Publicado: 22/10/2015 04:00
La Defensora del Pueblo ha enviado una “recomendación” a la Dirección General de la Policía para que modifique el procedimiento que siguen los policías nacionales de Madrid con los detenidos que pasan en los calabozos más tiempo del que establece la ley.
El abogado Antonio Alberca Pérez, presidente de la Asociación Justitia et Veritas, elevó una queja a Soledad Becerril, ya que consideraba que las detenciones superaban el tiempo que marca la norma. La queja tenía que ver con la costumbre de la Policía Nacional de que, sin ninguna justificación, trasladaba a todos los detenidos por la noche a dormir a las instalaciones policiales de Moratalaz, en vez de llevarlos inmediatamente ante el juez.
Becerril ha pedido a la Policía que ponga a los detenidos a disposición judicial "de manera inmediata"
La Dirección General de la Policía confirmó a la Defensora del Pueblo los datos que había facilitado el letrado respecto a los trámites seguidos con los detenidos antes de su puesta a disposición judicial. En la respuesta al letrado, la institución cita el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, la Defensora del Pueblo insta a la Policía a que modifique el procedimiento de las brigadas y comisarías de Madrid para poner a los detenidos a disposición judicial “de manera que no dure más del tiempo estrictamente necesario para practicar las diligencias del atestado policial”.
El presidente de Justitia y Veritas ya había denunciado esta situación al ministro del Interior, Jorge Fernández, que le contestó, por medio de uno de sus altos cargos, que esta situación se producía “por disposiciones verbales de distintos jueces decanos, al no poder materializarse de otra forma, dado el volumen de detenidos diarios que pasan a disposición (100 aproximadamente)”.
En su queja al ministro, Alberca explicaba que esta situación no se produce en otros puntos de España y denunciaba que “se prolonga ilícitamente la duración de la detención” durante más horas de las marcadas.
El letrado señalaba que el detenido, una vez practicadas todas las diligencias policiales de investigación, no es puesto inmediatamente a disposición judicial, tal y como se dispone en la Constitución, “sino que debe esperar encerrado en una celda de comisaría a veces un día completo”. Alega que esta situación carece de sustento legal y es contraria a la Constitución y otras normas de menor rango.
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