¿Regeneración? El Gobierno de Rajoy 'regaló' 55 millones de euros a los partidos políticos en 2013

España no sigue los pasos de Italia en lo que a financiación de partidos políticos se refiere. Si el Ejecutivo de Enrico Letta (centro-izquierda) acordó el pasado diciembre por decreto suprimir las subvenciones estatales a las principales formaciones del país (sólo podrán recurrir a las donaciones particulares), el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de otorgar las últimas ayudas de 2013 a las fuerzas con representación en el Congreso. Según publicó este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), estos partidos reciben, con asignación al cuarto trimestre del pasado año, algo más de 13 millones de euros. Sumada esta cantidad a los importes de los tres trimestres anteriores, el Ejecutivo desembolsó 55,5 millones en 2013 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  

De esta partida, que se distribuye de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones a la Cámara Baja, el partido que sustenta al Gobierno se llevó casi la mitad. En concreto, el PP ingresó 26,5 millones en subvenciones para su funcionamiento ordinario y otros 1,3 millones para sufragar gastos de seguridad (27,8 en total). Por su parte, el PSOE consiguió 14,85, mientras que el PSC alcanzó los 2,2 millones. Les siguen Izquierda Unida (IU), con casi 2,5, y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) con algo más de dos millones. Los nacionalistas catalanes también rondaron los 2,5, aunque la mayor parte fue a parar a las arcas de Convergència, en detrimento de Unió, siendo esta última menos beligerante en el hemiciclo en sus mensajes proconsulta independentista.

El Ejecutivo sigue abonando las subvenciones para seguridad de los partidos pese a que la banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de las acciones armadas hace ya más de dos años

Entre los partidos minoritarios, sobresale el caso de Amaiur, que percibió algo más de 900.000 euros, de los que 44.000 ingresó bajo pretexto de emplearlos en cuestiones de seguridad. Este último tipo de ayudas fueron concebidas por el Ministerio del Interior para que los partidos hicieran frente a los gastos que pudiera ocasionar cualquier medida de prevención ante la amenaza de ETA. El Gobierno sigue abonando estas subvenciones pese a que la banda terrorista anunció el cese definitivo de las acciones armadas hace ya más de dos años.

La coalición Amaiur, que incluye a los herederos de Batasuna, tendrá que demostrar la finalidad de este dinero, sobre todo después de que el Tribunal de Cuentas le instara el pasado noviembre a devolver los 7.600 euros percibidos en 2011 al no haber justificado su destino.

Lejos de reducir o suprimir estas ayudas, como han reclamado desde colectivos de izquierda a entidades conservadoras, el Ejecutivo ha incrementado la partida presupuestaria para 2014, con el argumento de que se trata de un año electoral. Si bien el Gobierno mantiene la misma cuantía para funcionamiento ordinario de los partidos y para seguridad (55 millones), lo que añade es una asignación de 29 millones para que las formaciones cubran los gastos de campaña de los próximos comicios europeos. Se trata, pues, de un desembolso total de 84 millones, lo que supone un aumento del 52,7% con respecto al ejercicio anterior.

El coste de la organización

Esta subvención se repartirá a posteriori, en función de los resultados que las distintas fuerzas obtengan en la cita del 25 de mayo. Además, al margen de ello, el Ministerio del Interior ha presupuestado 75,02 millones de euros para afrontar los gastos corrientes (material, suministros y otros) que conlleve la organización de estas elecciones europeas.

En su última reunión en Moncloa como presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre pidió a Rajoy que buscara un pacto de Estado con el PSOE para hacer una reforma en profundidad de las administraciones públicas. Fue en la entrevista que mantuvieron en abril de 2012 cuando la líder de los populares madrileños emplazó al jefe del Ejecutivo a retirar las subvenciones estatales a partidos políticos, sindicatos y patronal, argumentado que se "debe dejar de sostener a los que se pueden sostener".