El SUP denuncia a Cosidó por prevaricación y malversación en la concesión de medallas 'al valor'

La polémica de las medallas 'al valor' que con motivo del patrón de la Policía concede el Ministerio del Interior aún no ha terminado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, ha anunciado que presentará una denuncia contra el director general, Ignacio Cosidó, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de dichas condecoración pensionadas. Según un estudio realizado por la organización, y que acompañará el texto de su querella, estos reconocimientos, que llevan aparejado una compensación mensual y vitalicia de unos 150 euros, van a ser entregadas en su mayoría a mandos, mientras que agentes que han puesto gravemente en riesgo su vida no recibirán ninguna medalla. El documento se acompaña de una imagen en el que se ve el profundo corte sufrido en el cuello por un policía que redujo a un hombre armado, pese a lo cual no está en la lista de agraciados de este año.

Dos agentes que sufrieron graves lesiones en actos heróicos no han recibido "ni siquiera la Cruz Blanca no pensionada", denuncia en su escrito el sindicato policial 

El informe destaca que de las 143 medallas rojas, las que dan derecho al incremento salarial vitalicio, 27 de ellas han sido concedidaa a comisarios y comisarios policiales, cuyo número total es de 474. Por contra, los 57.378 miembros de la Escala Básica, los agentes de menor grado, se tendrán que conforman con el mismo número. El documento elaborado por el SUP recalca además que el 9% del colectivo policial, formado por las escalas de mando, "acaparan el 72% de las cruces pensionadas mientras que el 90% de colectivo policial apenas obtienen el 27%". Los autores de estudio añaden que de éstos últimos, la mayoría de los que las recibirán tienen servicios burcoráticos, en oficinas, y que por tanto no cumplen los requisitos que marca la ley para recibir estas medallas 'al valor', entre las que se encuentra haber puesto en riesgo su vida en el ejercicio de sus funciones. 

En este punto, el sindicato policial pone el ejemplo de dos agentes que, pese a actuaciones de riesgo, no han sido condecorados. Uno es el agente que recibió la puñalada en el cuello y cuya actuación, destacan, quedó reflejada en el atestado que la Guardia Civil hizo sobre el grave suceso. El segundo es otro miembros de la Escala Básica que sufrió quemaduras y lesiones por inhalación de humo al salvar en un incendio la vida de un ancianos. Ninguno de los dos ha sido con "ni siquiera con la Cruz Blanca no pensionada", denuncia en su escrito.

Explicaciones parlamentarias

Los juzgados no serán, sin embargo, el único lugar donde el director general de la Policía deberá dar explicaciones sobre la concesión de las medallas 'al valor'. CiU registró la semana pasada una petición de comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para que Cosidó explicase la concesión de dos de estas condecoraciones a los mandos que el pasado mes de octubre, en plena precampaña electoral catalana, intentaron que la Fiscalía de Barcelona ordenase el registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el principal partido de la coalición nacionalista. La petición 'convergente' se producía a raíz de una información de Vozpópuli en la que se desvelaba que estos dos altos cargos policiales, José Luis Olivera Serrano y Marcelino Martín-Blas Aranda, jefes, respectivamente, de lCentro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y de la Unidad de Asuntos Internos, estaban en la lista de condecorados con estas medallas pensionadas.

También escándalo provocó la revelación por parte de este diario de la identidad de las 449 personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad del Estado iban a recibir una de estas cruces al mérito policial. Entre ellos, Entre ellos, nombres curiosos, como el del monseñorEsteban Escudero Torres, obispo de la diócesis de Palencia, provincia en la que fue elegido como diputado el propio Cosidó; la actriz María Isabel López García, varios periodistas y editores de medios de comunicación, numerosos empresarios y dos políticos del PP 'en retirada', Juan Carlos Aparicio y Antonio Basagoiti. Entre los empresarios, destacaban el consejero delegado del Grupo Gallina Blanca, Ignasi Ricou, y María Pilar Jerico Rodríguez, presidenta de Be-Up, una consultora especializada en recursos humanos que defiende "el buen rollo" en el trabajo y huir de la "reunitis". También figuran en el listado el viticultor riojano Dionisio Ruiz Ijalba; el propietario de la cadena 'Café y Te', Adolfo Ron García; el director de relaciones institucionales de Abertis, Sergio Loughney, y Barbara Navarro, que ocupa el mismo cargo en Google.