Publicado: 05/10/2012 04:00
Actualizado: 15/02/2023 14:09
Intento fallido en el último minuto. Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía acudieron a primera hora de la mañana de ayer a la sede de la Audiencia Nacional con un objetivo muy concreto: entregar al juez Santiago Pedraz un voluminoso informe de cerca de 300 páginas que debía convencer al magistrado de que el 25-S era un movimiento violento que realmente había intentado asaltar el Congreso, en la línea de lo que habían defendido públicamente durante días los máximos responsables del Ministerio del Interior. El documento policial estaba compuesto en una parte importante por informes médicos en los que se recogían las lesiones sufridas por los agentes antidisturbios durante los sucesos del pasado 25 de septiembre en la Plaza de Neptuno, según confirmaron a Vozpópuli fuentes jurídicas que tuvieron acceso al mismo. Pedraz incorporó el documento a la causa y, horas después, calificaba el gesto policial de "sorprendente" en el mismo auto en el que decretaba el archivo de las actuaciones contra los ocho imputados que ese día acudieron a declarar. Había fracasado la maniobra 'In extremis` del Gobierno para lograr que las investigaciones del 25-S no abandonasen la Audiencia Nacional.
El auto que da carpetazo a la causa en la Audiencia Nacional califica de "sorprendente" los términos en que está redactado el informe
El auto de Pedraz decida un crítico párrafo a este informe policial de 'última hora' y, aunque no hace referencia a los partes de lesiones de los policías, sí revela que en el mismo los investigadores intentaban mantener la acusación de un delito contra las instituciones del Estado, el único que justificaría que la causa siguiera siendo instruido en este tribunal, contra cinco de los 35 detenidos durante los sucesos del 25 de septiembre. Sobre los ocho imputados que poco después iban a declarar ante el magistrado acusados de promover las movilizaciones no incluía ninguna referencia. De hecho, poco después, y tras tomarles una breve declaración a éstos, el juez archivaba la causa contra ellos al considerar que en sus actividades no había ningún delito pese "a la gravedad aventurada por la Policía" en sus informes.
Los ocho folios del auto son, de hecho, una larga sucesión de críticas a la investigaciónde Interior, al que acusa de 'inflar' la relevancia de lo que iba a ocurrir en los alrededores del Congreso aquel día. Así, destaca que los primeros informes policiales, elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), aseguraban que la intención de los convocantes de las movilizaciones pretendían "ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado" y que a mediados de agosto ya habían conseguido confirmar la presencia en las mismas de 42.162 personas y otras 608.983 habían sido "invitadas" a participar. El alarmismo policial llevó entonces al juez, según relata éste en su auto, a ordenar identificar a los promotores a través de sus cuentas en Facebook y de las direcciones IPs (las 'matrículas' de las conexiones a internet), así como a los titulares de dos cuentas corrientes abiertas en Caixabank y Triodos Bank para financiar los desplazamientos a Madrid de manifestantes.
Treinta identificaciones para ocho imputaciones
La Policía consideraba que "las personas encargadas de la apertura de las referidas cuentas corrientes desempeñan un papel activo en la organización de los hechos presuntamente delictivos objeto de investigación y cabiendo ser consideradas las aportaciones económicas a las mismas como colaboración en dichos actos". Las pesquisas permitieron a la Brigada Provincial de Información identificar a una treintena de personas, de las cuales ocho fueron finalmente imputadas el pasado 20 de septiembre, cinco días antes de las movilizaciones. Es a partir de ese momento cuando, en opinión del juez, la investigación policial comienza a venirse abajo. En primer lugar, con la decisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de permitir la convocatoria al considerar que "la verdadera intención" de la misma no era ocupar realmente el Congreso, sino "permanecer de forma indefinida en el Paseo del Padro". "La gravedad aventurada por la Policía no era tal", destaca en su auto Pedraz.
El juez se queja que dos días después de la manifestación, la Brigada le remitió "un breve oficio" en el que le relataba "genéricamente" los incidentes y le informaba del arresto de 35 personas "sin especificar en concreto lo imputado a cada detenido". Un día después llegaba a su juzgado "copia, que no original" del atestado policial sobre dichas detenciones en el que, destaca Pedraz, no se atribuía a ninguno de los detenido el delito contra las instituciones del Estado competencia de la Audiencia Nacional, sino los de "resistencia, desobediencia, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos". Dos días después, Pedraz pedía el diario de sesiones sobre el pleno celebrado en el Congreso del 25 de septiembre para comprabar si realmente se impidió en aquella jornada el normal funcionamiento de la Cámara baja. "En el acta no consta alteración alguna", destaca en el sumario. 48 horas después, el magistrado dejaba sin efecto la solicitud de información a las entidades bancarias donde se había recaudado dinero para el 25-S.
La causa se desinflaba rápidamente y el último paso para ello era la toma de declaración de las ocho personas que permanecían imputadas. Ayer era el día. Cuando éstas llegaron a la sede del juzgado, en la madrileña calle Prim, la Policía ya habían acudido con el informe con los partes médicos de los antidisturbios heridos. De hecho, los abogados defensores lo pudieron hoejar rápidamente antes de la declaración de sus clientes. Sin embargo, en el interrogatorio a éstos, el magistrado de la Audiencia Nacional no hizo ninguna referencia al documento policial. Sólo planteó dos preguntas a los convocantes de la movilización y, tras negar éstos que tuvieran realmente intención de asaltar u ocupar el Congreso, Pedraz dictó el auto que daba carpetazo al caso y servía de rapapolvo contra la actuación policial en el caso. En el segundo tomo de las actuaciones, quedaba incorporado el informe con las decenas de partes de lesiones de la Policía.
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