Moncloa intenta tapar las vías de agua de la Corona frente a un PSOE que empieza a marcar distancias

"Es lo que nos ha tocado gestionar". Con estas resignadas palabras definía una fuente de Moncloa la situación creada tras la imputación de la infanta Cristina por parte del juez Castro en la investigación del 'caso Nóos'. A la crisis económica y política se suma la de la mayor institución del Estado, la Corona que, en apenas en un año ha añadido a la instrucción judicial que afecta al yerno del Rey, el accidente de Don Juan Carlos en Botswana, la aparición de su "entrañable" amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein y la imputación de la infanta "antes de finalizar la instrucción", tal y como señalaba Castro en su último auto.

Moncloa intenta tapar las vías de agua que se le han abierto a la Corona admitiendo que es demoledor para la imagen del país. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, reconocía el daño a la "marca España" y la "enorme preocupación" del Gobierno, justo cuando Mariano Rajoy se había propuesto para este trimestre enjuagar la imagen de un país fuertemente castigado por la crisis pero que ha salido, según Moncloa, de la zona de peligro para comenzar a ganar en credibilidad.

El Ejecutivo, que formalmente se ampara en el argumento del respeto a las decisiones judiciales y que "las instituciones funcionan", asumía ya como inevitable el complicado futuro judicial de Iñaki Urdangarin, incluso su condena como un mal menor para la Casa Real. El Ministerio Fiscal aceptaba el posible procesamiento de Urdangarin, un "daño controlado", pero la imputación de la hija mediana de los Reyes ha dinamitado la estrategia de la Fiscalía, presta a recurrir la decisión del juez y reclamar la suspensión de su declaración el día 27.

Rajoy reiteró este jueves, durante una rueda de prensa con Ban Ki-moon, que el Gobierno respeta las actuaciones de los jueces aunque a continuación apeló a la presunción de inocencia de Doña Cristina y pidió esperar que se solvente el recurso de la Fiscalía. El Ejecutivo no tiene en su agenda política ni la posibilidad de la que la infanta renuncie a sus derechos sucesorios (es la séptima en la línea de sucesión) ni la abdicación del Rey ni tan siquiera que la Casa Real entre en la Ley de Transparencia que se estudia en el Congreso, salvo, que llegue alguna señal en este sentido de la Zarzuela.

Los socialistas temen quedar descolgados de un sector de la izquierda que cuestiona cada vez más a la Corona

Pero a la posición rocosa de Gobierno y PP se contrapone la del PSOE, donde comienzan a abrirse grietas en el discurso. Ya hubo un cambio de estrategia cuando el pasado día 1 se sumaron a la petición de información sobre la herencia que recibieron Don Juan Carlos y sus hermanas de Don Juan tras su fallecimiento en 1993. Y este jueves continuó cuando la 'número dos' socialista, Elena Valenciano, reclamó a la Casa Real responsabilidad para que no tomara partido por la Fiscalía. "He pedido a todas las instituciones, al Parlamento, el Gobierno y desde luego a la Casa Real, a todos ellos les pido que se deje actuar a la Justicia y que no se tome partido por una discrepancia legítima, que entra dentro de la normalidad, entre el juez y el fiscal", dijo. Incluso no descartó que, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, sumarse a la petición de que Doña Cristina renuncie a sus derechos dinásticos.

Valenciano y Carme Chacón defendieron, una en rueda de prensa y otra a través de Twitter, que la Casa Real pase a estar regulada por la futura Ley de Transparencia. "Si el PP aún no ha entendido que la Corona debe entrar en la Ley de Transparencia, apaga y vámonos. Es a la Corona, por cierto, a quien más le conviene", escribía la dirigente catalana, la misma que mantiene intacta su voluntad de aspirar al liderazgo socialista a pesar de los conflictos PSOE-PSC. Precisamente, fue el líder del PSC, Pere Navarro el primero en abrir la espita al apostar por la abdicación del Rey, petición a la que se suma la corriente Izquierda Socialista, aunque los hay más osados.

Es el caso del diputado nacional del PSOE José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad, quien a través de un blog si bien defendió el papel jugado por Don Juan Carlos considera que el debate Monarquía-República cobrará vigencia y que la República "cada vez está más cerca". De hecho, las Juventudes Socialistas acarician la idea de incorporar este debate en la Conferencia Política que el PSOE celebrará en octubre bajo la batuta de Ramón Jáuregui. A fin de cuentas, temen quedarse descolgados de una ciudadanía de izquierdas que cuestiona cada vez más a la Corona.