El PSOE pretende prohibir por ley la amnistía fiscal

La amnistía fiscal de Cristóbal Montoro puede ser la última de la historia si el Partido Socialista lleva a la práctica la declaración que ya ha incluido en su ponencia política. El PSOE asegura en ese texto que “no puede admitirse la amnistía fiscal en ningún caso” y plantea que una futura reforma constitucional prohíba “de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal”.

En el punto 854, el PSOE plantea que cualquier futura reforma constitucional incluya esa prohibición de forma explícita y la justifica con el argumento de que las amnistías fiscales son “una de las medidas más injustas e ineficientes que puede adoptar un gobierno” y cuyo “daño para la moral tributaria ciudadana es inconmensurable”.

El PSOE defiende prohibir "de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal” en una reforma constitucional

Por ese motivo, afirman también que en caso de llegar al gobierno intentarán “invalidar” la amnistía promovida por Cristóbal Montoro y prometen “el análisis en profundidad de la procedencia de los fondos acogidos a la misma”.  

El compromiso electoral se suma a la ofensiva que el PSOE ya ha desarrollado en el Tribunal Constitucional ante el que ha recurrido la norma aprobada por el ministerio de Hacienda. El PSOE recurrió esa amnistía con el argumento de que vulneraba los principios de "gualdad, proporcionalidad y progresividad", al colocar a los defraudadores en una situación de "absoluto privilegio fiscal", afirmaba el texto del recurso. Sin embargo, los socialsitas admiten que no confían en que un tribunal que ahora tiene una clara mayoría conservadora dé marcha atrás a la amnistía.

Una promesa de futuro con consecuencias de pasado

La revisión que promete el PSOE podría eventualmente menguar más la recaudación obtenida por el gobierno de Mariano Rajoy con lo que bautizó como “Declaración Tributaria Especial” (DTE). El Gobierno preveía ingresar 2.482 millones con esa amnistía fiscal. Los resultados oficiales fueron mucho menores: apenas afloraron 1.195 millones de euros, menos de la mitad de la previsión inicial del Ejecutivo, una cifra que ha sido disputada por los propios inspectores que denuncian que el Gobierno ha incluido en esa cantidad conceptos de la lucha contra el fraude tradicional que no corresponden a la amnistía fiscal. 

Sea como fuere, una revisión de esa amnistía podría suponer un problema jurídico para quienes se acogieron a ella confiando en el carácter definitivo de la norma aprobada por el PP y también un problema económico para el Estado que se vería obligado a recortar su recaudación en hasta 1.195 millones de euros en un momento en el que continúan las estrecheces de las arcas públicas. El impacto de esa revisión sería, además, desigual por territorios. Según los datos de los técnicos de Hacienda (Gestha), dos de cada tres euros aflorados han sido recaudados en Madrid y Cataluña. La Comunidad Valenciana ocupó el tercer puesto en la recaudación (un 10% del total). En el resto España, el impacto de esa amnistía ha sido nulo. Así, Madrid recaudó 463,8 millones de euros por la amnistía fiscal y Cataluña 303,8 millones, mientras que la Comunidad Valenciana afloró 124,3 millones.