Publicado: 28/09/2013 04:00
El Gobierno acaba de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2014 haciendo gala de que la austeridad continúa siendo una de las principales características de dichas cuentas. Sin embargo, en el entramado de organismos públicos que aún aparecen en ellas todavía hay casos de entidades donde el uso del dinero de los contribuyentes resulta cuanto menos cuestionable. Ello ocurre, por ejemplo, con un último episodio protagonizado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, adscrita en el organigrama del Ejecutivo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro.
Esta entidad acaba de sacar a concurso la licitación de un contrato dirigido a la prestación de un "servicio de agencia de viajes". En el pliego de condiciones técnicas, consultado por este periódico, a diferencia de otras adjudicaciones de la Administración General del Estado (AGE) no se da cuenta, en detalle, del objeto de este desembolso. En concreto, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se limita a señalar que esta licitación "corresponde a la categoría 27, del anexo II, al que se refiere el art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)". Dicha categoría es precisamente en esta normativa la más ambigua de las que se relacionan y donde parece tener cabida cualquier tipo de gasto bajo el concepto “Otros servicios”. Además, se da la circunstancia de que no hay precedente de una contratación similar por parte de esta entidad pública en su histórico de licitaciones de los últimos años.
Se da la circunstancia, además, de que no hay precedente de una contratación similar por parte de esta entidad pública en su histórico de licitaciones de los últimos años
El presupuesto máximo fijado por la Real Casa de la Moneda para requerir los servicios de la agencia de viajes asciende a 700.000 euros, IVA excluido, y lo vincula a sus cuentas de 2014. A fin de que la empresa que resulte finalmente adjudicataria pueda ir ajustando su oferta, el pliego de condiciones técnicas desgrana dicha cantidad según el volumen de contratación previsto: 20.000 euros serán para la expedición de billetes de avión en vuelo nacional; 230.000 para vuelos europeos; 350.000 para vuelos transcontinentales; 60.000 para plazas hoteleras; 15.000 para alquiler de vehículos; 15.000 para la expedición de billetes de tren y 10.000 para otros menesteres que tampoco se concretan. El plazo de ejecución del contrato es un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, con la posibilidad de ser prorrogado por un periodo máximo de dos años.
Al frente de este organismo se encuentra Jaime Sánchez Revenga, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor honorífico de la Universidad de Alcalá de Henares. Perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, ha desempeñado los cargos de interventor general de la Seguridad Social y director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Hasta su nombramiento por el Consejo de Ministros, que se produjo el 27 de enero de 2012, desempeñaba el puesto de interventor delegado de Hacienda en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
"Repercusión social equivocada"
Sánchez Revenga sustituyó así a Juan Ángel Esteban Paúl que dejó la dirección de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda poco después de una sonada polémica en torno a la institución. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba en agosto de 2011 la apertura de un procedimiento abierto "para el suministro y distribución domiciliaria de los lotes de Navidad para empleados, en la Comunidad de Madrid y la provincia de Burgos". El presupuesto ascendía 638.750 euros. Cada uno de los 1.825 lotes, de entre 170 y 175 euros, debía incluir embutidos y quesos, bebidas y licores, productos navideños, aceite y vinagre. El importe estaba destinado a cubrir tanto el ejercicio de 2011 como 2012. Sin embargo, a raíz de las críticas recibidas, el Ministerio de Hacienda que entonces dirigía Elena Salgado (PSOE) dio marcha atrás y canceló este contrato.
La Real Casa de la Moneda retiró el concurso por entender que, dado el objeto del expediente, se ha proyectado "repercusión social equivocada y notoriamente contraria a la finalidad de la contratación, a la voluntad de los órganos de contratación de la entidad y a la de los propios destinatarios del suministro: los trabajadores de la entidad”.
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