Publicado: 07/05/2014 04:00
El caso de supuestos sobrecostes en las obras del AVE Madrid-Barcelona que está siendo investigado en el marco de la Operación Yogui no apunta a ser un hecho aislado. Este fraude, donde según la Fiscalía se inflaron precios desde la Administración y en connivencia con la contratista Corsán-Corviam para generar beneficios ilícitos, sería sólo la punta del iceberg.
Según fuentes del Consejo de Administración de la empresa pública Adif, perteneciente al Ministerio de Fomento, antes de que estallara el episodio que ahora centra las pesquisas de la Justicia ya había indicios de la existencia de posibles irregularidades en actuaciones relacionadas con la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida.
Según las fuentes de Adif consultadas por Vozpópuli, el mandato de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento a quien ahora se dirigen las miradas por la polémica adjudicación a Corsán-Corviam, careció de transparencia desde el principio. Estas fuentes revelan que cuando los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero llegaron al poder, hubo encargo de auditorías desde la dirección del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para descubrir presuntas anomalías en el AVE a Barcelona durante la anterior etapa, la que capitaneó Francisco Álvarez Cascos, expresidente del Gobierno y exsecretario general del PP.
Sin embargo, apuntan dichas fuentes a este diario, esos estudios internos dirigidos a la detección de sobrecostes nunca llegaron a ver la luz. Uno de ellos, a principios de la legislatura 2004-2008, alcanzó los 600.000 euros.
Las obras de construcción del AVE Madrid-Barcelona tuvieron un coste final de 8.966 millones de euros. Sin embargo, el proyecto fue adjudicado por 6.822 millones, de modo que si se comparan ambas cifra, el sobrecoste fue de 2.144 millones, según recoge el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó las obras de 2002 a 2009. En este periodo se enmarca el contrato que centra la atención del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
Previamente, en 2003, la estimación oficial de presupuesto para el total de la línea ascendió a 9.119 millones de euros, mientras que la documentación que manejaba el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), predecesor de Adif, entre 1997 y 1999 situaba la cifra necesaria en 6.611 millones.
El contrato de accesos a la estación de Lleida, con Cascos en el ministerio, pasó de 31,06 a 35,76 millones después de diversas modificaciones presupuestarias
Basta con echar la vista atrás para observar cómo el Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos elevó al alza varias actuaciones por deficiencias de gestión, según recoge el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en julio de 2002. En él se analizan las adjudicaciones efectuadas por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias en los años 1999 y 2000. Por ejemplo, el tribunal alude al contrato de accesos a la estación de Lleida que, después de diversas modificaciones y con Cascos ya en el ministerio, pasó de 31,06 a 35,76 millones de euros, lo que "supuso un incremento del 15,10%.
También hay referencia a los trabajos de la estación intermodal de Zaragoza, donde, señala el informe, se introdujeron "nuevos precios descompuestos" que "no tienen antecedente ni justificación".
Reacciones a golpe de escándalo
Al margen de esta fiscalización llevaba a cabo por el Tribunal de Cuentas, durante el mandato de Magdalena Álvarez se realizaron auditorías internas por cuenta propia de Adif, entonces presidida por Antonio González Marín (hoy alto cargo de la Junta de Andalucía con Susana Díaz), pero sus resultados habrían quedado guardados en un cajón.
Esta vía de actuación en busca de anomalías en la adjudicación de contratos es precisamente la que ahora ha puesto en marcha el Ministerio de Fomento de Ana Pastor (PP) y la empresa estatal ferroviaria. Pastor dio ayer instrucciones al subsecretario de su departamento, Mario Garcés, para que inicie una revisión de "todos los procedimientos administrativos" de la obra investigada, la que comprende el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de 67,9 millones de euros (el presunto fraude fue de seis millones).
Esta auditoría de Fomento se sumará a otra que ya ha comenzado Adif. La ministra no descartó que desde el Gobierno se auditen más actuaciones de la línea AVE Madrid-Barcelona si aparecen dudas sobre otras desviaciones presupuestarias. No obstante, estas reacciones llegan cuando la supuesta malversación de fondos estatales ya ha trascendido a la opinión pública. ¿Por qué no fue atajada antes?
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