Bronca urbanística por la casa cuartel que Interior levanta en el pueblo de veraneo del ministro

La decisión del Ministerio del Interior de levantar una nueva casa cuartel de la Guardia Civil en Fitero (Navarra), la localidad donde veranea su titular, Jorge Fernández Díaz, sigue generando polémica. Un grupo de vecinos de esta localidad ha denunciado públicamente que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento a la Secretaría de Estado de Seguridad para levantar la instalación incumple supuestamente la normativa urbanística municipal. Por ello, amenaza con acudir a los tribunales y a otras instancias políticas si no se paraliza la construcción. Desde el Ayuntamiento se niega cualquier irregularidad y su alcalde, Pachi Yanguas (UPN), asegura a este diario que todo el expediente está "impoluto" además de acusar a "gente de fuera del pueblo" de estar detrás de la protesta.

El ministro obvia su relación personal con Fitero y justifica la construcción del nuevo cuartel en la necesidad de "más seguridad en Navarra"

El proyecto de unas nuevas instalaciones de la Benemérita en esta localidad navarra se comenzó a gestar el pasado 28 de octubre. Ese día, Fernández Díaz acudió a Fitero a firmar con el primer edil el convenio por el que el municipio se comprometía a ceder gratuitamente 2.133 metros cuadrados para levantar la casa cuartel. En aquel acto, en el que el alcalde llegó a calificar al ministro como "el gran valedor de Fitero en Madrid", éste anunció ya la inversión de 1,1 millones de euros en el edificio aunque "los tiempos no están para muchos gastos". Cinco meses después, el titular de Interior volvía al pueblo navarro y ponía la primera piedra en una acto al que también asistó la presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina. En los discursos de aquel 15 de marzo, el ministro obvió su polémica y estrecha relación personal con el pueblo -su padre era originario de Fitero y allí reside aún su madre, además de veranear él- y justificó su construcción simplemente en la necesidad de "más seguridad en Navarra". En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno esgrimió el mismo argumento.

Aquel acto protocolario parecía poner punto y final a cualquier conato de oposición al proyecto. Sin embargo, el pasado 5 de mayo, durante la presentación de un libro que la Asociación de Consumidores Kontuz realizaba en el municipio, un grupo de vecinos mostró públicamente sus dudas sobre la legalidad del proyecto en presencia del propio alcalde de Fitero. Desde entonces, este grupo ha presentado cuatro instancias ante el Consistorio para reclamar información sobre el proceso de concesión de la licencia para la construcción de este edificio como paso previo a la presentación de una demanda ante los tribunales. Con la primera reclamaban la entrega del expediente de cesión de terrenos a la Secretaría de Estado de Seguridad. Con el segundo, los informes elaborados por el consistorio para la concesión de la licencia de obras. Con el tercero, la propia licencia de obras. Y, finalmente, con la cuarta exigían la paralización y suspensión de los trabajos ya en marcha.

"Infracción grave o muy grave"

En uno de estos escritos, los vecinos aseguran que la licencia "ampara una infracción grave o muy grave por incumplimiento de la normativa urbanística de Fitero de forma claramente manifiesta". En concreto, detallan que el proyecto prevé la construcción de cinco viviendas unifamiliares para los agentes destinados en el cuartel cuando la parcela donde se está levantando la instalación está clasificada en el Plan Municipal como dotacional de equipamiento público y, por tanto, la normativa limita el espacio para casas "a una sola vivienda de 100 metros cuadrados con destino a guardia de las instalaciones". Además, consideran que tampoco se ha tenido en cuenta "la prohibición de no permitir el cambio de uso de equipamiento a residencial".

El alcalde repite una y otra vez que en la denuncia participan muy pocos vecinos de Fitero y que la voz cantante la lleva "gente de fuera"

El alcalde descarta que se vayan a paralizar los trabajos y asegura que no facilitará por ahora la información que le reclaman los vecinos "y gente de fuera" hasta que Interior haga alegaciones a esa petición. "Cuando tengamos la respuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la mesa, decidiremos sobre esas peticiones", afirma. El alcalde, que también es senador por UPN, insiste en que no existe ninguna irregularidad ni se ha hecho ninguna excepción con esta construcción. "Es una licencia de obra más, con sus informes jurídicos favorables", asegura antes de recalcar que "jamás nos hemos apartado de la legalidad y menos aún en una obra emblemática como ésta en la que, además, las arcas municipales han ingresado más de 83.000 euros".

De hecho, el primer edil del municipio insiste en que la construcción de la casa cuartel es una vieja aspiración de los vecinos desde que la anterior fuera cerrada en 1991. "Entonces, todos los vecinos salimos a la calle para oponernos a su desmantelamiento y hoy todos vemos el regreso de la Guardia Civil como un gran triunfo", asegura. Un argumento que le sirve para recalcar que los vecinos que protestan "son muy pocos. Es más gente de fuera, personas que no están empradronadas en el municipio, las que precisamente dirigen la protesta".

Otro cuarteles a sólo 10 kilómetros

Sin embargo, los promotores de la iniciativa niegan que ésta sea minoritaria dentro del pueblo. "Es verdad que en 1991 prácticamente todo el pueblo salió a protestar por la marcha del pueblo, pero han pasado más de 20 años y la sensibilidad ahora es distinta", aseguran. Entre sus argumentos para oponorse a la construcción, además de las supuestas irregularidades urbanísticas, está la cercanía de otros dos cuarteles del Instituto armado a menos de 10 kilómetros. "Si hasta los guardias civiles se han opuesto", aseguran en referencia a que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mayoritaria entre los agentes, se manifestó en contra de la reapertura de un puesto en Fitero "por inoperativo".

Los promotores de la iniciativa contra la casa cuartel quieren llevar su protesta a los juzgados y al Parlamento de Navarra

Enrique Díaz Ladrero, uno de los promotores de la iniciativa, asegura que si en dos meses no se paralizan las obras, "acudiremos a los tribunales". Entre tanto, ya se han puesto en contacto con los grupos políticos del Parlamento de Navarra para remitirles la documentación. "Algunos nos ha comentado su disposición a solicitar la apertura de una comisión parlamentaria para aclarar qué ocurre con la casa cuartel de Fitero", señala Enrique Díaz, quien insiste en que el movimiento vecinal en contra de la construcción es mucho mayor "de lo que dice el alcalde". ¿Y la acusación de la presencia de 'gente de fuera' al frente de la protesta? "Es cierto que yo vivo en Madrid, pero tengo casa en Fitero y mi familia vive allí, pero soy el único 'de fuera',  como dice el alcalde. El resto es gente del pueblo que no está dispuesta a que el alcalde siga ejerciendo de cacique", insiste. La bronca está servida.