Publicado: 05/03/2014 13:44
El grupo municipal del PP en Santiago de Compostela cuenta actualmente con trece miembros, de los cuales diez están imputados, incluído su alcalde, Ángel Currás, en alguna de las seis causas abiertas en los últimos dos años en este Ayuntamiento.
Esto se produce después de que el juzgado de instrucción número uno de Santiago notificara este lunes el auto de apertura de juicio oral contra siete concejales del PP de Santiago por presunta prevaricación al haber acordado en junta de gobierno pagar con fondos públicos la defensa de un imputado en la operación Pokemon.
Ana López Suevos, jueza titular de este juzgado, ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía haya hecho un escrito en el que pide nueve años de inhabilitación para estos concejales.
La pasada semana la titular del juzgado número uno de instrucción de Santiago dictó otro auto para convertir el procedimiento contra estos concejales en abreviado, por lo que daba diez días a la Fiscalía para hacer acusación o pedir el archivo de la causa. Pese al acuerdo adoptado por estos siete concejales en junta de gobierno, finalmente no se hizo ningún desembolso y el concejal de Deportes está costeando su defensa con sus medios.
La magistrada Ana López Suevos acuerda la apertura de juicio tras esta petición del fiscal que inhabilita a los siete ediles para el ejercicio de empleo o cargo público. El auto de la magistrada también da a los imputados un plazo de tres días para designar abogados y luego diez más para formular escrito de conformidad o disconformidad con la acusación.
Los concejales imputados que decidieron en Junta de Gobierno adoptar este acuerdo son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. A esta junta no asistió el alcalde, Ángel Currás.
Además, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha salido en respaldo de la magistrada, al rechazar en un escrito comentarios publicados que cuestionan la independencia de la titular del número 1 de instrucción.
Además de los diez mencionados, otro concejal del PP ha dimitido por estar imputado en una de estas causas y haberle sido impuesta libertad bajo fianza, la misma situación que un ex asesor del anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, que a su vez está imputado y que dimitió por otra causa, en la que fue condenado por fraude fiscal. También está imputado un concejal de la oposición, Bernardino Rama, del PSOE.
También el lunes la portavoz del gobierno municipal de Santiago, María Pardo, proclamó su inocencia e insistió en su creencia de que el Gobierno local terminará el mandato, pese los casos judiciales en que están inmersos miembros de la corporación.
El PP gallego pondrá en conocimiento del comité de garantías la decisión de la jueza y estudiará las distintas opciones.
Piden medidas urgentes
La situación provocada por la última decisión judicial en el ayuntamiento de Santiago, con la apertura de juicio oral a siete concejales del PP por presunta prevaricación, ha llevado este miércoles a toda la oposición en el Parlamento gallego a pedir al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo que actúe y tome medidas.
Mientras, el portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, ha asegurado que su partido tomará las medidas que tenga que tomar, si tiene que hacerlo, cuando llegue el momento y ha afirmado que hasta donde él conoce su partido "nunca amparó ningún caso de corrupción".
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