Magdalena Álvarez gastó 75 millones en "obras de emergencia" para un tramo del AVE a Barcelona

La relación entre presuntos sobrecostes en las obras del AVE Madrid-Barcelona, como los que están siendo investigados en el marco de la Operación Yogui, y la persecución de intereses electorales centra el debate. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no estaba dispuesto a que la gestión del AVE a Barcelona le pasara factura en las generales de marzo de 2008. A falta de un año y medio para que el entonces jefe del Ejecutivo socialista optara a revalidar su mandato, una decisión de su ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, resultó determinante para no sufrir retrasos insuperables en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.

En concreto, la hoy vicepresidenta del Banco Central de Inversiones (BCI) apresuró los trabajos en el tramo más conflictivo de este itinerario, el que une Hospitalet y La Torrassa. En este enlace se pudo generar un sobrecoste del 230%. Según fiscalización del Tribunal de Cuentas consultada por Vozpópuli, la exministra firmó en noviembre de 2006 una orden en la que se oponía a suspender unos trabajos pese a la recomendación del servicio de Inspección de Fomento.

A raíz de aquello, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente de la cartera de Maleni, tuvo vía libre para autorizar hasta "cinco obras de emergencia" en dicho tramo (fueron nueve en el total de la línea), evitando así dilaciones en el tiempo, con un coste extra para las arcas públicas de algo más de 75 millones de euros. 

Un incidente en un túnel se produjo "pocos días después de que la ministra de Fomento autorizase la continuación provisional de las obras", recalca el órgano fiscalizador

El Tribunal de Cuentas relata que tras plantear la empresa contratista una primera modificación del proyecto, el Servicio General de Inspección del Ministerio de Fomento aconsejó que se suspendieran las obras ya iniciadas y afectadas por la nueva propuesta. Sin embargo, Adif consideró que la suspensión "ocasionaría graves perjuicios para el interés público" y dio su visto bueno a que continuarán los trabajos. La ministra de Fomento ratificó con su propia firma esta resolución del gestor ferroviario: el 3 de noviembre de 2006 dictó la "continuidad provisional de la obras", marcando así precedente para futuros escenarios.

Por ejemplo, una segunda modificación del contratista fue aceptada en 2009 en base al consentimiento que había dado la ministra en 2006. Aquella aprobación de "continuidad provisional" se consideró válida para todas las obras construidas. Tal modificación ascendió a 17,1 millones de euros, lo que supuso un incremento del precio de adjudicación del 16%.

Además de estas modificaciones, este tramo dio lugar a cinco "obras de emergencia" cuyo coste total ascendió a 88.930.000 euros; de este importe, al menos 13.847.000 euros eran de actuaciones que ya formaban parte del proyecto, por lo que esos trabajos "excepcionales" generaron al erario público un desembolso no previsto de 75.083.000 euros.

La primera obra de emergencia, con fecha de enero de 2007, fue la relativa al "recalce y estabilización del túnel del Ferrocarriles de Cataluña afectado por las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa". Esta declaración de emergencia vino motivada, según el órgano fiscalizador, porque el día 14 de noviembre de 2006 "se había producido un desplazamiento de las pantallas del túnel como consecuencia de unos trabajos de consolidación del terreno".

En este punto, el Tribunal de Cuentas advierte de que tal incidente se produjo "pocos días después de que la ministra de Fomento autorizase la continuación provisional de las obras, en contra de la recomendación que hizo el Servicio de Inspección del Ministerio de Fomento". 

Medidas de urgencia sin buen resultado

La segunda obra de emergencia y la tercera fueron acordadas por Adif en octubre de 2007. Una de ellas se debió a la existencia de unas juntas abiertas entre las pantallas del túnel del AVE, que provocaron la entrada de agua, y la otra sirvió para la consolidación del terreno colindante. Pero los daños se habían extendido en una longitud mayor que la prevista inicialmente y hubo que decretar una cuarta obra de emergencia el 28 enero de 2008.

El Tribunal de Cuentas atribuye aquí otra irregularidad a Fomento y lo hace directamente sobre la persona de Magdalena Álvarez, ya que indica que "si bien concurrieron los requisitos para tal declaración, no se dio cuenta al Consejo de Ministros hasta el 25 de abril de 2008". Desde el 28 de enero habían transcurrido casi tres meses, mientras que la ley establece un plazo máximo de sesenta días.

Según el órgano fiscalizador, la quinta obra de emergencia se aprobó en febrero de 2008 al no haber dado resultados la tercera de dicha actuaciones "excepcionales". El motivo esgrimido en esta ocasión por Adif volvió a ser "la necesaria y mayor rapidez de ejecución". Las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina.