Publicado: 18/12/2015 04:00
Los cuatro partidos con posibilidades reales de gobernar tras las elecciones del 20-D, es decir, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, plantean en sus programas electorales medidas muy dispares para mejorar la Administración de justicia en nuestro país. Desde la supresión del Consejo General del Poder Judicial que propone Ciudadanos, a la legalización del cannabis que contempla el programa electoral del Podemos, pasando por la derogación de la prisión permanente revisable que promete el Partido Socialista. Sin duda, la formación que menos medidas concretas recoge en su programa electoral en materia de Justicia es el Partido Popular. A continuación, se analiza al detalle las principales propuestas en materia de Justicia de estos cuatro partidos políticos
El PP: un abanico de generalidades
Si la pasada legislatura arrancó con un programa ambicioso por parte del Gobierno del PP en materia de Justicia, donde la principal propuesta –incumplida pese a gozar de mayoría absoluta- fue resucitar a Montesquieu mediante el cambio del sistema de elecciones de los miembros del CGPJ, podría decirse que en el actual programa los populares pasan de puntillas por este asunto al que dedican tres líneas de su programa: "promoveremos un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros".
En su programa el PP plantea tímidas reformas para modernizar la Administración de Justicia. Por ejemplo, los populares sostienen en su programa del cara al 20D que el PP propondrá "una Estrategia Nacional de Justicia". Dentro de dicha estrategia se "impulsará una justicia digital, abierta e innovadora "y se "culminará con la incorporación de las nuevas tecnologías –archivos judiciales electrónicos, desarrollo de la firma electrónica en las resoluciones judiciales, potenciar las videoconferencias, etc- en la Administración de Justicia".
La formación de Rajoy apuesta por aprobar un nuevo Código Procesal Penal que agilice los tiempos de la justicia
Como propuestas el PP sostiene que presentará reformas procesales en materias de desahucios a fin de lograr un mayor grado de seguridad jurídica y de claridad normativa; potenciará la especialización de jueces y magistrados; modernizará la legislación procesal; aprobará un nuevo Código Procesal Penal que agilice los tiempos de la justicia; y, apostará por potenciar el desarrollo de las fiscalías especializadas, entre otras medidas.
Asimismo, la formación de Mariano Rajoy sostiene que "seguirá impulsando una justicia gratuita de calidad que evite cualquier dificultad de acceso a la justicia y que permita que todos los ciudadanos, independientemente de su situación socioeconómica, puedan acceder a una justicia de calidad".
El PSOE: derogar la prisión permanente revisable
Entre las principales propuestas del Partido Socialista en materia de justicia se encuentra eliminar la denominada 'ley mordaza', derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable, recuperar el principio de justicia universal o aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.
Asimismo, en su programa electoral el partido de Pedro Sánchez subraya que se debe revisar el Código Penal "para volver a los principios del Código Penal de la democracia", armonizando el sistema de penas, e introduciendo un sistema de medidas alternativas a la prisión que contribuyan a un mejor control de la criminalidad.
El Partido Socialista propone recuperar el principio de justicia universal y crear un Centro Nacional de Menores Desaparecidos
Por otro lado, el PSOE propone suprimir el sistema de tasas judiciales aprobado por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y que éstas solo permanezcan "para las sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual".
Como medida novedosa, los socialistas apuestan por la creación del "Centro Nacional de Menores Desaparecidos". Dicha iniciativa trata de dar respuesta al aumento de número de menores que desaparecen, son secuestrados o son objeto de abusos sexuales o de cualquier tipo de explotación poniendo en funcionamiento "un único centro donde se llevarán y tramitarán todos los supuestos mencionados, evitando a los padres la sobre victimización de no tener una única administración a la que poder acudir".
Sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial el PSOE pasa de puntillas en su programa sobre este asunto y sólo manifiesta que "se corregirán las funciones del CGPJ al objeto de asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad".
Ciudadanos: suprimir el CGPJ y blindar el Ministerio Fiscal
Por su parte, el partido de Albert Rivera propone la supresión del Consejo General del Poder Judicial para evitar la politización del órgano. En contraposición, la formación naranja propone que las funciones que al artículo 122 de la Constitución atribuye al Consejo sean asignadas al presidente del Tribunal Supremo que "será asistido por dos adjuntos" que se ocuparán de los nombramientos de la Carrera Judicial y del régimen disciplinario. Ciudadanos quiere que el presidente del Poder Judicial sea elegido por dos tercios del Congreso y que su mandato se prolongue durante un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. Como complemento imprescindible a la supresión del órgano de gobierno de los jueces, el partido de Rivera promoverá que se elimine la discrecionalidad en la elección de los altos cargos de la Magistratura. Suprimirá, asimismo, la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados.
C's apuesta por la exención del pago de las tasas judiciales para todos los ciudadanos excepto para las grandes empresas
Por otro lado, C’s también tratará de evitar las puertas giratorias entre la justicia y la política y para ello fijará un período de dos años para aquellos jueces que abandonen la Carrera Judicial para ocupar cargos políticos o integrar listas electorales espacio de tiempo en el que no podrán regresar a sus puestos de trabajo.
La exención del pago de las tasas judiciales para todos los ciudadanos excepto para las grandes empresas que "hagan uso frecuente de la jurisdicción y nunca en una cuantía que pueda suponer un obstáculo importante para el acceso de la misma".
La formación política liderada por Albert Rivera también propone el blindaje del Fiscal General del Estado ante el poder político. Para ello sostiene que la facultad del Gobierno o el Parlamento para cesar al fiscal general por incumplimiento grave de sus funciones deberá contar con "la aprobación mayoritaria" del Consejo Fiscal. Asimismo, Ciudadanos propone que se dote al Ministerio Público de un presupuesto propio cuya asignación no esté supeditada al Ministerio de Justicia.
Podemos: despenalizar el cannabis
Por su parte, el partido de Pablo Iglesias también plantea una reforma de elección directa por parte de los ciudadanos de los quince miembros del CGPJ "quienes serán elegidos por jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y, que asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas".
El partido de Iglesias promueve que los vocales del CGPJ sean avalados por "asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas"
Por otro lado, el partido de Pablo Iglesias propone en su programa electoral "una reforma integral de la Fiscalía" que empiece por revisar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado y reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismo que doten a la fiscalía de autonomía con relación al poder ejecutivo.
Podemos también apuesta por derogar la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal anulando los plazos de la instrucción, por la supresión de la ley mordaza, despenalización del cannabis y creación de una oficina de Derechos Humanos del Gobierno. Con esta última iniciativa, que dependerá de la oficina de presidencia, se pretende "coordinar" la acción del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Por último, la formación morada promoverá "la remoción o resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar o del franquismo".
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