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España

UPyD reta a Botella a investigar el sobrecoste de 2.500 millones en la M-30 de la etapa de Gallardón

La M-30, fotografiada de noche.

De 1.700 millones de euros a ¿10.000 millones? UPyD lleva al pleno de hoy del Ayuntamiento de Madrid una proposición para crear una comisión de investigación sobre varios despilfarros urbanísticos de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, el predecesor en el cargo de Ana Botella. La M-30, presupuestada en 2003 en la cantidad que da inicio a este párrafo, es la principal de todas las obras por las que pregunta la formación magenta, que reclama a Botella un “análisis pormenorizado, caso a caso, de los motivos por los cuales se han producido los costes y sobrecostes” en los siguientes proyectos: la Caja Mágica (presupuestada en 150 millones, costó finalmente 300), el inacabado Centro Acuático, el agujero que es hoy lo que estaba previsto como Centro Internacional de Convenciones y el costoso traslado de la Plaza de la Villa al Palacio de Cibeles.

La proposición la presenta el concejal Jaime Berenguer, y seguramente será rechazada por el rodillo del Partido Popular, pero UPyD persigue aunar a toda la oposición en torno a esta causa y arrancar un pleno monográfico que será de todo menos agradable para la alcaldesa. El dispendio en la gran autopista radial y su cronología política han sido desgranados por UPyD, que recuerda que en marzo de 2003, el entonces presidente de la comunidad y candidato a la alcaldía Ruiz-Gallardón diseñó “obras alrededor de la M-30 que se ejecutarían casi en su totalidad en cuatro años y costarían 1.700 millones de euros”.

La empresa mixta Calle 30, gestora de la autopista de 33 kilómetros, es un “agujero negro informativo”

Casi 11 años después, los cálculos del partido denunciante elevan el gasto de la circunvalación hasta 10.000 millones: 4.200 millones ya utilizados con un sobrecoste de 2.563 millones, y 5.500 millones comprometidos. Un desembolso que deja en “ridículo” el embrollo de Sacyr en el Canal de Panamá, según el portavoz magenta en el Consistorio, David Ortega. “Pedimos una comisión de investigación al respecto porque los madrileños tienen derecho a saber qué ha pasado con su dinero: hay que tener en cuenta que esos sobrecostes han dejado Madrid económicamente rota para años”, denuncia Ortega.

La opaca contabilidad del Ayuntamiento en este asunto no ha ayudado al partido a la hora de hacer números. “Madrid Calle 30 [la empresa mixta que gestiona esta infraestructura de 33 kilómetros] es un agujero negro en cuanto a la información económica”, informan en UPyD. “Por lo tanto, es muy difícil responder a esa pregunta de forma concluyente. Pero sí se pueden obtener cifras muy aproximadas”. De acuerdo con estos cálculos, como mínimo hay un 19% de sobrecoste, porcentaje que podría ser mucho mayor.     

UPyD demuestra que no hubo previsión seria de gasto en la M30: 3.000 ‘kilos’ en 2003, 5.000 en 2005…

La intención de la oposición, o parte de ella, es demostrar que con la M-30 nunca hubo una previsión seria de gasto por parte del equipo de Gallardón, con el concejal Juan Bravo a la cabeza (Hacienda). En septiembre de 2003 el actual ministro de Justicia ya era alcalde de Madrid, y la autopista pasó a tasarse en cerca de 3.000 millones de euros. En marzo de 2005 el importe subió a 4.000 millones de euros, coincidiendo con la creación de Madrid Calle 30, la sociedad gestora del proyecto. En junio de 2005 ya se hablaba de 5.000 millones…

Ha habido también otras obras integradas a la M-30 que no se han incluido como tal, como los famosos túneles. Solo en cinco de ellos el Ayuntamiento se dejó más de 300 millones, revela UPyD. “Y hay que tener en cuenta las llamadas obras complementarias, los modificados, la liquidación, las obras de saneamiento del Manzanares”, y un largo etcétera que esta formación ha tratado de recoger.  

Ortega es optimista. “Nos parece importante que prospere esta la petición de comisión de investigación o, en su caso, la alternativa de un pleno monográfico”, avanza. “Los ciudadanos tienen derecho a esta información y es una exigencia de transparencia y control sobre el gasto público”. 

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