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España

La reforma constitucional: tres propuestas profundas y una negación

Ejemplar de la Constitución de 1978.

La Constitución, hace cuatro años indiscutible, ha entrado en el terreno de la política. El texto de 1978, que ha garantizado la convivencia en estos últimos 37 años y posibilitó la época de democracia más estable de la Historia de España, tiene, a decir de muchos, problemas importantes que deben ser subsanados en la próxima y decisiva legislatura.

El parlamento que saldrá de las urnas el próximo día 20 estará más atomizado que nunca. Terminó el tiempo de las grandes mayorías y el bipartidismo, llega un panorama nuevo impulsado por dos partidos, Ciudadanos y Podemos, que han hecho de la reforma constitucional una de sus principales banderas. Por el momento solo ha habido dos cambios en la legislación desde su puesta en vigor: la adecuación del voto a los europeos en virtud del tratado de Maastrich y la imposición de un techo de gasto en 2011, una medida hoy muy criticada por algunos partidos. La reforma parece inevitable y todas las fuerzas coinciden, al menos, en una cuestión: el texto nuevo tiene que contar con un respaldo importante, similar al que se consiguió en el texto del 78.

PP

El partido del Gobierno, que apunta a seguir siendo la fuerza más votada según las encuestas, es la más reticente a cualquier cambio en la Carta Magna. Tanto es así que en su programa no hay ninguna referencia directa a un cambio en la ley fundamental. En los actos de celebración del pasado día 6 de diciembre Rajoy dijo a los periodistas que su partido está abierto a estudiar un cambio constitucional, aunque dejó claro que para ello ve necesario un gran consenso y que no es una cuestión prioritaria. También expresó sus dudas sobre las propuestas del resto de partidos al respecto.

El PP no contempla en su programa una reforma constitucional, aunque recientemente Rajoy ha dejado la puerta abierta a que haya una

La posición del PP ha ido virando en esta cuestión en los últimos meses, en algunas ocasiones se han cerrado en banda a cualquier modificación y en otras han abierto la puerta a un cambio, como hiciera en verano Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno llegó incluso a dejar caer las líneas de una posible modificación, que coinciden con un dictamen del Consejo de Estado de 2006 y que contemplaba cambios en la sucesión a la Corona, el Senado, las Comunidades Autónomas y la inclusión de la Unión Europea en el texto constitucional. Un cambio cosmético y en cuestiones en las que todos los partidos pueden coincidir.

PSOE

El PSOE ha mostrado siempre más cercanía a un cambio constitucional que su tradicional rival político. De hecho, el dictamen del Consejo de Estado que ahora no ven con malos ojos en Génova fue una petición del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la que Aznar se opuso.

A los de Pedro Sánchez no les ha costado, por lo tanto, subirse a la ola de cambio e incluir en su programa una reforma constitucional que tiene como nota más llamativa la conversión del sistema autonómico en federal. “El federalismo, en efecto, es un sistema que defiende la unidad del Estado, respetando la diversidad, a partir de una distribución interna de poderes y responsabilidades”, explica el programa socialista.

La principal ruptura del PSOE es la creación de un estado federal que sustituya al sistema autonómico actual

No explica el programa con profusión cuáles son las diferencias entre un Estado autonómico y uno federal. Expresa, eso sí, que creen necesaria la clarificación de las competencias de cada nivel del Estado, la inclusión de los nombres de las comunidades (llamadas así y no estados como suelen denominarse en el modelo federal) en el texto constitucional, una redefinición del Senado –que se establecería en Barcelona- para convertirlo efectivamente en una cámara de representación territorial; y una especificación de las singularidades de cada autonomía. El PSOE tratará a Andalucía con especial mimo en estas cuestiones, equiparando sus especificidades a las del resto de autonomías históricas.

También contempla la reforma constitucional del PSOE la necesidad de blindar los derechos sociales que en ella se contemplan, incluyendo en esto una nueva reforma del 135 que cambiaron cuatro años antes junto al PP para colocar un techo de gasto. El PSOE plantea la necesidad de incluir en el texto constitucional la renta mínima y el refuerzo del sistema público de servicios sociales.

El extenso catálogo de cambios constitucionales que proponen los socialistas también refleja una actualización de los derechos y libertades que, según su planteamiento, deben recaer en “las personas” y no solo en los españoles como recoge la actual Carta Magna. Algunas de las cuestiones son ya parte del cuerpo legal español pero no tienen reflejo en el texto constitucional y los socialistas quieren incluirlas, como la supresión definitiva de la pena de muerte incluso para casos militares, la igualdad de sexo –incluso en la sucesión a la corona- o los derechos de protección de datos.

El PSOE marca que el texto constitucional tiene que proclamar la laicidad en España y, en otros lugares del programa –no es incluye en el epígrafe de cambio constitucional- asegura que tiene que suprimir la referencia a la religión católica que actualmente aparece en la Carta Magna. Los socialistas contemplan asimismo una reforma del sistema democrático con la obligación de procesos de primarias, una mejor proporcionalidad en el reparto de escaños y la institución de listas abiertas.

En cuestiones de Justicia, los cambios son escasos y solo proclama la necesidad de garantizar su independencia, algo común en todos los programas de todos los partidos.

Ciudadanos

Es, probablemente, la reforma más radical de todas las que hay encima de la mesa. Ciudadanos quiere hacer un cambio profundo de las instituciones, una modificación que pasa incluso por la supresión de muchos de los organismos que han marcado el pulso del estado en los últimos 35 años: Senado, diputaciones provinciales, Consejo General del Poder Judicial…

La formación naranja plantea primero organizar y blindar los derechos sociales, además de incluir algunos otros que ya forman parte del corpus legal español pero no de la Constitución. El mayor cambio en este sentido que proponen los de Rivera es la exigencia de que se incluya en esos derechos una garantía de dotación presupuestaria. Es una ocurrencia para que no suceda lo que pasa ahora mismo, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, que está recogido en la Constitución pero su presencia en la Carta Magna no tiene consecuencias reales al no tener un presupuesto que lo respalde.

C's pretende suprimir el Senado, las diputaciones provinciales o el CGPJ en una reforma radical de la Carta Magna

La cuestión territorial es, desde su fundación, uno de los puntos clave en el ideario de Ciudadanos. En su reforma constitucional proponen suprimir la disposición transitoria cuarta, que establece la posibilidad de la incorporación de Navarra al País Vasco; la supresión del Senado y su cambio por un Consejo de presidentes autonómicos; y clarificar y establecer definitivamente qué competencias recaen en el estado central y cuáles son propias de las autonomías.

Profunda es también la reforma propuesta en la Justicia. Contempla el cambio de C’s la supresión del CGPJ, pues lo consideran un organismo político que obstruye la separación de poderes. La despolitización del sistema es la clave de esta reforma, que recoge concursos reglados para los nombramientos y la limitación de las “puertas giratorias” entre la justicia y la política.

También es radical el cambio en el sistema electoral. La provincia dejará de ser la circunscripción base para pasar a un sistema dual que contempla una lista nacional de partidos que entregará la mitad de los diputados y el resto serán elegidos en circunscripciones nuevas de población similar. La propuesta está inspirada en el sistema de elección directa que utilizan en Alemania para elegir el Bundestag. Esto, unido a la supresión del Senado, comporta un cambio profundo y radical del poder legislativo.

La tijera de Rivera no termina ahí, también quiere algunas modificaciones en el ejecutivo como la supresión del decreto ley, utilizado actualmente para legislar desde el ejecutivo sin pasar por las cámaras. C’s incluye también propuestas que son comunes con la de los otros partidos alternativa de gobierno: transparencia, cambio en las iniciativas legislativas populares o supresión de los aforamientos a políticos.

La reforma de la Constitución y de las instituciones es el norte de Ciudadanos, el primer punto de su programa electoral y el principal motivo que esgrimen para ser votados en su discurso.

Podemos

El centro de la extensa reforma constitucional que plantea Podemos tiene que ver con el mayor desarrollo y blindaje de los derechos sociales. El texto del partido de Pablo Iglesias considera que las instituciones públicas tienen que proteger el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno recogidos ahora mismo en el artículo 53 que debe ser equiparado a los derechos civiles y políticos que hoy en día vertebran la Carta Magna.

Es novedoso también el sistema autonómico que propone el partido morado. Especialmente la existencia de consultas regionales, cuestión que abriría la puerta a un referéndum de independencia en Cataluña. La reforma de las instituciones no recoge una supresión del Senado, pero sí un cambio en su modo de elección, en bloque y por las autonomías; de su tamaño, que sería más pequeño; y de sus funciones, mucho más encaminado a ser una cámara de representación territorial.

La reforma de Podemos contempla la existencia de referéndums autonómicos, lo que abre la puerta a la independencia de Cataluña

Podemos también modificaría el sistema electoral. La idea de Pablo Iglesias es cambiar la circunscripción provincial por la autonómica, confiando así en que haya un mayor equilibrio de votantes del que existe actualmente.

La reforma de Podemos llegará también a la Justicia, que como el resto de grupos quieren despolitizar. En este caso no se plantean la supresión del CGPJ pero sí una modificación de la elección de sus miembros.

El partido morado quiere incluir cuestiones de transparencia en la Constitución, así como de supresión de la corrupción con la inclusión de la prohibición de las puertas giratorias, uno de los lemas más repetidos en campaña por Pablo Iglesias.

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