España

La 'soñada' Hacienda catalana puede acabar en otro fracaso: la Generalitat duda de su rentabilidad

Los partidos independentistas quieren que este órgano autonómico recaude todos los impuestos en Cataluña, incluido los estatales como el IRPF o el IVA. No obstante, su puesta en marcha puede acabar en otra intentona más ya que la Generalitat duda de su rentabilidad.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en una sesión en el Parlament
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en una sesión en el Parlament EFE

Revuelo en Cataluña tras los primeros pasos dados por parte del Gobierno presidido por Carles Puigdemont para que la Agencia tributaria catalana ubicada en la carrera de Fontanella sea la realidad 'soñada' por los independentistas. Así, el jueves el parlament ha dado sus primeros pasos activando la ponencia redactora de la ley de administración tributaria catalana, la primera de las tres "leyes de desconexión" del Estado. En ella sólo participarán cuatro diputados, de Junts pel Sí y la CUP, y ninguno de la oposición. No obstante su puesta en marcha puede acabar en otra intentona más ya que el Gobierno catalán duda de su rentabilidad y está estudiando su viabilidad.

Los partidos Junts pel Sí y la CUP quieren que la Hacienda catalana se encargue de recaudar todos los impuestos del estado catalán

"Están viendo la viabilidad de la Agencia tributaria catalana, si les sale más caro asumir ellos los trabajadores y toda la gestión que ello conlleva. Por el momento ellos no tienen claro si les sale más rentable mantenerlo como está o hacer una ATC propia", explican a Vozpópuli fuentes sindicales. "Podría acabar en otro fracaso en función de cómo se va a sacar el dinero y cómo se va a gestionar. Si las oficinas liquidadoras les están pagando 25 millones por la gestión y ahora van a tener que gastar 50, no les saldrá tan rentable", apuntan estas mismas fuentes.

Los partidos Junts pel Sí y la CUP, siguiendo la senda secesionista, quieren que este órgano autonómico se encargue de recaudar todos los impuestos del estado catalán, no sólo los propios y cedidos por el Estado (sucesiones, patrimoniales o actos jurídicos) como hace en la actualidad. Es la Agencia Tributaria estatal quien gestiona los principales impuestos como el IRPF, el IVA y los especiales, entre otros. La Hacienda catalana es un órgano que se creó tras la aprobación del Estatut en 2006 para gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar los impuestos creados por la Generalitat y varios han sido los intentos fallidos durante estos años.

Incrementar la plantilla

Otro de los inconvenientes que cuenta la Generalitat para que la Hacienda catalana funcione a pleno rendimiento es conseguir aumentar el número de funcionarios que trabajan en este órgano autonómico. En la actualidad son 350 empleados públicos los que dependen de la ATC, un número insuficiente ya que el departamento de Economía aspira a ampliar la plantilla hasta las 900 personas durante esta legislatura, que cuenta con un período de duración de 18 meses. Ante esto, el Gobierno catalán ha aprobado esta semana un decreto ley, que pretende facilitar la movilidad de trabajadores y llegar a triplicar la plantilla de la Agencia Tributaria.

No obstante esta cifra de empleados públicos está lejos de las que va a llevar a cabo la Generalitat. Y es que en las próximas semanas prevé convocar 40 plazas para acceder al cuerpo técnico de gestores tributarios de la Hacienda catalana, algo que podría resultar literalmente insuficiente. Desde los sindicatos aseguran que la Generalitat por el momento "no tiene claro cómo va a realizar esta convocatoria pública. Si lo harán desde la propia agencia, de una empresa pública o crearán un ente u organismo especializado".

La ATC cuenta con 350 empleados públicos, un número insuficiente que Economía aspira a ampliar hasta las 900 personas durante esta legislatura

Ya en otoño del año pasado, el Tribunal Constitucionalanuló un artículo de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña que preveía la "integración voluntaria" de funcionarios de la hacienda estatal a cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalitat. Según este órgano constitucional, hay que respetar el "principio de igualdad" en todas las ofertas públicas de empleo.

En paralelo para conseguir que la Hacienda catalana sea una realidad, la Generalitat ha encargado el desarrollo de un software, denominado Espriu, para asumir la gestión de todos los impuestos, un proyecto que está desarrollando IBM y que puede acabar costando unos 100 millones de euros, según reconocía el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

Captar más contribuyentes

Pero hay otro problema más para la Hacienda catalana. Y es que para que este órgano cobre más fuerza en la comunidad autónoma, el Govern necesita captar más contribuyentes. Para ello los defensores de la ATC -encabezados por el vicepresidente catalán Oriol Junqueras - ya ha puesto el ojo en los 5.000 tributantes que pertenecen a una de sus Administraciones adheridas, la Diputación de Barcelona. Así, este organismo ha decidido pagar el IRPF de sus empleados a la Agencia Tributaria catalana, en vez de hacerlo directamente a la española.

"La ley en estos momentos no impide que la ATC recaude ese impuesto, siempre y cuando lo derive en tiempo y forma a la Agencia Tributaria estatal. Nos consta que hay algunas instituciones que lo hacen así, eso no es manifiestamente ilegal siempre y cuando el dinero recaudado lo deriven a la Agencia Tributaria estatal", remarcaba el presidente de CSIF, Miguel Borra.

Esta nueva maniobra ha provocado controversia e inquietud entre los funcionarios, hasta tal punto que el CSIF - sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas - se ha visto obligado a preparar un protocolo de actuación para guiar a los trabajadores afectados en torno a qué hacer cuando se produzca esta modificación. Así, insiste que ante "órdenes de dudosa legalidad", los funcionarios deben pedirla por escrito, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

Controversia entre los funcionarios tras decidir la Diputación de Barcelona pagar el IRPF de sus empleados a la Agencia tributaria catalana, en vez de la estatal

También recoge que si el funcionario considera que la "ilegalidad" persiste debe informar al responsable del área, a la Fiscalía y a los sindicatos. "El ordenamiento jurídico español solo permite a un funcionario no cumplir una orden si ésta no admite discusión jurídica en cuanto a su ilegalidad", recordaba Borra. En casos más extremos, cuando la ilegalidad no admita discusión jurídica CSIF recuerda "el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden" y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.

Y es que en caso de que la empresa o la persona presente sus impuestos a la agencia catalana y esta no los transfiera "en tiempo y forma" a la estatal, será a estas últimas a las que Hacienda expediente y multe. "Si una persona tiene que pagar 6000 euros al año de IRPF y la agencia española no lo recibe a quién multarán será al contribuyente", concluyen las fuentes sindicales consultadas.


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