Publicado: 08/11/2012 03:50
La inspección ocular tendrá esperar. Al menos, hasta la semana que viene. El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que dirige la investigación por la muerte de cuatro jóvenes el pasado 1 de noviembre en el Madrid-Arena, ha concedido a la Policía varios días más para que termine de visionar las cientos de horas de vídeo que grabaron las cámaras de seguridad interiores y exteriores del pabellón aquel día. Estas imágenes son la principal prueba para determinar qué ocurrió realmente en el recinto durante la macrofiesta y, sobre todo, si se sobrepasó el aforo máximo permitido de la instalación, como apuntan los agentes del Grupo V de Homicidios en el atestado preliminar que entregaron ayer al magistrado.
El magistrado da especial relevancia al testimonio de tres policías que acudieron a la fiesta como parte del público
El juez instuctor, que hace días ya dio instrucciones a la Policía para que precintara el Madrid-Arena, acudirá a realizar dicha reconstrucción acompañado por el fiscal, los responsables policiales de las pesquisas y tres policías que aquella noche estaban libres de servicio y acudieron al evento como parte del público. El magistrado considera dichos testigos, por su condición de funcionarios públicos, de especial relevancia. El retraso en la práctica de esta diligencia se produce después de que la propia Policía solicitara al juez más tiempo para poder visionar con detalle todas las imágenes y así determinar de qué magnitud era un exceso de aforo que ya todo el mundo da por supuesto. De hecho el atestado entregado ayer al juez apunta en este sentido, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una nota en el que asegura que "estaba sobradamente sobrepasado", aunque sin aportar ningún cifra concreta.
Fuentes de la Fiscalía reconocían ayer a este diario que si de las investigaciones se deduce la responsabilidad penal de una o varias personas, éstas serían acusadas de "homicidio imprudente". "Aunque para llegar a ese punto aún falta mucho. Este caso requiere mucha paciencia. Es lo que han pedido el propio magistrado y la Policía". Estas mismas fuentes insisten que las pesquisas han avanzado poco y que el primer atestado "es preliminar. Queda mucho por avanzar", insisten. Lo que sí ha quedado ya contrastado para la policía es que instantes antes de que se produjera la mortal avalancha que costó la vida a las cuatro jóvenes, "un número indeterminado, pero muy importante de personas, que se encontraba haciendo botellón [en los alrededores del pabellón], saltándose los tornos y sin ningún título de entrada, tomó al asalto el recinto coincidiendo con el inicio de la actuación del dj estrella de la velada".
El ayuntamiento y la empresa se lavan las manos
Mientras la investigación da sus primeros pasos, el Ayuntamiento de Madrid anunció ayer por sorpresa una doble querella en la causa. Por un lado, Madrid Espacios y Congresos, la empresa municipal de quien depende el Madrid Arena, va a emprender acciones legales contra la promotora de la fiesta, Diviertt S. L., al considerar que ésta le mintió "en los datos inicialmente facilitados sobre el número de entradas vendidas y el aforo real". Por su parte, el Ayuntamiento también presentará una denuncia, en esta ocasion contra Miguel Ángel Flores, el promotor del concierto, al que la Policía ya le tomó declaración pocas horas después de la tragedia. La alcaldesa, Ana Botella, ya anunció el mismo día de la tragedia que el Consistorio se personaría como acusación particular si el juez determinaba que la empresa organizadora tiene algún tipo de responsabilidad en la tragedia. Finalmente, ha decidido actuar sin esperar a ninguna decisión judicial.
La empresa organizadora no niega el exceso de aforo y se limita a anunciar que hará "comprobaciones" sobre la venta de entradas
Poco después de conocerse la decisión del Ayuntamiento, la propia Diviertt hizo público un comunicado en el que, además de salir en defensa de su propietario, del que destaca su "amplísima experiencia" en la organización de este tipo de fiestas masivas, se lavaba las manos de todo lo ocurrido. En la nota, la empresa organizadora también declinaba cualquier responsabilidad sobre lo acaecido en el interior del recinto al considerar que la seguridad tanto interior como exterior del mismo no era su función sino de la compañía Seguriber y del propio consistorio, al que, recalca, correspondía en su opinión "garantizar que el recinto reúna las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para celebrar el evento". La compañía incluso achacó parte de lo ocurrido al "botellón multitudinario en el que participaron jóvenes de todas las edades" aquella noche.
Sobre el "sobradamente sobrepasado" aforo, Diviertt se limitó a señalar que realizará "las debidas comprobaciones" para determinar si hubo irregularidades en la venta de entradas. En el comunicado también aseguraba que los 63 "controladores" de la empresa Kontrol 34 que contrató tenian como únicas funciones recibir a los asistentes al recinto, guíar su acceso, ojear el desarrollo de la fiesta y avisar a los responsables de seguridad en caso de problemas. Los organizadores incluso aseguraron que este personal no podía realizar cacheos ni registrar las mochilas de los jóvenes que acudieron.
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