España

El Parlament recurre al Constitucional la moción secesionista: "Solo es una aspiración"

La Cámara catalana pide al Constitucional que rechace la impugnación promovida por el Gobierno de la resolución independentista del pasado 9 de noviembre. "Sólo puede ser considerada como una declaración mediante la cual se manifiesta una voluntad política", defiende la presidenta, Carme Forcadell.

Diputados del PP exhibieron banderas españolas y catalanas en el Parlament tras la votación del 9 de noviembre
Diputados del PP exhibieron banderas españolas y catalanas en el Parlament tras la votación del 9 de noviembre EFE

El Parlamento de Cataluña ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que rechace la impugnación promovida por el Gobierno de la resolución independentista del 9 de noviembre, alegando que "solo puede ser considerada como una declaración mediante la cual el Parlament manifiesta una voluntad política". "Es más una aspiración o deseo que una disposición vinculante", reza el documento enviado al tribunal.

La Mesa del Parlament acordó el pasado martes, con el apoyo de cinco miembros -cuatro de Junts pel Sí y uno de Catalunya Sí que es Pot- y dos votos en contra de Ciudadanos y PSC, presentar alegaciones contra la admisión a trámite de la impugnación. En el escrito de alegaciones tramitado por el Parlamento catalán al Constitucional, la Cámara pide al Alto Tribunal que dicte una sentencia que "declare la inadmisibilidad" de la impugnación, tal y como recoge la agencia Efe.

"Solo puede ser considerada como una declaración mediante la cual el

Parlament manifiesta una voluntad política", dice la Cámara catalana

A su juicio, la resolución independentista "es un acto no idóneo para ser sometido a un procedimiento de constitucionalidad ante el TC por razón de su naturaleza política y en tanto que expresión de una voluntad parlamentaria basada en el principio democrático y en el ejercicio político del pluralismo político. Es solo una declaración de intenciones"

La Cámara catalana defiende así en las alegaciones que la resolución "ha sido adoptada en el ejercicio de la función de impulso de la acción política y de gobierno", que expresa "el contenido del mandato político adquirido por los grupos parlamentarios que han ejercido la iniciativa, como consecuencia de las elecciones". 

Un mandato que, agrega, "se fundamenta en los programas electorales sometidos al libre ejercicio democrático del derecho fundamental de participación política". Asimismo, las alegaciones apuntan a que la resolución de inicio del proceso de desconexión "es un acto parlamentario de naturaleza estrictamente política" y no tiene "los elementos necesarios para ser objeto idóneo de un proceso jurisdiccional de inconstitucionalidad". 

"Solo puede ser considerada como una declaración mediante la cual el Parlament manifiesta una voluntad política que, en sí misma, no puede conculcar el marco constitucional y estatutario, ya que este no prohíbe la expresión y la defensa de los proyectos políticos no coincidentes con la Constitución", señala el escrito.


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