Publicado: 27/02/2014 04:00
“La memoria no es simplemente un acto de recordación, sino que es necesaria en toda su integridad para restablecer la convivencia entre los ciudadanos”. Ésta es la receta que recomienda a la sociedad española el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, preso de Franco en el Valle de los Caídos e hijo de Claudio, presidente de la República en el exilio. El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de renovarle como vocal del patronato del Centro Documental de Memoria Histórica, el antiguo Archivo General de la Guardia Civil española que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero reconvirtió en 2007.
Como en el caso de Sánchez-Albornoz, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha firmado la orden, según publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado, para mantener a otros nueve vocales en dicho patronato, cuyo mandato había expirado tres años después del nombramiento que llevó a cabo la extitular del departamento Ángeles González-Sinde (PSOE). Estos diez miembros por designación comparten mesa con otros vocales natos (representantes del Ministerio de Cultura; el Gobierno de Castilla y León; el Ayuntamiento de de Salamanca y la Universidad) y el presidente, que es el propio Wert.
En esa decena de vocales que ahora renueva el Ejecutivo del PP aparecen varios colaboradores del diario El País y el Grupo Prisa como el propio Sánchez-Albornoz, que ofrecía la citada receta en sus páginas, los también historiadores Santos Juliá y Ángel Viñas y la periodista Soledad Gallego-Díaz, que llegó a ser directora adjunta del rotativo.
El ministro Wert premia con la continuidad en el patronato a estas firmas, con las que compartió papel como articulista de El País. Vozpópuli se puso en contacto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para obtener una explicación de esta decisión y conocer si se habían barajado incorporaciones de otros historiadores, pero no hubo respuesta.
El PP ha optado por no ir más allá de cortar el grifo de las subvenciones y ha heredado los anclajes de una normativa contra la que arremetió duramente en la oposición
Si para Ángel Viñas “una parte de la sociedad española no se aviene a acomodarse con un pasado desfigurado”, Sánchez-Alborno sostiene en la misma línea que “es cierto que no ha periclitado el franquismo; el régimen sigue hasta ahora. Hay una sociedad de facto, representante de la que ha alentado esa cara fea de un sector de la sociedad española”. Este último ha acusado al Gobierno de “improvisar” y deshumanizar”, subrayando a continuación que “hay en la sociedad una vuelta a ciertas raíces franquistas”, lo que ve “alarmante”. También culpa de la crisis actual a los populares por “darle rienda suelta al ladrillo”.
En otro trazo de su sesgo ideológico considera que el “Valle de los Caídos debería dejar de ser el relato franquista de la Guerra Civil y pasar a convertirse en el lugar que sirva para explicar la perversión de la dictadura de Franco y de su régimen aniquilador”.
En este sentido se ha pronunciado otra vocal ahora renovada, la catedrática Josefina Cuesta, quien ha pedido que el Valle de los Caídos se convierta en un "Museo de los Horrores de la Guerra Civil". Para Cuesta, la democracia “no ha terminado de reparar los daños de las víctimas”.
¿Derogación de facto o ponerse de perfil?
La ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado sin fondos públicos en los dos últimos años a las asociaciones de víctimas del franquismo (recibieron 25 millones con los socialistas) para sufragar homenajes, conferencias e investigaciones. Sin embargo, los populares, ya en la Moncloa, han optado por no ir más allá de cortar el grifo de las subvenciones y han heredado los anclajes de una normativa contra la que arremetieron duramente en la oposición.
Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido las localizaciones y exhumaciones de fosas y la reconversión del Archivo General de la Guardia Civil española (también conocido como Archivo de Salamanca) en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Ahora, también conserva a los vocales del zapaterismo en este ente público y asigna al mismo dos millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2014.
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