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España

Las acusaciones del 'caso Bárcenas' exigen a Anticorrupción que "saque del cajón" los informes que retiene

Luis Bárcenas, en su comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción ante de ser encarcelado.

Marejada en el caso de los papeles de Bárcenas. Los abogados de varias de las acusaciones personadas en el sumario presentarán en los próximos días escritos de protesta ante el juez Pablo Ruz por la actitud que el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, ha mantenido durante la instrucción y, más en concreto, en las últimas semanas tras conocer la próxima marcha del magistrado. En concreto, los letrados se quejan de que el Ministerio Público haya retenido cinco informes que en su día había encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda) y que confirmaban la existencia de una contabilidad 'B' en el Partido Popular. Algunos de esos documentos tienen fecha de junio de 2013, hace ya 18 meses, y eran desconocidos incluso para el juez.

Los abogados de las acusaciones creen que la actitud del fiscal les ha causado "indefensión" y critican que éste se haya guiado "por el principio de oportunidad y no por el de legalidad"

Las acusaciones que ya han confirmado a Vozpópuli que harán constar su queja por escrito son las que representan a IU, Ecologistas en Acción y la Asociación Libre de Abogados, así como los letrados del Obervatorio DESC. Estps últimos anunciaban a este diario que en el mismo pedirán al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que requiera a Anticorrupción la entrega "en el plazo improrrogable de 48 horas" de todos los informes del caso que obren en su poder y que aún no hayan sido aportados a la causa. Insisten que el Ministerio Público "no se puede guiar por el principio de oportunidad, sino que debe hacerlo por el de legalidad. La ocultación de estos documentos han causado indefensión a las acusaciones durante meses", añaden. 

Las acusaciones tuvieron noticia de la existencia de dichos informes después de que este diario publicara el pasado miércoles que la Fiscalía Anticorrupción había drigido al juez Ruz un escrito el 10 de diciembre con el que adjuntaba dichos informes referidos todos ellos a diferentes aspectos de la investigación sobre los papeles Bárcenas. Un mes después, el magistrado dictaba una providencia en el que ordenaba que los mismos se incorporaran al mismo y se diera acceso a las partes personadas. Algo que ocurrió el pasado lunes. Aunque el contenido de buena parte de los mismos se ha visto superado el avance de las investigaciones en los últimos meses, la noticia de su existencia provocó un enorme malestar entre las acusaciones.

Pedidos por la Fiscalía

Todos los informes estaban elaborados por la IGAE y, más en concreto, por la funcionarios de este organismo de Hacienda adscritos de manera permanente a la Fiscalía Anticorrupción. Además, en los cinco sus autores especificaban que se habían elaborado"atendiendo a la solicitud" del propio Ministerio Público, que es el que indicaba cuál era el objeto de estudio y facilitaba la documentación sobre la que trabajar, ya fuera copia de los célebres 'papeles de Bárcenas', declaraciones judiciales de imputados o estudios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Gran parte del contenido de los informes se ha visto superado por la investigación posterior, pero aún aportan datos desconocidos en casos como la compra de la sede en Bilbao del PP

El informe más antiguo ahora incorporado a la causa tiene fecha del 17 de junio de 2013 y en él los expertos de Hacienda hacían un análisis de "las relaciones entre la contabilidad del Partido Popular y los ingresos y pagos publicados por El País". En aquel momento, el extesorero, aún en libertad, seguía negando su autenticidad y, de hecho, días después comparecía en la Audiencia Nacional a declarar, tras lo que fue enviado a prisión. El más reciente es de junio de 2014, hace seis meses, y versaba sobre "los pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas como realizados a Gonzalo Urquijo (Unifica)", en referencia al arquitecto cuya empresa se encargó de la reforma de la sede central de la calle Génova bajo sospecha de haber sido sufragada en buena parte con dinero negro.

Entre ambos, otros tres más sobre diferentes aspectos de la investigación. Entre ellos uno de febrero de 2014 en el que la IGAE analizaba "la documentación aportada por D. Luis Bárcenas y su relación con los ingresos y pagos de los 'papeles de Bárcenas". En concreto, estudiaba las nueve carpetas con documentación en papel y el 'pendrive' que el extesorero entregó al juez Ruz tras entrar en prisión para confirmar sus acusaciones contra el PP. Es en éste en el que Hacienda apunta que parte de la hipoteca de la sede que el PP adquirió en Bilbao a finales de los 90 se sufragó con donativos entregados por ciudadanos para dar seguridad privada a los cargos 'populares' en el País Vasco.

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