Programa electoral

El PP apuesta por instaurar un sistema de doble vuelta en las municipales

Esta propuesta, incluída en el programa para el 20-D, supone la reedición de su promesa en 2011 de promover una reforma de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada en el ámbito municipal o establecer una segunda vuelta si no hay una mayoría amplia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la vicesecretaria de Estudios del partido, Andrea Levy, durante la presentación de parte del programa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la vicesecretaria de Estudios del partido, Andrea Levy, durante la presentación de parte del programa. EFE

Con el escenario político sumido en la incertidumbre y una estabilidad en duda ante la fragmentación de los apoyos, el PP ha decidido dar el todo por el todo en estas elecciones generales y proponer aquello que debido a la presión del momento no llevaron a cabo a lo largo del último año: la doble vuelta en las elecciones municipales. Esta propuesta, incluida en el programa para el 20-D, supone la reedición de su promesa en 2011 de promover una reforma de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada en el ámbito municipal. Con esta nueva regulación primará la gobernabilidad de los partidos que hayan ganado claramente las elecciones con una distancia considerable de la segunda fuerza, y en caso de no obtener una mayoría amplia se propondrá un sistema de doble vuelta.

El Gobierno propone el "respeto de la costumbre constitucional" de que sólo formará gobierno la candidatura más votada en las generales

Así lo recoge la formación en el Gobierno en el capítulo de su programa dedicado a la unidad de España y la Carta Magna, en el que el PP incluye un total de 29 medidas centradas sobre todo en "profundizar", según explica, la calidad de la democracia. Respecto a las elecciones generales, el Gobierno propone el "respeto de la costumbre constitucional" de que sólo formará gobierno la candidatura más votada en las elecciones al Congreso de los Diputados. Esta decisión tiene lugar en un momento en el que los pactos postelectorales podrían impedir a Mariano Rajoy seguir en La Moncloa después de estos comicios, en los que la mayoría de las encuestas le sitúa como primera fuerza, pero sin los suficientes escaños como para gobernar si así lo acuerdan el resto de formaciones.

Además, el PP no considera necesaria una reforma de la Constitución y ciñe las modificaciones al ámbito institucional, en cuestiones como la reforma del Congreso o del Senado. Se trata de promesas que Rajoy ya incluyó en su oferta electoral de 2011 pero que finalmente no ha llevado a cabo en esta legislatura. Asimismo, y en medio del desafío independentista abierto en Cataluña, el PP hace hincapié en su programa en la defensa de la unidad de España. "El PP garantiza, y garantizará siempre, que ni España ni la soberanía nacional van a ser troceadas. Aplicaremos todos los recursos y todos los mecanismos que la Constitución nos habilita para plantar cara a los que quieren que una parte de España deje de serlo", proclama, para añadir que Mariano Rajoy está "decidido a hacer valer los principios democráticos".

En este punto, el PP reafirma su compromiso con la Carta Magna. "La Constitución es de todos, y no vamos a aceptar que se cuestione su vigencia, sin ningún fundamento", enfatiza, para añadir que las reformas que España necesita deben afrontarse con lealtad institucional sin necesidad de "rectificar el número de las decisiones fundamentales adoptadas en el 78".

Además, el PP se compromete a defender el Estado de las Autonomías; garantizar los servicios públicos esenciales; incorporar a la Ley que regula el uso de la bandera y otros símbolos las previsiones y mecanismos jurídicos que garanticen su estricto cumplimiento; potenciar la Conferencia de Presidentes para mejorar las relaciones entre Estado y CC.AA.; reducir la duración de la campaña electoral y los gastos electorales; acabar con el voto rogado de los españoles en el extranjero "mejorando el procedimiento actual"; reformar el Congreso para una mayor rendición de cuentas; mayor proporcionalidad en los tiempos en el Congreso; un Senado renovado, "capaz de canalizar el dinamismo" de la realidad autonómica española y potenciar la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su presentación y tramitación.

Propone un acuerdo para garantizar la independencia del CGPJ

En relación a la independencia judicial, un asunto en el punto de mira de la ciudadanía, el PP promueve un acuerdo con los partidos para garantizar "la independencia" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y buscar criterios "objetivos" en la elección de sus miembros. Además, plantea presentar un nuevo Código Penal Procesal que agilice los tiempos de la Justicia; fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales; reformas procesales en materia de desahucios para lograr mayor seguridad jurídica; e incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

El PP no ha incluido en este capítulo medidas relativas al Tribunal Constitucional como sí hizo en 2011 debido al momento delicado con el TC en el desafío catalán

Sin embargo, el PP no ha incluido en este capítulo medidas relativas al Tribunal Constitucional como sí hizo en 2011, entre ellas cambiar el procedimiento de elección de los magistrados del TC y que no se llegó a cumplir esta legislatura. En las filas del PP apuntan a la conveniencia de no entrar en este asunto en un momento en que este tribunal tiene un papel clave ante el desafío secesionista abierto en Cataluña.

Más indemnizaciones a las víctimas del terrorismo

Además, el PP quiere hacer un guiño a las víctimas del terrorismo y se compromete en su programa a ampliar las indemnizaciones a estas personas con independencia del lugar en que se sufra el atentado, sea en España o en el extranjero -después de su propia reforma de la Ley de la Justicia Universal se le cerró la puerta a prestar amparo a estas víctimas-. Además, plantea promover la creación de un equipo multidisciplinar dirigido por un fiscal especial para la investigación de los atentados de ETA sin resolver.

Tras asegurar que la "condena expresa del terrorismo de ETA es un principio ético irrenunciable", el PP sostiene que han llegado a las "puertas del final del terrorismo" y que el reto ahora es "no bajar la guardia, seguir actuando desde la eficacia de la ley" y trabajar por la "memoria, verdad, dignidad y justicia de las víctimas". "El compromiso del PP es firme para que el terrorismo y quienes lo han apoyado no consigan nunca la impunidad ni imponer su relato", afirma en su programa. Durante su redacción, miembros de la cúpula del PP mantuvieron encuentros con las víctimas, entre ellos, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).


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