acabar con la inmersión lingüística. Explicó que su norma, al menos el borrador de su norma,  atiende la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo: el catalán, como cualquier otra lengua cooficial, puede ser empleado en proporción superior del castellano, pero no prrmite la exclusión o reducción del idioma común de toda España. Lo novedoso es el mecanismo para que, en caso de que no exista oferta pública o concertada de castellano, se pueda acudir a la educación privada previa financiación pública. En todo caso, hasta el ministro dijo que "no se trata de un texto petrificado" y que el 19 de diciembre habrá una nueva convocatoria de la conferencia sectorial para "ampliar el plazo de debate", después que la consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, se saliera de la reunión de ayer.

Lo cierto es que ha creado otro motivo de litigio entre la Generalitat y el Ejecutivo central, que no le viene del todo mal a Mas, inmerso ahora en un cuarto plan de recortes por valor de 4.000 millones de euros.