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España

El Gobierno vasco aprueba una ley para indemnizar a víctimas de la 'guerra sucia' y de abusos policiales

Jonan Fernández, secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco.

El proyecto de ley viene a ampliar el decreto aprobado en 2012 para reparar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por violencia de motivación política entre 1960 y 1978, que ha supuesto el reconocimiento de 187 víctimas, según datos de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco. La Cámara de Vitoria emplazó el año pasado a continuar con las políticas de reconocimiento y reparación a este colectivo de víctimas, y fruto de ello es esta ley, que según las estimaciones oficiales afectará a una horquilla de entre 300 y 500 personas.

“Esta ley significa reconocer que existen víctimas provocadas por abusos, excesos y acciones de represión ilícita –manifestó a este diario Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia-. Este reconocimiento no supone menoscabo para el estado de derecho y sus instituciones, sino su reforzamiento en la medida en que implica un compromiso y una voluntad de reparación. El estado de derecho lo es, no tanto porque en su seno no se produzcan errores o actuaciones ilícitas, sino por su capacidad de identificarlos, corregirlos y reparar, en la medida de lo posible, sus consecuencias”.

La nueva ley reconocerá a una horquilla de entre 300 y 500 víctimas, según estimaciones oficiales

La ley viene a cubrir el vacío en el que se encontraban muchas víctimas de la “guerra sucia” contra ETA y de las tramas ultras que actuaron en nuestro país en los primeros años de la transición, como la Triple A o el Batallón Vasco Español (BVE), y el terreno más delicado de las víctimas de abusos policiales, desde que la Audiencia Nacional negara en julio del año pasado indemnizar a las familias de los asesinados por los GAL en los casos en que estuviese acreditado que eran miembros de ETA. Un ejemplo de ello es el caso de los familiares del etarra José Antonio Lasa, que en 1983 fue secuestrado, torturado y asesinado junto a José Ignacio Zabala por miembros de los GAL, que vieron como la Audiencia Nacional rechazaba sus peticiones de reconocimiento como víctima del terrorismo y su derecho a indemnización.

La decisión de la Audiencia Nacional vino a confirmar varias resoluciones del Ministerio del Interior denegando la indemnización a víctimas de los GAL como consecuencia del convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos de 24 de noviembre de 1983, que entró en vigor en España el 1 de febrero de 2002. Dicho convenio permite reducir o suprimir la indemnización si la víctima participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos, como es el caso de los militantes de ETA.

La nueva ley, que ahora debe pasar su trámite parlamentario, dice en su exposición de motivos que “significa reconocer que se han producido abusos, excesos y acciones de represión ilícita, tanto en el contexto de la lucha contra el terrorismo, como con su pretexto”. Comportamientos que considera “no admisibles en un marco democrático”. La ley, dice la citada exposición, “pretende, además, contribuir a la normalización de la convivencia y a la construcción de una memoria crítica del pasado”.

El nuevo texto legal viene a cubrir el vacío dejado por el Ministerio del Interior al negarse a indemnizar a militantes de ETA víctimas de los GAL

Tras cinco décadas de terrorismo y violencia, el mayor número de víctimas mortales y de lesiones ha sido provocado por las distintas ramas de ETA y su reconocimiento y atención está recogida en las leyes de víctimas del terrorismo aprobadas por los gobiernos central y vasco. “Sin embargo –dice la nueva ley- no todas las víctimas han sido provocadas por ETA. Diferentes actuaciones de represión ilícita han conllevado un significado número de víctimas muy especialmente a finales de los setenta y hasta bien entrados los ochentas. Víctimas que se han quedado sin cobertura en la legislación actual”.

La ley prevé compensaciones económicas que oscilan entre los 390.000 euros por una gran invalidez, 135.000 euros por fallecimiento y 35.000 euros (indemnización mínima) por incapacidad permanente parcial. La evaluación de los casos correrá a cargo de una Comisión de Valoración integrada por tres expertos designados por el Ejecutivo vasco, tres especialistas elegidos por el Parlamento vasco y tres peritos forenses seleccionados por el Instituto Vasco de Medicina Legal.

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