Publicado: 15/02/2014 04:00
A priori y por su perfil, el futuro presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, no se encuadra en el ala más conservadora del partido, la misma que espera que el proyecto de ley para la protección del no nacido, impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, salga aprobado de las Cortes Generales sin cambios sustanciales. Pero al margen de cuál pueda ser su opinión personal, de lo que hay constancia es de que en una de sus últimas decisiones al frente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, acaba de conceder ayudas públicas a varias ONG críticas con la reforma de Gallardón. Han cuestionado su redactado por derogar la ley Aído del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en lo que supone “un retroceso social de décadas”.
La concesión de estas subvenciones a organizaciones estatales del Tercer Sector de Acción Social fue firmada por el propio Moreno Bonilla el pasado 21 de enero, en pleno debate sobre la nueva ley tanto en la sociedad como en las filas populares, y publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre las entidades beneficiarias de los 4 millones de euros dirigidos a sufragar “actuaciones de acción social” aparecen ONG proabortistas como el Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL), que recibe 35.200 euros en concepto de “apoyo a gastos de estructura”.
El MPDL está presidido por la exdirigente del PSOE Paquita Sauquillo, quien recientemente se expresaba así sobre Gallardón y su reforma en un artículo en elplural.com: “El PP jamás planteó la aplicación de recurso ni reforma alguna sobre el tema, ni entonces ni durante los años de Gobierno de José María Aznar. Pero aquel joven alto y algo excitado debió rumiarlo durante todo ese tiempo. No quiso olvidarlo”. Así, recuerda Sauquillo cómo el ministro de Justicia “se ha propuesto llevar adelante el trabajo que su padre, ya fallecido, inició”. José María Ruiz-Gallardón lideró el recurso de Alianza Popular en el Tribunal Constitucional ante la ley de supuestos de 1985 que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González.
La ONG Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL), que recibe 35.200 euros en concepto de “apoyo a gastos de estructura”, está presidida por la exdirigente socialista Paquita Sauquillo
También en este primer bloque de “actuaciones de acción social” figura como perceptora la Fundación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT), que ingresa 10.000 euros por un “programa para el fomento del asociacionismo”. En un segundo grupo, el relativo a subvenciones para “programas de infancia y familia” y donde los importes suman 2.250.000 euros, está incluida la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Esta entidad obtiene 65.000 euros para la “coordinación, mantenimiento y afianzamiento de asociaciones de madres solteras y familias monoparentales”.
Tanto esta última federación como la FELGT suscribieron el pasado diciembre el manifiesto “Diez razones para no cambiar la ley del aborto”, publicado por El País. En el escrito, sus promotores critican al Gobierno del PP que en una España como la actual, que “pasa por malos momentos”, el hecho de “utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no es justo con las mujeres ni con la sociedad”. Además, afirman que “ni siquiera el sector más aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de legislaciones razonables”.
El texto pone en valor la ley Aído y concluye con el mensaje de que “no es bueno legislar contra algo que funciona. No es justo desconfiar de la responsabilidad de las mujeres. No es democrático obligar a una mujer a ser madre contra su voluntad”.
Recuperar el supuesto de malformación
El pasado miércoles, tras presentar los 9.000 avales para aspirar a la dirección del PP andaluz, el todavía secretario de Estado de Servicios Social e Igualdad se alineó de forma implícita con quienes en las filas populares están convencidos de que la ley Gallardón será modificada en esencia, básicamente en recuperar el supuesto de malformación del feto. Moreno siguió así la misma estrategia que su jefa inmediata, la ministra de Sanidad, Ana Mato, y que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quienes evitan asegurar que el texto no se verá alterado en su prohibición de dicho supuesto.
"Es un proyecto al que le queda un amplio debate en las Cortes Generales y por tanto, como se dice en nuestra tierra, demos tiempo al tiempo, a que haya propuestas, a que se debatan y a que se consolide ese proyecto", señaló Moreno.
El próximo líder de los populares andaluces tiene también especial sintonía con la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, con quien fue concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Málaga. Villalobos ha ido más allá al pedir al Gobierno que ni siquiera eleve al Congreso el polémico anteproyecto en su actual redacción.
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