Interior tiene 'aparcado' desde hace 4 meses el camión antidisturbios en el que gastó 348.480 euros

El flamante camión policial con cañón para lanzar chorros de agua a presión a los manifestantes que protagonicen disturbios espera desde el pasado 17 de diciembre 'aparcado' en dependencias policiales de Madrid la ocasión de estrenarse. Son cerca ya de cuatro meses desde que el Ministerio del Interior desembolsase por él 348.480 euros (IVA incluido) con el argumento de la necesidad "de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana", como destacó en su día el pliego de condiciones por el que se licitó su fabricación en diciembre de 2013. En este tiempo, el camión sólo ha circulado para realizar pruebas y adiestrar a los agentes que deberán manejarlo, pero en ninguna ocasión ha sido puesto en acción dado la imposibilidad de utilizarlo en las escasas situaciones de los últimos meses en los que se han registrado incidentes en el transcurso de movilizaciones callejeras.

Desde que el fabricante lo entregó a Interior el 17 de diciembre, el vehículo no ha salido de las instalaciones policiales. Agentes lo califican de "capricho caro e inútil"

De hecho, en la última convocatoria de las Marchas por la Dignidad, que confluyeron en la capital el pasado 21 de marzo, el camión estuvo listo para salir, con su depósito de agua repleto. Incluso, se alertó a un subgrupo de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los popularmente conocidos como antidistrubios) para que estuviera listo para escoltarlo ante la posibilidad de que fuera necesario utilizarlo. Finalmente, no se hizo pese a que se registraron incidentes (hubo 17 detenidos), entre otros motivos porque allí donde se produjeron éstos, calles estrechas del centro de Madrid, "su utilidad es prácticamente nula y se convierte en un estorbo", destacan a Vozpópuli fuentes policiales. "Está pensado para actuar en grandes espacios", añade otra fuente consultada, que augura que su uso final se limitará a "estacionarlo frente al Congreso de los Diputados" si vuelven a convocarse manifestaciones similares a las que congregaron a centenares de personas frente a la Cámara Baja en septiembre de 2012 y abril de 2013. "El camión-botijo es un capricho caro e inútil", concluye otra agente consultada.

La polémica no es nueva. De hecho, ya se produjo cuando se conocieron en diciembre de 2013 los planes del departamento de Jorge Fernández Díaz de adquirirlo. Entonces, entre los agentes surgieron voces que recordaban que la Policía llevaba más de veinte años sin usar los cinco camiones de similares características que tenía y que llevan cuatro lustros arrumbados en sus almacenes criando óxido. Además, la licitación para adquirir el polémico vehículo fue publicada por Interior al poco de conocerse la primera versión de la criticada Ley de Seguridad Ciudadana que se acaba de aprobar. Interior justificó su compra en el pliego de condiciones por la conveniencia de “medios materiales que, debido a la actual dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos lesiva posible". El documento calificaba este tipo de vehículos como “ideal para acometer el control de masas” y preveía un gasto de hasta 500.000 euros.

Escasos incidentes en manifestaciones

Sin embargo, los datos estadísticos que se conocían entonces sobre incidentes en manifestaciones y que manejaba el propio Ministerio parecían contradecir estas justificaciones. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró en una comparecencia parlamentaria para informar sobre los graves incidentes del 22 de marzo del pasado año que provocaron heridas a 67 agentes, que de las miles de manifestaciones que se celebran al año en nuestro país, no llegaba a una veintena las que registran incidentes que obligan a usar material antidisturbios. Recientemente, el Ministerio ha iniciado un proceso de licitación para adquirir 1.450 chalecos antigolpes y 2.350 cascos para los agentes antidisturbios en los invertirá cerca de 1,5 millones de euros. No hace ni un año que el equipo de Fernández Díaz había desembolsado otros 604.000 euros también para dotar de medidas de protección a los agentes de las UIP tras las protestas de los agentes por la antigüedad y falta de calidad del material que utilizaban y que influyeron, en su opinión, en el alto número de policías heridos en los incidentes de hace ahora un año. También  ha licitado la adquisición de un partida de 7.000 botes de humo y de gases lacrimógenos por cerca de 200.000 euros.

Sólo en una veintena de manifestaciones de las miles que se celebran el año en España la Policía tiene que utilizar material antidisturbios

Finalmente, el camión fue encargado el pasado mes de mayo a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la empresa española Quatripole Ingeniería SL, especializada en la fabricación de material de Defensa, y a Beit Alpha Teconologies Ltd, una compañía israelí que en su página web presume, precisamente, de fabricar este tipo de ingenios antidisturbios para cuerpos policiales de una treintena de países. El pasado 12 de diciembre, entregaron formalmente el vehículo a la Dirección General de la Policía que, ese mismo día, dio de alta el seguro del mismo. Cinco días más tarde, el camión llegaba a la Jefatura de la UIP.

Entre las características del "camión transformado y carrozado” destaca su capacidad para almacenar 7.000 litros y lanzarla a través de un cañón a una presión de entre 10 y 16 bares, más que suficiente para derribar a la persona sobre la que impacte. El vehículo cuenta también con un segundo depósito de entre 30 y 60 litros para añadir "colorantes" con los que teñir el agua y así manchar la ropa de aquellos manifestantes más violentos y así ‘marcarlos’ para proceder a su arresto. En su construcción también se ha tenido en cuenta la petición de la Policía de que el tanque que contiene los miles de litros fuera tanto en su parte superior como en los laterales "liso y sin ningún tipo de asa" para hacer "imposible que nadie pueda escalar ni acceder al mismo en una revuelta". También cuenta con un sistema en su cabina para retirar sobre la marcha los objetos que se interpongan en la calzada y ruedas antipinchazo. Todo un alarde de cerca de 350.000 euros que, sin embargo, lleva cerca de cuatro meses 'aparcado'.